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Los apagones vuelven a dejar sin electricidad a más de la mitad de la isla de Cuba

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El régimen castrista de Cuba prevé que los apagones prolongados afecten este domingo simultáneamente hasta el 57% del territorio durante el horario de mayor demanda energética, correspondiente a la franja tarde-noche. La situación responde a un déficit estructural de generación eléctrica que persiste desde hace más de un año.

La Gaceta de la Iberosfera

La situación vuelve a repetirse una semana más. La capacidad disponible estimada para el horario pico se sitúa en 1.360 megavatios (MW) frente a una demanda máxima de 3.100 MW, lo que genera un déficit de 1.740 MW. La afectación prevista, es decir, la carga que será desconectada de forma controlada, alcanzará los 1.770 MW. Estas cifras reflejan una brecha persistente entre oferta y demanda que condiciona el suministro eléctrico en la isla.

El régimen castrista y por extensión el país, atraviesa desde mediados de 2024 una crisis energética sostenida, agravada por el deterioro de su infraestructura de generación. En el último año y medio se han registrado siete desconexiones totales del Sistema Electroenergético Nacional (SEN), incluidas dos ocurridas la semana pasada.

Los cortes de electricidad superan actualmente las 20 horas diarias en diversas regiones, mientras que en algunos puntos de La Habana se registran interrupciones de más de 15 horas. De las 16 unidades termoeléctricas del país, ocho permanecen fuera de servicio por averías o mantenimiento. Estas instalaciones aportan aproximadamente el 40 % de la generación total.

La llamada generación distribuida, responsable de otro 40% del mix energético, permanece inactiva por falta de combustible desde enero, según fuentes oficiales. La crisis se debe a una combinación de infrafinanciación crónica y restricciones externas.

Un informe reciente estima que el sistema eléctrico cubano requiere inversiones superiores a 6.600 millones de dólares para su rehabilitación. Los apagones han tenido un impacto significativo en la economía, que acumula una contracción superior al 15 % desde 2020. Asimismo, constituyen un factor de tensión social, vinculado a protestas registradas en distintos puntos del país en los últimos años.

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