El reciente anuncio de Delcy Rodríguez sobre el ajuste del «ingreso mínimo integral» no es más que la ratificación de una política de desprecio hacia la clase trabajadora venezolana.
En un país donde la inflación revienta la economía familiar día a día, presentar «bonificaciones» que no tienen incidencia salarial como una victoria social es, en el mejor de los casos, un ejercicio de cinismo y, en el peor, una estafa institucionalizada ideada por el Miraflores del madurismo y a la que se le da continuidad hoy.
El salario en Venezuela ha dejado de ser un instrumento de progreso para convertirse en una herramienta de control y sometimiento. Congelado en 130 desde 2022 no llega hoy ni siquiera a un dólar.
La premisa es clara: el trabajo honra y dignifica, pero esa dignidad es imposible cuando el salario no garantiza una calidad de vida básica.
Lo que hemos presenciado con el anunció poco claro de la presidenta temporal Delcy Rodríguez no fue un aumento, sino un engaño, aunque lo quiera maquillar.
Mientras la vocería oficialista acomoda cifras sumando bonos que no computan para vacaciones, aguinaldos ni prestaciones, el venezolano de a pie sabe que su capacidad de compra, incluso de alimentos, se esfumó hace mucho tiempo.
El esfuerzo de toda una vida se ha convertido en sal y agua debido a una política económica que evade sistemáticamente sus responsabilidades legales.
Estamos ante un Estado estafador. Se retiene un componente importante del valor del trabajo bajo la falsa promesa de seguridad social, pero la realidad golpea: el IVSS es hoy una «letra muerta».
Es una carga burocrática que no ofrece soluciones, ni medicinas, ni protección real.
¿Dónde está el dinero de la política habitacional?
¿Dónde están los fondos destinados a las pensiones que deberían estar produciendo dividendos para asegurar una vejez tranquila?
La respuesta parece esconderse en la opacidad de una gestión apostó siempre más por el control social antes que el bienestar ciudadano.
La justicia social no se decreta en alocuciones televisadas cargadas de retórica; se ejerce permitiendo que el sueldo sea suficiente para comer, vestirse y prosperar. Cuando el Estado venezolano ignora la realidad del mercado y condena a sus jubilados y trabajadores a una sobrevivencia precaria, está renunciando a su razón de ser. El salario tiene valor, y mientras ese valor sea pisoteado por intereses partidistas, seguirá siendo el epicentro de la lucha política en el país.
Venezuela exige un cambio de paradigma.
Los venezolanos no pueden seguir aceptando migajas mientras la cúpula en el poder disfruta de privilegios ajenos a la miseria que han sembrado.
La reconstrucción de la nación pasa, obligatoriamente, por devolverle al trabajo su valor real.
El salario tiene valor y, hoy más que nunca, es un tema de urgencia política.
Carlos Alaimo
Presidente-editor
