El sistema que terminó asumiendo la representación del Estado venezolano en la gestión de activos y litigios internacionales fue una decisión política de la Asamblea Nacional elegida en 2015. Ese Parlamento, controlado por la oposición, desconoció las elecciones presidenciales de 2018 y designó a Juan Guaidó como presidente encargado.
Equipo de Investigación de El Nacional
Con el reconocimiento de Estados Unidos y de varios gobiernos europeos, la estructura comenzó a operar en el exterior como si fuera el Estado venezolano, con control sobre activos valorados en más de 18.000 millones de dólares y capacidad para actuar en tribunales, bancos y organismos regulatorios en nombre de la República.
Washington no aceptaba como interlocutor al jefe de gobierno que ejercía el control territorial del país, pero sí la legalidad de la estructura. Embajadores y comisionados, juntas ad hoc y hasta una Procuraduría Especial nombrados por el presidente interino y la Asamblea Nacional de 2015 actuaban en nombre de la República en asuntos jurídicos y financieros.
Ahí empezó a formarse una arquitectura institucional que operaría en el exterior con un objetivo doble: impedir que el gobierno de Nicolás Maduro dispusiera de activos internacionales y defenderlos frente a acreedores que intentaban ejecutar laudos contra Venezuela en tribunales extranjeros valorados en miles de millones de dólares.
El final del sistema
La legalidad de esa arquitectura no era jurídica: era política. Dependía del reconocimiento de Estados Unidos y de otros gobiernos al interinato de Juan Guaidó. Bajo ese criterio, los tribunales estadounidenses aceptaban a los representantes designados por la Asamblea Nacional de 2015 como autoridades del Estado venezolano.
Ese equilibrio se rompió en marzo de 2026, cuando el gobierno estadounidense notificó a las cortes federales que debía reconocerse a Delcy Rodríguez como la autoridad con capacidad para representar a Venezuela en su jurisdicción. Con ese cambio, la estructura que había seguido operando tras el fin del interinato en 2023 perdió el respaldo que sostenía su actuación en tribunales, bancos y organismos regulatorios.
Se acabó el experimento que durante seis años permitió a una representación política actuar como el Estado venezolano fuera del país. Ahora comienza la rendición de cuentas.
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