El 1 de abril de 2026, el Departamento del Tesoro de los Estados Unidos actualizó su portal web y eliminó el nombre de Delcy Rodríguez de la Lista de Nacionales Especialmente Designados. Sin comunicado oficial, sin rueda de prensa, sin ceremonia. La SDN —como se conoce por sus siglas en inglés— es la llamada «lista negra» que agrupa a individuos y entidades cuyos activos están bloqueados y con quienes los ciudadanos estadounidenses tienen prohibido realizar cualquier tipo de transacción comercial o financiera. Una línea borrada en una base de datos gubernamental que, sin embargo, reconfigura el mapa de poder en Venezuela y envía una señal precisa al resto del continente.
Para medir el peso de esa señal, hay que conocer a la persona que la recibe. Delcy Rodríguez es abogada, ex canciller y ex vicepresidenta ejecutiva de Nicolás Maduro. Hermana de Jorge Rodríguez, presidente de la Asamblea Nacional, ha sido durante la última década uno de los operadores políticos centrales del aparato chavista. El 5 de enero de 2026, dos días después de que fuerzas especiales estadounidenses capturaran a Maduro en Caracas y lo trasladaran a Nueva York, Rodríguez prestó juramento como presidenta encargada de Venezuela. Desde ese momento, Washington comenzó a construir con ella una relación que hoy tiene nombre formal: reconocimiento.
Lo que ocurrió este miércoles no es un gesto aislado. Es el eslabón más reciente de una cadena de decisiones que, leídas en conjunto, revelan la lógica de la estrategia norteamericana hacia Venezuela: insertar al país dentro de su nuevo esquema de seguridad hemisférica a través de una figura que, bajo presión, ha mostrado disposición a cooperar. El levantamiento de sanciones es la recompensa más personal y más concreta que Washington le ha entregado hasta ahora.
El mismo Trump que sancionó, desanciona
Rodríguez y su hermano Jorge fueron objeto de sanciones durante el primer mandato de Trump por su presunto papel en socavar la democracia venezolana. Ambos fueron añadidos a la lista del Tesoro en septiembre de 2018, meses después de que Maduro ganara una reelección ampliamente considerada como fraudulenta porque los partidos y políticos de oposición fueron excluidos de participar. El comunicado del Tesoro de aquel momento los describió como figuras que ayudaban a Maduro a «mantener el poder y consolidar su gobierno autoritario.»
Ocho años después, la misma administración republicana que la incluyó en esa lista la elimina de ella. La paradoja no es una inconsistencia: es la demostración de que las sanciones de la OFAC son, antes que instrumentos de justicia, herramientas de política exterior. Se activan y se desactivan según los intereses estratégicos del momento.
Por qué ella y no los demás
El detalle más revelador de la decisión no es a quién se le levantaron las sanciones, sino a quiénes no. Las medidas también recayeron en su momento sobre la esposa de Maduro, Cilia Flores —capturada junto a él en el operativo del 3 de enero—, y sobre los entonces ministros de Defensa y de Comunicación, Vladimir Padrino López y Jorge Jesús Rodríguez Gómez, respectivamente. Hoy, Cilia Flores está detenida en Nueva York enfrentando cargos penales. Padrino López permanece en las listas. Diosdado Cabello permanece en las listas. Y Jorge Rodríguez —el hermano de Delcy, cuyo nombre fue sancionado en la misma resolución de 2018 que el de ella— también permanece en las listas.
La diferencia entre los dos hermanos no es únicamente de cargo. Es de utilidad estratégica para Washington. Mantener a Jorge Rodríguez sancionado mientras se desanciona a Delcy crea un mecanismo de presión interna sobre el propio gobierno encargado: le indica que el alivio no es colectivo ni automático, sino individual y directamente vinculado al comportamiento de quien lo recibe. Es una forma de condicionamiento que opera, además, desde el entorno más cercano a la presidenta encargada.
Desde que asumió el mando, Rodríguez ha liderado la cooperación venezolana con la administración Trump, abriendo la nación a la inversión privada, a la arbitración internacional y al escrutinio externo. Recibió al secretario de Energía Chris Wright. Permitió la reapertura de la embajada estadounidense en Caracas. Impulsó una ley de amnistía que ha permitido la liberación de cientos de presos políticos. Y el levantamiento de estas sanciones abre ahora la puerta a que Rodríguez pueda desplazarse a Estados Unidos, previsiblemente para un encuentro directo con Trump.
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