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Poder Judicial niega amnistía a dirigentes sindicales y luchadores sociales pese a la Ley de Convivencia Democrática

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El dirigente sindical y ex preso político Emilio Negrín denunció este martes que el Poder Judicial venezolano rechazó la solicitud de amnistía presentada por varios líderes sindicales y activistas sociales, a pesar de la vigencia de la Ley de Amnistía para la Convivencia Democrática promulgada en febrero de este año.

MFM

A través de su cuenta en X (@emilionegrin), Negrín expresó tristeza y firmeza al informar la decisión: “Con tristeza les informo que el Poder Judicial el día de hoy NEGÓ la solicitud de amnistía a los dirigentes sindicales y luchadores sociales!!! Seguiremos trabajando y denunciando la arbitrariedad de estos delincuentes”.

La negativa se suma a una serie de rechazos judiciales similares reportados en las últimas semanas. Organizaciones como el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa (SNTP) han denunciado que tribunales han negado la amnistía a periodistas y productores audiovisuales, entre ellos Nakary Mena Ramos —acusada de instigación al odio y difusión de noticias falsas— y Gianni González, productor audiovisual y esposo de una comunicadora afectada por procesos penales.

Según el Foro Penal, a pesar de que el gobierno ha anunciado más de 6.000 libertades plenas y cientos de excarcelaciones bajo la ley, la organización independiente ha verificado cifras mucho menores (alrededor de 600-700 casos efectivos hasta mediados de marzo) y mantiene que persisten al menos 500-568 presos políticos.

Alfredo Romero, presidente del Foro Penal, ha calificado estas denegaciones como “complicidad” de jueces y fiscales, argumentando que no pueden justificarse por órdenes superiores cuando violan derechos humanos.

La decisión judicial ocurre en un contexto de presión internacional creciente. El informe reciente del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos, Volker Türk, confirmó que la crisis de derechos humanos en Venezuela es estructural, con persistencia de detenciones arbitrarias, denuncias de tortura y restricciones al espacio cívico, pese a algunas liberaciones condicionadas.

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