Transparencia Venezuela exigió la derogación del restrictivo marco legal vigente en el país, aprobado entre 2014 y 2024, por considerar que ha permitido la consolidación de mecanismos que restringen libertades, reducen el espacio cívico y favorecen la opacidad en la gestión pública.
Alertó además que las normas que entraron en vigencia bajo el mandato de Nicolás Maduro incrementan los riesgos de corrupción y debilitan el Estado de derecho.
La organización sostuvo en un informe que ese marco ha permitido la consolidación de mecanismos represivos y que en su conjunto reducen el espacio cívico, limitan el trabajo humanitario y restringen libertades fundamentales.
También señaló que afectan de forma diferenciada a colectivos vulnerables, concentran poder en el Ejecutivo, legalizan la opacidad en la gestión pública y dificultan la recuperación económica.
Las leyes carecen de base constitucional sólida
La ONG cuestionó la base jurídica de estas leyes y su compatibilidad con estándares internacionales.
“Las leyes analizadas carecen de bases constitucionales sólidas, contradicen estándares internacionales y generan efectos adversos en la gobernanza democrática”, afirmó.
Señaló que facilitan la penalización de la disidencia mediante el uso de conceptos amplios como “odio”, “seguridad nacional” o “bloqueo”.
Entre las normas que mencionó la organización se encuentran la Ley contra el Odio, la Ley Antibloqueo, la llamada Ley Antisociedad (que regula las ONG), la Ley Bolívar, la Ley de Transparencia, la Ley de Precios Acordados, el impuesto a las grandes transacciones financieras, la Ley de Pensiones y el régimen de control cambiario.
Transparencia Venezuela planteó la eliminación de este paquete normativo y afirmó que hacerlo es viable desde el punto de vista jurídico.
“El proceso de derogación es jurídicamente viable, no crea vacíos legales porque estas leyes no tienen nada que se deba proteger y sus pocos elementos positivos ya están contemplados en otros instrumentos legales”, indicó el informe.
Se podrá restituir el marco constitucional
Añadió que su eliminación permitiría restituir el marco constitucional y corregir vicios de origen, pues varias se aprobaron sin cumplir los procedimientos legales.
La organización también advirtió que estas leyes contradicen compromisos internacionales en materia de derechos humanos y lucha contra la corrupción, incluidos estándares de la ONU, el sistema interamericano, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos y el Grupo de Acción Financiera Internacional.
El informe detalló efectos sobre la libertad de expresión con la Ley contra el Odio, que establece penas de hasta 20 años de prisión y ha generado autocensura, mientras que la Ley Bolívar contempla sanciones de hasta 30 años por promover sanciones internacionales.
En el ámbito político, expresó, estas leyes permiten la inhabilitación de candidatos y la disolución de organizaciones. “La norma atenta contra el pluralismo político y el debate público”, subraya el documento.
Sobre transparencia, el análisis resaltó el caso de la Ley Antibloqueo, que permite al Ejecutivo mantener en reserva información elemental sobre contratos, operaciones económicas o estructuras empresariales.
“Permite celebrar acuerdos con empresas nacionales o extranjeras sin divulgar sus condiciones; reduce el control fiscal y administrativo; restringe el acceso a estadísticas e informes económicos. Los ciudadanos y la sociedad civil no pueden conocer lo que ocurre con el dinero público”, agregó.
Un sistema económico hostil
Transparencia Venezuela también vinculó el marco legal vigente con distorsiones económicas, y señaló que controles de precios, restricciones cambiarias y nuevas cargas fiscales han generado un entorno adverso para la inversión.
“La combinación de controles de precios, régimen cambiario controlado, nuevos tributos, cargas sobre nómina y discrecionalidad administrativa genera un ecosistema económico hostil”, indicó.
En el aspecto laboral expuso que la Ley de Pensiones y el IGTF aumentan los costos para el sector privado y afectan el empleo formal. Además, se cuestiona la falta de transparencia en el uso de los recursos públicos debido a la ausencia de la publicación del presupuesto desde 2017 y de estadísticas fiscales desde 2009.
En el plano institucional, Transparencia Venezuela destacó la concentración de poder en el Ejecutivo y la erosión de los mecanismos de control.
“La Ley Antibloqueo elimina la obligación de presentar contratos y alianzas para su aprobación en el Parlamento e impide las actuaciones de los órganos de control fiscal”, señaló el documento, que también alertó sobre la posibilidad de privatizaciones opacas de activos públicos.
Indicó que la falta de controles “promueve incentivos a la corrupción y apropiación privada de recursos públicos”.
“Derogar estas normas es clave para una transición institucional, económica y democrática sostenible e íntegra de Venezuela”, afirma la organización.
