La política, como es sabido, es en extremo difícil. En Venezuela, pareciera aún más. Su complejidad, muchas veces nos abruma, y otras, nos llena de un optimismo sin par.
Una inmensa mayoría pensamos que luego del 3 de enero, habría un cambio muy significativo en todos los órdenes, sobre todo en lo que al actual régimen se refiere. Quizás fuimos excesivamente optimistas y hasta un tanto cándidos o inocentes. La realidad nos hizo aterrizar para convencernos que esta tiene sus escollos y que está totalmente divorciada de la imaginación. La política no tiene analgésicos y pocas veces echa mano a pañitos calientes.
En muchas ocasiones las rendijas las celebramos como grandes aperturas y algunos que otros retoques, los concebimos como una auténtica transformación. Es cierto que un demócrata a carta cabal tiene -por naturaleza- que ser optimista y un cultivador contumaz de esperanza. Sin embargo, en diversos momentos, nos “pasamos de maracas”, de candidez y de platónicos propósitos.
Después del 3 de enero muchos pensaron en una democracia inmediata; en el regreso ipso facto de María Corina Machado para que arreglara este maltrecho país; en la libertad absoluta de los presos políticos y, en definitiva, en unas elecciones en la que nadie osara competir con ella para no ser calificado de traidor, alacrán y cuantas miserables etiquetas pudiéramos urdir. En otras palabras, soñamos con una nueva Venezuela de la noche a la mañana.
Volviendo al contexto cotidiano, la verdad es que estamos – por los momentos- en presencia de un mismo régimen, como algunos analistas acertadamente han apuntado, con diminutas alteraciones, quizás pequeñas modificaciones, solapadas variaciones, pero sin la más menuda disposición para reinsertarnos en el mundo democrático y para abreviar los tiempos que los venezolanos exigimos.
En este sentido, qué importancia tiene- en nuestro criterio- un debate jurídico y constitucional acerca de la aplicación de los artículos 233 y 234, si no hemos logrado la libertad de todos los presos políticos. Acaso, ¿es posible concebir unas elecciones con más de quinientos encerrados y torturados en inhumanas cárceles?
¿De verdad se cree que primero elegimos y luego los excarcelamos? Muchas veces pecamos de ingenuos. Incluso, cuando llegamos a acariciar la idea sobre la posibilidad de lograr el nombramiento de la Dra. Magaly Vásquez como fiscal general de la República sin reparar que desde 1993, año de la defenestración de CAP, esta institución se ha convertido en un despiadado brazo ejecutor de primer orden para los gobiernos de turno. Imagínese, por hacer un ejercicio, una fiscalía, hoy día, en manos de unos verdaderos demócratas. Igual que la Defensoría del Pueblo.
Hay que insistir en los cambios, pero con objetivos claros y factibles. Las elecciones se realizarán con o sin el empleo de la norma constitucional. Si tienen 27 años brincándosela a la torera, nada indica que ahora serán los principales oficiantes de su aplicación. Seamos claros. Solo una fortísima presión internacional, además de la nuestra, hará factible el regreso de la legitimidad y la democracia.
Punto y aparte, primero, la libertad los presos políticos. Una meta que no permite mayores dilaciones y segundos planos.
