Por Bram Ebus en La Silla Vacía
En una escena en la Asamblea Nacional de Venezuela, su presidente Jorge Rodríguez aplaude desde lo alto de la tarima, mientras abajo dos trabajadores mineros con cascos de seguridad y una mujer indígena con traje tradicional sostienen una carpeta roja con la recién aprobada Ley Orgánica de Minas.
Ahora, con Nicolás Maduro extraído del país por fuerzas especiales estadounidenses el 3 de enero, la nueva legislación minera estaba entre lo esperado. Venezuela ya había negociado una nueva Ley Orgánica de Hidrocarburos con el cuchillo en el cuello puesto por Washington. La apertura del opaco mercado de minerales venezolano da, además, una oportunidad dorada para los oscuros comercializadores de oro ilegal de Colombia y toda la región: blanquear su oro sucio en una cadena de suministro aparentemente legal.
En la realidad, en las minas, la “ley” no la dicta el Estado, sino el crimen organizado venezolano, brasileño y las guerrillas colombianas, actores de un sector plagado de corrupción e ilegalidad. El ELN y la Segunda Marquetalia, aliadas de Caracas y cómplices de fuerzas estatales y políticas venezolanas en el control de la minería ilegal, fueron designadas como “organizaciones terroristas extranjeras” por el Departamento de Estado de Estados Unidos.
Además, la Oficina de Control de Activos Extranjeros (Ofac, por sus siglas en inglés), el brazo sancionador del Departamento del Tesoro estadounidense, sancionó en marzo de 2019 a Minerven (la minera estatal venezolana) y a su presidente con sobradas razones por financiar al régimen de Maduro y devastar territorios indígenas con minería ilegal.
Venezuela posee las mayores reservas de petróleo del mundo, pero el interés de Washington se extiende cada vez más hacia su abundante riqueza mineral, especialmente bajo las tierras al sur del río Orinoco. Allí, los yacimientos de oro han atraído a una multitud de grupos armados, tanto extranjeros como locales, que se enfrentan violentamente por el acceso mientras confabulan con fuerzas de seguridad estatales corruptas.
Días después de que las fuerzas especiales estadounidenses detuvieron a Maduro y lo trasladaron al Centro de Detención Metropolitano de Nueva York, el secretario de Comercio Howard Lutnick declaró a periodistas a bordo del Air Force One: “Tienen acero, tienen minerales, todos los minerales críticos. Tienen una gran historia minera que se ha oxidado”. En marzo, el secretario del Interior Doug Burgum convocó a ejecutivos mineros y comerciantes de metales para señalar que Washington tenía la intención de ayudarles a acceder a la riqueza mineral de Venezuela.
Ya sabemos que no es solo el petróleo o el oro lo que provoca el apetito de los comerciantes de minerales y los mineros norteamericanos. El estaño, el tungsteno, el coltán y las tierras raras son indispensables para los sistemas de defensa avanzados, la inteligencia artificial y la tecnología verde. Esos minerales ya se extraen de la Amazonía venezolana en cantidades importantes, según revela una investigación de Amazon Underworld —una alianza transfronteriza de periodismo de investigación— bajo el control de grupos armados que destruyen la selva y los territorios indígenas.
Estos minerales fluyen a través de puertos venezolanos y corredores de tráfico colombianos hacia los centros industriales chinos, donde se realiza el 91% del procesamiento mundial de tierras raras. El dominio de China ha inquietado durante mucho tiempo a Washington, y la administración Trump anunció inversiones gubernamentales significativas para ampliar la capacidad de refinación estadounidense. Esta preocupación estratégica se extiende a cualquier lugar donde existan depósitos críticos, como Groenlandia, Ucrania y ahora Venezuela. En febrero, Estados Unidos lanzó además su reserva de minerales críticos, denominada “Proyecto Vault”, para buscar alianzas comerciales con países de la región, comprometiendo miles de millones de dólares para almacenar materiales estratégicos clave y reducir la dependencia de China.
¿Qué cambia realmente con la nueva Ley de Minas? La norma deroga varias restricciones anteriores: autoriza la venta de oro directamente a los mercados internacionales, en vez de hacerlo únicamente a través del Banco Central; elimina la obligación de que las empresas privadas se asocien con entidades estatales, y las licencias mineras pueden tener una vigencia de hasta 30 años; permite resolver disputas contractuales mediante mediación y arbitraje, en lugar de recurrir exclusivamente a los tribunales venezolanos; y, además, se crearán cuatro nuevos organismos de supervisión, entre ellos una unidad especializada de la Guardia Nacional para las zonas mineras. Venezuela conserva, no obstante, cierto control. Puede declarar determinados minerales como “estratégicos”, el Banco Central mantiene un derecho preferente de compra sobre el oro producido en el país, y las empresas estatales siguen pudiendo explotar minerales.
El escepticismo se expresa en varios niveles. En materia de arbitraje, expertos señalan que el lenguaje es vago y no queda claro si las disputas podrán resolverse en foros internacionales, que es precisamente lo que buscan los inversores extranjeros. Una coalición de 15 ONG advirtió que la ley podría exacerbar la deforestación en curso e ignorar los parámetros de protección y consulta previa para los pueblos indígenas del territorio. La creación de una unidad especializada de la Guardia Nacional para vigilar las zonas mineras, por su parte, pasa por alto un hecho incómodo, la propia Guardia Nacional forma parte del problema, dado que oficiales militares corruptos llevan años involucrados en operaciones mineras ilegales.
Lo más preocupante es la completa omisión, en la ley y en el debate que la rodea, de los grupos armados que perpetran abusos sistemáticos contra los derechos humanos. Mineros y representantes de comunidades indígenas que entrevisté en la región describen ejecuciones sumarias, trabajo forzado, reclutamiento de menores y violencia sexual contra mujeres indígenas. “Es como el Salvaje Oeste con esteroides”, me dijo un funcionario estadounidense familiarizado con la situación sobre el terreno. Testigos presenciales describen prisiones de alambre de púas improvisadas en la selva para mineros acusados de robo o insubordinación. Caracas no es la autoridad de facto en estas regiones, y ningún artículo de ley cambia eso por sí solo.
Las fuerzas estatales venezolanas operan con frecuencia junto a guerrilleros colombianos y comparten las ganancias de minerales que los mineros locales venden por una fracción de su precio de mercado, sin conocer su verdadero valor. Las comunidades locales, los organismos de seguridad y las aduanas a menudo no logran identificar estos minerales, que se registran bajo códigos aduaneros falsos como materiales de construcción. En China, los refinadores saben exactamente qué llega y cuánto vale. Pronto, los compradores estadounidenses también lo sabrán.
Involucrarse en la minería venezolana implica enfrentarse a actores armados dispuestos a utilizar a las poblaciones locales como escudos humanos o a extorsionar a empresas extranjeras. Si compañías estadounidenses entran en esta cadena de suministro, el financiamiento de organizaciones terroristas se convierte en un riesgo plausible. En lugar de enfrentar estos peligros directamente, los comerciantes podrían optar por adquirir minerales de empresas estatales venezolanas a pesar de su origen ilícito, una práctica que ofrecería una apariencia de negación mientras perpetúa las mismas cadenas de suministro.
La maquinaria ya está en marcha. Minerven, la minera estatal venezolana sancionada en 2019 por el Departamento del Tesoro por servir de caja chica a Maduro, vende hoy oro a la firma suiza Trafigura con destino a refinerías estadounidenses. Y empresas como Gold Reserve, cuyas concesiones fueron expropiadas bajo el mandato de Chávez, ya negocian su regreso al país. Por ahora no existe ninguna garantía de que ese oro no provenga de minas bajo control criminal, como ha ocurrido con las operaciones de Minerven.
Mientras las potencias mundiales se apresuran a asegurar cadenas de suministro de minerales, la Amazonía se consolida como una zona de sacrificio. Muchos yacimientos de minerales críticos se superponen con áreas de alta biodiversidad y territorios de pueblos en aislamiento voluntario, donde la minería debe prohibirse por completo.
Independientemente de quién gobierne en Caracas, Washington puede apoyar la transparencia, la protección laboral y los estándares ambientales, o repetir la larga historia hemisférica de extracción que deja tras de sí violencia y colapso ambiental.
Los minerales de Venezuela serán extraídos de todas formas. La pregunta es si esa extracción financia la violencia y el colapso ecológico, o transforma regiones devastadas por la guerra de recursos mediante una mejor seguridad rural, estabilización económica y medios de vida sostenibles para las comunidades vulnerables.
Por el momento, lo segundo parece poco probable, y esto también importa para Colombia. Mientras los focos de minería ilegal de oro se han disparado, con 94.000 hectáreas y 1.120 ríos afectados, el mismo patrón podría reproducirse con los minerales críticos y las tierras raras en el Vichada y el Guainía, departamentos fronterizos con Venezuela.
En Colombia, la minería ilegal es actualmente el mayor financiador del crimen organizado y el conflicto en el país, por encima incluso de la cocaína. Y el problema no se detiene en la frontera. Los minerales extraídos ilegalmente en territorio colombiano por grupos armados pueden cruzar con facilidad hacia Venezuela, que corre el riesgo de convertirse en un hub regional para el oro ilegal y los minerales críticos, antes de ser blanqueados en la cadena de suministro formal a través de empresas mineras estatales venezolanas o comerciantes intermediarios. Los esfuerzos por combatir la cadena ilícita de minerales en Colombia se volverán mucho más complejos mientras el vecino con quien comparte 2.219 kilómetros de frontera permanezca open for business.
Nota: este artículo de opinión se basa en el informe “El precio del progreso: el lado oscuro de los minerales críticos en la Amazonía”, que examina los intereses ocultos detrás de la extracción de estos recursos en la mayor selva tropical del mundo. Fue publicado por Amazon Underworld, una alianza investigativa transfronteriza que cubre las tendencias del crimen en la Amazonía.
