Vía Efecto Cocuyo
Analistas consideran que la nueva normativa legal es un paso importante, pero debe ir acompañada de cambios institucionales y económicos. Se requiere una inversión de $100.000 millones, en una década, para obtener la producción “pico” de Venezuela.
La aprobación de la Ley de Hidrocarburos representa un avance en un marco legal e institucional que resulte atractivo y confiable para los inversionistas. Es una iniciativa que debe traducirse en reglas concretas y estables, según señalan analistas consultados.
Las condiciones para construir un nuevo andamiaje institucional en un escenario jurídico de largo alcance no se dan de forma automática, razón por la cual el progreso en las áreas claves debe quedar posicionado progresivamente en el radar petrolero.
“Diversos sectores han analizado los problemas estructurales del país y han planteado posibles soluciones. Esa discusión debe retomarse y profundizarse, sobre todo ahora que la nueva Ley de Hidrocarburos define cambios en los actores que participarán en la generación de ingresos petroleros”, expresó Carolina Pagliacci, Coordinadora del Centro de Finanzas del Instituto de Estudios Superiores de Administración (IESA)
“En ese contexto los desafíos para la obtención de recursos petroleros son muchos. Hay que diseñar un marco institucional, contractual y fiscal que sea competitivo; en fin, un buen diseño para el abordaje del arbitraje internacional”, ” explicó Francisco Monaldi, director del Programa Latinoamericano de Energía del Instituto Baker de Políticas Públicas de la Universidad Rice.
Considera Monaldi que la reforma de la Ley de Hidrocarburos es un buen inicio, pero “falta el reglamento, el modelo de contrato, incluso creo que el texto legal puede mejorarse. En todo caso hay que ver esa ley como un marco regulatorio de transición hasta que se consolide un esquema de hidrocarburos mucho más estructurado y más institucionalizado con una agencia regulatoria independiente ”.
Para la economista Pagliacci, “una vez que comiencen las inversiones, el tiempo para observar resultados dependerá del tipo de proyecto. En el caso de la rehabilitación de campos petroleros ya existentes, los aumentos de producción podrían alcanzarse en un plazo relativamente corto, incluso alrededor de un año. En cambio, aquellos que requieren nueva infraestructura o exploración de nuevos yacimientos suelen tener períodos de maduración mucho más largos”.
Monaldi coincide que la inversión en una primera etapa vendrá de los proyectos de ciclos cortos de 1,2 y 3 años, que tienen ya infraestructura donde solamente hay que perforar, reparar o recuperar pozos. Pero los proyectos grandes que exigen infraestructura nueva de oleoductos, tanques, desarrollo del campo, entre otros, van a tener que probablemente esperar a que haya más claridad en el entorno político
Varios contratos sin el aval de EEUU
Para Monaldi, son varios los obstáculos que inciden en el área legal. “Hay aparentemente más de 30 Contratos de Participación Productiva (CPP) y la mayoría fueron dados a empresas que no son las que Estados Unidos está dispuesto a otorgarle licencia”, puntualizó el director del Programa de Energía para América Latina y Becario Wallace S. Wilson
Agencias han reportado que posiblemente muchos de estos proyectos se cancelen, pero Monaldi recuerda que representan más del 20% de la producción de Venezuela. “Entonces, hay un tema que resolver”.
A esto se suman rusos y chinos con un poco más del 20% de participación, lo que significa que 40% de la producción petrolera en Venezuela no está licenciada, indicó el experto en energía.
Luego la cuarta parte de la producción está en manos de Petróleos de Venezuela (Pdvsa) y de las empresas que sí están licenciadas como Chevron, Repsol, Maurel & Prom y ENI , “donde es más fácil porque esas corporaciones sí van a poder invertir inmediatamente, aunque con ENI faltan algunos aspectos que resolver”.
Lógicamente están los otros temas de recursos humanos, de electricidad, infraestructura, etc, pero eso “se tiene que resolver en paralelo a todas las precondiciones ya señaladas”, agregó Monaldi.
Cuantiosas Inversiones en la mira
El experto indicó que en Venezuela hay que invertir más de 100.000 millones de dólares durante casi una década para volver a los niveles de producción “pico” del país. Es decir, entre 3,7 y 4 millones de barriles.
Para lograr ese propósito allí es necesario la segunda etapa de grandes inversiones greenfields, proyectos que requieren nueva infraestructura.
Aunque en la primera etapa puede haber un desarrollo relativamente rápido de hasta 1,4, o 1,5 millones de barriles diarios en los primeros 2 o 3 años. Para 2026 solo estima, a lo sumo, un nivel de producción adicional de entre 150.000 y 200.000 barriles por día, un incremento importante, pero aún no nos lleva a los niveles del 2019.
Exxon y Conoco, de EEUU, requieren entrar en proyectos grandes y nuevos por lo que exigen mucho más claridad legal “porque invertir cientos o miles de millones de dólares con una maduración de 20 o 30 años no es una decisión fácil”.
Esa es la razón por la que estas petroleras demandan más en términos de transición política y seguridad jurídica en comparación con las que ya están adentro o que ejecutan una inversión comparativamente más pequeña.
Una pesada deuda de Pdvsa
El académico Francisco Monaldi sostiene que la industria petrolera venezolana tiene una gran deuda, que identifica en $35. 000 millones.
“En total, Venezuela tiene más de 170.000 millones de dólares de deuda y eso se paga fundamentalmente con los ingresos petroleros, independientemente que sea de la propia Pdvsa o de la República”, agregó.
Al ser consultado sobre el papel que juega Citgo, la principal filial en el extranjero de Petróleos de Venezuela, en esta historia, indicó que la decisión del Juez en EEUU pareciera estar orientada a entregársela a los acreedores, aunque el gobierno estadounidense todavía no decide dar la autorización final. “Pero si se mantuviera en manos del Estado venezolano, obviamente sería positivo para la recuperación del sector”, dijo Monaldi, quien ha sido profesor en las universidades de Columbia, Harvard, Rice, Stanford y Tufts
Instituciones sólidas y confiables
El principal desafío que enfrenta hoy Venezuela es el de recuperar instituciones sólidas y confiables para manejar adecuadamente los ingresos petroleros. Aunque el país conserva parte de la estructura institucional que desarrolló durante su historia como productor de crudo, estas instituciones deben ser rediseñadas para que funcionen mejor de lo que lo han hecho tanto en el pasado reciente como en etapas anteriores, dijo la académica Pagliacci, quien entre su línea de investigación está el desarrollo de técnicas econométricas para distinguir las fluctuaciones macroeconómicas generadas por factores de oferta y de demanda.
Alerta la analista del IESA un aspecto clave: “Evitar que los ingresos petroleros sean manejados por una sola persona o institución, siendo lo más saludable que exista una distribución clara de responsabilidades, donde distintas instituciones se encarguen de generar los ingresos, administrarlos y regular su impacto en la economía. Esta separación de funciones permite mayor control, transparencia y coordinación”.
Por ejemplo, argumenta que el Estado venezolano, a través de su empresa petrolera estatal, recibe una parte de los ingresos por su participación en las empresas que exportan petróleo. A su vez, debe decidir qué parte de esos recursos se reinvierte para sostener y aumentar la producción. Esta decisión no es sencilla y requiere tanto capacidad técnica como criterios políticos bien definidos.
Por otro lado, puntualizó la economista que el Estado, en su papel como autoridad fiscal, obtiene ingresos petroleros a través de impuestos. El manejo de esos recursos debe considerar tanto las necesidades inmediatas como las de largo plazo. Esto implica definir límites claros a la gestión del gasto público y, al mismo tiempo, identificar áreas prioritarias de inversión, como la educación, la salud y la seguridad, tanto física como jurídica. Todo esto debe ocurrir dentro de una nueva institucionalidad fiscal que ayude a mantener la estabilidad macroeconómica.
Por último, estima que el Banco Central cumple un papel fundamental en la gestión de las divisas que ingresan al país a través del sector petrolero y el fisco. Sin embargo, este rol también necesita ser revisado y fortalecido.
“Al final, convertir los ingresos petroleros en desarrollo requiere instituciones bien diseñadas, con reglas claras, y coordinadas entre sí. Esto es algo que solo puede lograrse mediante el esfuerzo colectivo de distintos sectores de la sociedad”, acotó la profesora del IESA.
Considera que si bien el Departamento de Estado estadounidense pudiese tener algunas buenas intuiciones sobre cómo manejar adecuadamente el ingreso petrolero, es difícil pensar que unos pocos funcionarios puedan ser capaces de reproducir y sustituir el entramado de decisiones que las instituciones de un país llevarían a cabo.
Uno de los ámbitos más importantes a reformar, en su opinión, es el tema monetario y cambiario. En su criterio, el Banco Central necesita un nuevo marco institucional que le permita cumplir efectivamente su función de política monetaria, como lo hacen la mayoría de los bancos centrales de América Latina.
“Restablecer su independencia del Ejecutivo es un paso necesario, pero insuficiente. También debe modificarse la forma en que se manejan las divisas petroleras. Cuando el BCV compra los dólares del fisco y la industria, éstos pasan a ser parte de su balance, afectando la cantidad de dinero (en Bs) de la economía, y potencialmente la inflación (…) Es decir, el Banco Central pierde el control sobre la cantidad de dinero y no puede llevar a cabo una política monetaria estabilizadora”, dijo la economista, experta en política monetaria y su relación con el sistema financiero.
Empresas privadas en el sector petrolero
En un contexto donde participan más empresas privadas en el sector petrolero se abre la posibilidad de que éstas vendan sus divisas directamente en el mercado cambiario, bajo la supervisión del Banco Central. Esto permitiría que la autoridad monetaria influya en el mercado, pero sin alterar directamente su balance, puntualizó la analista.
Asimismo, sería conveniente que los recursos del Estado se distribuyan a través de bancos públicos o privados, y no desde el propio Banco Central. De esta manera, el ente emisor podría concentrarse en regular la cantidad de dinero y preservar la estabilidad económica, mientras otras instituciones gestionan el gasto público. Esto le quitaría el impacto monetario al gasto fiscal, argumentaron Pagliacci y Monaldi.
