Diversas organizaciones de la sociedad civil, expertos en derechos humanos y actores políticos manifestaron su rechazo a las recientes designaciones de Larry Devoe como fiscal geeral y de Eglée González Lobato como defensora del pueblo, al considerar que estos nombramientos profundizan la falta de independencia institucional en Venezuela.
La organización Un Mundo Sin Mordaza denunció que estos nombramientos representan “la consolidación de la captura política del Poder Ciudadano y la demolición de la independencia institucional en Venezuela”. Según la ONG “bajo el pretexto de una supuesta ‘normalidad institucional’, el régimen ha designado figuras que no garantizan la autonomía frente al poder”, advirtiendo que Devoe simboliza “la continuidad de la impunidad y el control político del Ministerio Público”, mientras que el perfil de González Lobato “no satisface el requisito constitucional de competencia manifiesta en DDHH”.
En ese sentido, alertaron que la Defensoría del Pueblo podría convertirse “en un espacio para la administración del conflicto y no para la protección de las víctimas”, y subrayaron que el proceso de designación “ignora las advertencias de la ONU y la sociedad civil, violando los principios de transparencia y mérito exigidos por la Constitución”.
Por su parte, el abogado y defensor de derechos humanos Alí Daniels cuestionó la idoneidad del nuevo fiscal al afirmar: “Quisiera ver el baremo según el cual Larry Devoe tiene más credenciales que la profesora Magaly Vásquez”, agregando que no podrá verlo “simplemente porque no las tiene”.
La organización Justicia, Encuentro y Perdón (JEP) sostuvo que estas designaciones “terminan de desdibujar la frontera entre el poder político y la justicia en Venezuela”, al considerar que “no se buscó perfiles independientes, sino figuras que han validado la gestión oficial en los momentos más críticos”. Asimismo, advirtió que será difícil generar confianza en las víctimas, señalando que el nuevo fiscal “ha pasado años frente a la ONU y la CIDH tratando de matizar denuncias graves o negando la existencia de presos políticos”.
JEP también cuestionó la falta de transparencia del proceso, indicando que “la verdadera legitimidad de estos cargos no debería depender solo de una firma en la Asamblea Nacional, sino de un proceso de selección que la gente pueda auditar”, lo cual —según afirmó— no ocurrió, ya que “las evaluaciones ocurrieron a puerta cerrada, convirtiendo la participación ciudadana en un saludo a la bandera”.
La organización alertó además sobre el impacto institucional de estas decisiones, asegurando que “para cualquier venezolano, esta situación genera una sensación de orfandad jurídica”, y advirtió que sin independencia “la justicia deja de ser un derecho para convertirse en una herramienta de gestión política”.
En la misma línea, el abogado Joel García planteó que la legitimidad de la nueva defensora del pueblo dependerá de su actuación inmediata frente a posibles abusos, señalando que “la prueba de fuego (…) es exigir la investigación y sanción de los represores de los manifestantes”, recordando que, conforme a la Constitución, su deber es “defender los DDHH ante abusos del poder” y advirtiendo que “si calla ante la represión, su gestión nace muerta”.
Entretanto, el partido político opositor Primero Justicia también rechazó las designaciones, destacando que ocurrieron “en un día marcado por la represión de una marcha de trabajadores en Caracas”. La organización afirmó que “Venezuela merece una Fiscalía y una Defensoría del lado del pueblo y de los derechos humanos, no al servicio de la camarilla de Delcy Rodríguez”, y reiteró que “los venezolanos no queremos más impunidad, queremos justicia”.
Las distintas voces coinciden en que estos nombramientos profundizan la desconfianza en el sistema de justicia venezolano y refuerzan las preocupaciones sobre la falta de independencia de los poderes públicos, en un contexto marcado por denuncias nacionales e internacionales sobre violaciones a los derechos humanos.
