El profesor de Derecho Constitucional Tulio Álvarez advirtió este martes que, según la Constitución venezolana, deberían celebrarse elecciones presidenciales este mismo año, pero la interpretación del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) podría impedirlo al calificar la ausencia de Nicolás Maduro como un “invento criollo” ajeno al orden jurídico.
Durante una rueda de prensa, Álvarez —quien es catedrático de la Universidad Central de Venezuela (UCV) y la Universidad Católica Andrés Bello (UCAB)— señaló que los hechos ocurridos el 3 de enero de 2026, cuando Maduro fue objeto de una operación que lo sacó del país, deben analizarse a la luz del artículo 233 de la Constitución, que regula las faltas absolutas y temporales del presidente.
“La Sala Constitucional actúa totalmente apartada del orden jurídico. Lo ocurrido el 3 de enero no es ni falta absoluta ni temporal, sino un invento particular muy a lo criollo”, afirmó el jurista. A su juicio, esta calificación responde a una “jugada política” para postergar los comicios y mantener el control del poder.
Álvarez explicó que, si se tratara de una falta temporal, los plazos serían estrictos: 90 días (hasta el 3 de abril) con posible prórroga hasta el 3 de julio. En ese lapso, la Asamblea Nacional podría declarar la falta absoluta y activar la convocatoria electoral. Sin embargo, la decisión del TSJ de encargar a la vicepresidenta Delcy Rodríguez las funciones presidenciales sin calificar la ausencia como absoluta o temporal abre la puerta a una prolongación indefinida de la interinidad.
“Deberían darse unas elecciones este mismo año, pero la jugada es que no se hagan”, insistió. El profesor alertó que “aquí hay un proceso irregular que se va a definir en los próximos tres meses” y describió la situación como “una tragedia nacional de impunidad absoluta”.
La declaración de Álvarez se produce en medio de un intenso debate jurídico y político tras la intervención estadounidense que resultó en la captura de Maduro y su traslado a Nueva York. La Sala Constitucional del TSJ, en una ponencia conjunta, ordenó que Rodríguez asumiera como encargada para “garantizar la continuidad administrativa y la defensa integral de la nación”, sin convocar inmediatamente a elecciones.
Varios constitucionalistas han coincidido en rechazar esta interpretación, argumentando que el TSJ está tergiversando la Carta Magna en lugar de interpretarla fielmente. Las reacciones en redes sociales reflejan la polarización: mientras algunos elogian la claridad de Álvarez, otros lo critican por su historial o sugieren que la solución pasa por vías políticas o internacionales.
La oposición y sectores de la sociedad civil han exigido el respeto al cronograma constitucional, mientras que el oficialismo defiende la medida como necesaria ante la “agresión extranjera”.
