El exparlamentario, abogado penalista y defensor de derechos civiles, Rafael Narváez, fijó una postura contundente ante la designación del general González López al frente del Ministerio de la Defensa. Según Narváez, el historial del funcionario en instituciones como el SEBIN y el DGCIM está marcado por un patrón sistemático de represión, torturas y muertes.
NDP
Un perfil de «Mano de Hierro»
Narváez calificó al nuevo ministro como un funcionario «frío» que ha actuado históricamente sin clemencia. En su análisis, comparó la gestión entrante con figuras previas, señalando que González López supera en letalidad a gestiones anteriores.
«Estamos en presencia de un funcionario que siempre actuó en silencio, con mano de hierro y sin piedad contra los manifestantes», afirmó el jurista.
El balance de una gestión cuestionada
El defensor de derechos civiles recordó los hitos que, a su juicio, definen la trayectoria del General:
Operación Liberación del Pueblo (OLP): Creadas bajo su gestión en el Ministerio de Interior y Justicia, dejaron un saldo de 500 muertes y múltiples detenciones arbitrarias mediante allanamientos ilegales.
El Helicoide: Señalado por Narváez como la «cuna de las torturas» bajo el mando del General.
Protestas de 2017: Durante la ejecución del Plan Zamora, su rol fue protagónico en detenciones arbitrarias y desapariciones forzadas, en un contexto que cobró la vida de 163 personas.
Caso Fernando Albán: Se le responsabiliza moral y operativamente, como director del SEBIN en 2018, por la muerte del concejal en la sede de Plaza Venezuela.
Exigencia de Justicia
Para el abogado procesal penal, este nombramiento representa una burla para las víctimas y sus familiares. En consecuencia, hizo un llamado urgente al Fiscal General de la República para que:
– Reabra el expediente del General González López.
– Reactive la investigación penal para establecer responsabilidades por violaciones graves a los derechos humanos.
– Determine sanciones por crímenes de lesa humanidad que no deben quedar impunes.
Narváez concluyó advirtiendo que elevar a cargos de máximo poder a figuras con estos cuestionamientos solo profundiza la crisis de justicia en el país.
