La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, declaró este jueves 23 de abril que la Ley de Amnistía para la Convivencia Democrática, aprobada en febrero de 2026, “llega a su fin”. El anuncio se realizó durante la instalación de la Comisión Nacional para la Reforma de la Justicia Penal en el Palacio de Miraflores, transmitida por el canal estatal VTV.
Según Rodríguez, los casos expresamente excluidos de la ley podrán ser canalizados a través del Programa de Convivencia Democrática y Paz y de la recién creada Comisión para la Reforma de la Justicia Penal. “Esta Ley de Amnistía llega a su fin. Para aquellos casos que no estaban contemplados, o mejor dicho, estaban excluidos expresamente en la Ley de Amnistía, hay otros espacios donde se pueden canalizar”, afirmó.
La norma, sancionada el 19 de febrero de 2026 por la Asamblea Nacional y promulgada el mismo día, fue impulsada por la propia Rodríguez como un mecanismo para “reparar las heridas” de la confrontación política y promover la reconciliación. La ley contemplaba beneficios para personas procesadas o condenadas por hechos vinculados a la violencia política desde 1999 hasta enero de 2026, aunque excluía expresamente ciertos delitos graves.
El gobierno reporta que la medida benefició a 8.616 personas, quienes recuperaron su libertad plena o vieron levantadas medidas restrictivas. El diputado Jorge Arreaza, presidente de la comisión de seguimiento, ratificó esta cifra. Sin embargo, organizaciones de derechos humanos como el Foro Penal cuestionan el alcance real de la amnistía.
La ONG registra alrededor de 473 presos políticos aún detenidos y estima que solo una parte de las excarcelaciones (aproximadamente 186 desde enero) se produjo directamente por esta ley. Además, critican la ausencia de una lista oficial de beneficiados y señalan que la norma resultó insuficiente e “exprés”.
Ausencia de caducidad y polémica jurídica
La Ley de Amnistía no contemplaba una fecha de vencimiento o cláusula de caducidad en su texto. Expertos y opositores han cuestionado la forma en que el Ejecutivo declara su “fin” mediante una declaración pública, sin una nueva ley que la derogue formalmente. Algunos analistas consideran que esto representa una nueva vulneración al orden constitucional, ya que las leyes solo se derogan con otra ley o por sentencia del Tribunal Supremo de Justicia.
El anuncio coincide con la instalación de la comisión de reforma judicial, encabezada por figuras como Diosdado Cabello, ministro del Interior y Justicia, lo que ha generado escepticismo entre sectores de la oposición y defensores de derechos humanos, quienes temen que los casos pendientes se trasladen a instancias controladas por el oficialismo.
Contexto político
La Ley de Amnistía fue presentada en un momento de transición tras los acontecimientos de enero de 2026, cuando Delcy Rodríguez asumió la presidencia encargada. Inicialmente se promocionó como un gesto de “paz y reencuentro nacional”.
Su rápida conclusión, apenas dos meses después, reabre el debate sobre la situación de los presos políticos y la voluntad real de reconciliación en el país.Organizaciones internacionales y locales continúan monitoreando el tema, exigiendo transparencia en la lista de beneficiados y garantías para los casos excluidos.
Hasta el momento, no se ha publicado un informe oficial detallado sobre los resultados de la amnistía ni se han especificado los mecanismos concretos que aplicarán el Programa de Convivencia Democrática y Paz y la nueva comisión para los expedientes pendientes.
