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Más de 30.000 inmigrantes ilegales procedentes de zonas de alto riesgo yihadista entraron en España desde el año 2020

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Datos de FRONTEX, obtenidos en exclusiva por LA GACETA, revelan una evolución clara y preocupante en la composición de la inmigración ilegal que llega a nuestro país. Entre 2020 y 2025, las autoridades europeas detectaron más de 30.000 entradas ilegales de inmigrantes procedentes de zonas con alta presencia yihadistacomo Mali, Burkina Faso, Somalia, Sudán, Siria, Pakistán, Afganistán, Yemen, Irán y Egipto. Estas cifras corresponden exclusivamente a las rutas que afectan directamente a España; el Mediterráneo Occidental por mar y tierra (Andalucía, Levante, Baleares, Ceuta y Melilla) y la ruta atlántica occidental (Canarias).

La Gaceta de la Iberosfera

La tendencia se aprecia con precisión al analizar el peso relativo de estos perfiles sobre el total de llegadas ilegales. En 2020, estos perfiles representaban alrededor del 11% del total. Es decir, 1 de cada 9 inmigrantes ilegales que entraba en España procedía de zonas de alto riesgo yihadista. La proporción se mantuvo baja también en 2021, pero a partir de 2022 comenzó un repunte sostenido que se aceleró en los años siguientes.

En 2022 estos perfiles ya suponían aproximadamente el 18% del total. El crecimiento continuó de forma constante hasta 2024, año en el que alcanzaron el 30% de todas las detecciones: 1 de cada 3 inmigrantes ilegales que llegaba a España procedía de Mali, Somalia, Sudán, Siria, Pakistán, Afganistán u otros focos islamistas. En 2025, aunque el volumen global de entradas ilegales descendió, el porcentaje se situó en el 24,8%. Es decir, 1 de cada 4 inmigrantes ilegales seguía llegando desde estos entornos de alto riesgo.

Mali es, con gran diferencia, el país que más aporta dentro de este grupo. Sus cifras se multiplicaron especialmente entre 2022 y 2024. Le siguen incrementos notables en Somalia —donde Al Shabaab mantiene una fuerte actividad—, Sudán, Burkina Faso y volúmenes relevantes procedentes de Siria, Pakistán, Afganistán, Yemen, Irán y Egipto. Todas estas zonas comparten un rasgo común: la presencia activa de organizaciones terroristas como Al Qaeda en el Magreb Islámico, el Estado Islámico en el SAHEL o células afganas y paquistaníes, junto con altos niveles de radicalización entre la población joven.

Las rutas utilizadas son bien conocidas. Canarias ha sido uno de los principales puntos de presión a través de la ruta Atlántica. Las costas de Andalucía, Levante y Baleares han concentrado buena parte de las llegadas por mar en la ruta del Mediterraneo Occidental, mientras que Ceuta y Melilla han registrado flujos significativos por vía terrestre. Las mafias de tráfico de personas que controlan estas rutas no realizan ningún tipo de filtro; quien paga pasa, independientemente de su perfil o de posibles vínculos con entornos extremistas, que en ocasiones actúan como catalizadores de estos flujos migratorios hacia España.

Fuentes de la Comisaría General de Extranjería y Fronteras (CGEF) de la Policía Nacional consultadas por LA GACETA explican que «las rutas irregulares del SAHEL y el Magreb son utilizadas de forma creciente por individuos con perfiles que generan alertas de radicalización, aprovechando la permeabilidad de los flujos masivos para infiltrarse entre los inmigrantes económicos». Estas mismas fuentes añaden que «la coordinación entre la CGEF y la Comisaría General de Información ha permitido identificar y neutralizar varios casos en los que personas llegadas en patera o cayuco presentaban antecedentes o vínculos con entornos yihadistas».

Durante estos seis años, el Gobierno de Pedro Sánchez ha aplicado una política migratoria que, según los datos, ha coincidido con el fuerte aumento de las llegadas. Regularizaciones masivas, traslados masivos desde Canarias a la Península y una percepción general de fronteras permeables han generado un efecto llamada sin precedentes. Los informes de FRONTEX muestran una realidad más compleja, el riesgo de infiltración yihadista se acumula en territorio español con expulsiones mínimas y controles de seguridad que, en demasiados casos, resultan insuficientes o excesivamente lentos. La evolución de los últimos seis años es especialmente preocupante según los agentes consultados por este medio. Del bajo porcentaje de 2020 se pasó a un crecimiento sostenido que culminó en el 30% de 2024 y se mantiene en el 24,8% en 2025. Este no es un fenómeno coyuntural, sino una tendencia estructural que coincide con el efecto llamada sin precedentes detonado por el actual Gobierno.

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