La designación de Arianny Seijo Noguera como procuradora general de la República enfrentó su primer cuestionamiento ético y legal. Una investigación presentada por el activista digital Giuseppe Gangi expuso la conexión directa entre la funcionaria y Crixto Limited, una compañía registrada en Londres que operó bajo el amparo de autorizaciones oficiales en Venezuela.
La evidencia sugirió un conflicto de intereses entre su responsabilidad de defender el patrimonio del Estado y sus negocios particulares en el mercado de criptoactivos.
Gangi localizó documentos públicos del Reino Unido que acreditaron a Seijo como directora y accionista mayoritaria de Crixto Limited desde el 16 de agosto de 2019.
Según el registro oficial, la abogada posee 75% o más de las acciones de la entidad.
La investigación contrastó estos datos con la plataforma Crixto, habilitada en 2024 por la Superintendencia Nacional de Criptoactivos (Sunacrip) para el intercambio de activos en territorio venezolano.
El análisis técnico del dominio cryxto.com confirmó que su creación coincidió con el registro de la empresa en Inglaterra.
Además, los términos de uso del sitio web refirieron explícitamente a la sociedad británica con el número de registro 12160666 y domicilio en Covent Garden, Londres, datos que correspondieron a la firma de Seijo.
Ante la posibilidad de una eliminación de registros, el activista resguardó las pruebas en archivos digitales independientes para garantizar su verificación.
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