Vía El Carabobeño
El ingreso integral anunciado sigue sin precisar cuál es su incidencia en el salario base, una omisión que el gremio no considera menor
El anuncio de la presidenta encargada Delcy Rodríguez de ajustar el denominado ingreso mínimo integral a 240 dólares mensuales, elevar las pensiones a 70 dólares y crear un bono de reconocimiento profesional y académico para sectores estratégicos recibió este 1° de mayo una respuesta contundente desde el gremio de enfermeros de Carabobo.
Julio García, presidente del Colegio de Enfermería del Estado Carabobo y doctor en Estudios del Trabajo, calificó el anuncio de insuficiente, irrespetuoso e inconstitucional, y exigió que cualquier ajuste incida directamente en el salario base y no en bonificaciones que no construyen patrimonio real para el trabajador.
El primer cuestionamiento de García es técnico y va al corazón del modelo: el término ingreso mínimo integral no existe dentro del marco de la Constitución ni de la Ley Orgánica del Trabajo. El modelo de cálculo salarial establecido en Venezuela es salario base, salario normal y salario integral, en ese orden.
Introducir un concepto distinto que actúa fuera de ese esquema implica que el monto anunciado no sirve de base de cálculo para prestaciones sociales, vacaciones ni bonos de fin de año. «Estos nuevos conceptos de salario mínimo integral son inconstitucionales», sentenció García.
Ingreso integral sin incidencia en salario
A eso se suma que el ingreso integral anunciado sigue sin precisar cuál es su incidencia en el salario base, una omisión que el dirigente gremial no considera menor.
En un contexto de alta inflación y volatilidad cambiaria, recibir bonificaciones en lugar de salario real impide que el trabajador acumule derechos laborales y construya patrimonio. «El ingreso anunciado no alcanza para cubrir la canasta básica en el día a día, manteniendo al trabajador en una situación de vulnerabilidad extrema», advirtió.
Rechazo al «bono de reconocimiento profesional»
Uno de los puntos que genera mayor rechazo en el pronunciamiento de García es la creación de un bono de reconocimiento profesional y académico. Para él, este concepto no solo es innecesario sino contradictorio: el reconocimiento por antigüedad, preparación académica y méritos profesionales ya está establecido en los contratos colectivos y depende porcentualmente del salario base. Crear un bono paralelo que sustituya esa figura destruye la meritocracia y elude las obligaciones contractuales que el Estado tiene con sus trabajadores.
«Se están ignorando el reconocimiento profesional y académico, destruyendo la meritocracia en los sectores profesionales», denunció García. Rechazó categóricamente que se planteen más bonos como solución, porque ese modelo perpetúa exactamente el problema que los gremios llevan años denunciando: un ingreso integral que parece mayor en el papel pero que no se traduce en derechos reales, ni en prestaciones, ni en jubilaciones dignas.
También señaló que sigue pendiente la publicación y aplicación de las tablas salariales por escalas y antigüedad según la Ley del Estatuto de la Función Pública, un instrumento que permitiría ordenar los ingresos según mérito y trayectoria. Sin esas tablas, el sistema de ingreso integral que se anuncia sigue siendo plano, homogéneo y ajeno a cualquier lógica de reconocimiento profesional.
Un anuncio bajo tutelaje político y sin decreto oficial publicado
García fue más allá del análisis técnico y coloca el anuncio del ingreso integral en su contexto político. Señala que el ajuste ocurrió bajo un evidente tutelaje de Estados Unidos, derivado de los acuerdos petroleros que Venezuela ha estado negociando, y advirtió que mientras persista un modelo marcado por la desconfianza y la corrupción, cualquier mejora será superficial.
«Solo un cambio hacia un modelo de transparencia y un sistema laboral seguro y claro garantiza ingresos dignos para la fuerza laboral», afirmó.
A esa desconfianza estructural se suma la experiencia acumulada de anuncios presidenciales que no se materializan o se aplican de forma distinta a lo prometido.
Por eso, el Colegio de Enfermería mantiene una postura de reserva hasta que se publique el decreto oficial con los detalles precisos del ajuste. «El modelo laboral del país está en vilo, es una caja de sorpresa», graficó García. «La experiencia previa de anuncios incumplidos obliga a mantener una postura de reserva hasta la publicación del decreto oficial.»
El llamado es a que los trabajadores no bajen la guardia. El ingreso mínimo integral anunciado este 1° de mayo puede ser un primer paso, pero mientras no incida en el salario base, mientras no respete los contratos colectivos y mientras no se publique en un decreto con fuerza legal, seguirá siendo, en palabras de García, una figura insuficiente, irrespetuosa e inconstitucional que mantiene a los trabajadores venezolanos en la misma vulnerabilidad de siempre.
