«Hay que demostrar al mundo que la transición en Venezuela es mentira», ha repetido durante semanas José Patines, principal líder de las protestas sindicales contra el régimen de Delcy Rodríguez, a quien acusa de disfrazarse para liderar el reciclaje de la revolución bolivariana bajo protectorado de EEUU. Los hechos del jueves le dieron toda la razón a quien fue despedido de la Cancillería chavista por ser demasiado exigente.
Mientras la Policía Nacional Bolivariana (PNB) reprimía con violencia a jubilados en las calles de Caracas pero evitaba el derramamiento de sangre que define al chavismo, los hermanos Rodríguez avanzaban en su arquitectura de poder, marcada por una falsa moderación. En sus propias carnes lo constataron las decenas de manifestantes golpeados, los 10 periodistas agredidos o los cinco detenidos.
Para seguir la hoja de ruta marcada para atornillarse en el poder, la Asamblea Nacional (AN) confirmó el jueves que Larry Devoe, el jurista favorito de Delcy y de Jorge (presidente de la AN), será el fiscal general de la República. El mismo papel que Nicolás Maduro otorgó al ex fiscal Tarek William Saab, quien durante nueve años protegió los intereses presidenciales, inventó acusaciones imposibles contra opositores y activistas y obedeció cada una de las órdenes que le llegaban de los distintos poderes revolucionarios.
Lo mismo se espera de Devoe, quien sin rubor defendió lo indefendible durante años en organismos internacionales, con unos malabarismos que ni el Ronaldinho de los mejores tiempos. Devoe viajó por el mundo para defender la «verdad de Venezuela»: no le hizo falta cambiar su cara de póker para negar la existencia de presos políticos y la práctica común de crímenes de lesa humanidad, desde ejecuciones extrajudiciales y torturas hasta violaciones sexuales, desapariciones forzadas y detenciones ilegales.
Para mitigar el efecto de una imposición tan evidente, los hermanos Rodríguez pactaron con grupúsculos opositores cercanos al Palacio de Miraflores la designación de Eglée González Lobato como Defensora del Pueblo. Esta antigua consultora jurídica del Consejo Nacional Electoral (CNE) forma parte del ecosistema de supuesta oposición que participa de los entresijos políticos de la dictadura y mantiene una férrea oposición al liderazgo democrático de María Corina Machado.
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