Por Pedro Benítez
Debido a las circunstancias políticas que le han rodeado en los últimos siete años, es bastante probable que Citgo Petroleum Corporation sea una de las compañías más vigiladas y fiscalizadas en Estados Unidos. Pese a tener su futuro comprometido por el proceso de venta judicial forzosa en manos de la Corte de Delaware, que busca satisfacer reclamaciones multimillonarias contra PDVSA, el informe anual presentado el pasado mes de marzo sobre su situación financiera indica que se encuentra muy lejos de la quiebra.
Así, Citgo registró una utilidad neta por 452 millones de dólares en 2025, (un aumento del 48% respecto al año anterior), con 2.450 millones de dólares disponibles en liquidez, y una reducción en su deuda bruta de 1.825 millones durante el citado ejercicio. Además, habría mejorado su capacidad total de refinación en las plantas de Lake Charles y Lemont que opera.
Esta información, oficial y disponible al público, proviene de los reportes de resultados de la compañía, los cuales, según tenemos entendido, son revisados por auditores externos e informados al gobierno de Estados Unidos como parte de los requisitos de cumplimiento de las sanciones.
Como al momento de redactar esta nota, no hemos identificado procesos judiciales abiertos por manejos cuestionables, malversación o peculado en la empresa (nos corregirá el amable lector en caso contrario), podemos afirmar que fue positivo el balance de la Junta Administradora Ad Hoc designada por la Asamblea Nacional de Venezuela (AN) 2015, bajo la figura del gobierno interino, cuya decisión final solía recaer en la comisión de control de activos de ese grupo. Una vez nombrados, estos directivos debían ser validados por la Corte de Chancery de Delaware para poder ejercer autoridad legal sobre las cuentas y activos en suelo estadounidense.
Además, esa gestión era monitoreada por el Departamento del Tesoro a través de licencias específicas, asegurando que no hubiera flujos financieros hacia el gobierno de Nicolás Maduro.
Este esquema finalizó en marzo pasado, cuando el reconocimiento diplomático cambió hacia la administración encabezada por Delcy Rodríguez, permitiendo el retorno de Asdrúbal Chávez al manejo de la empresa.
Ese es el dato duro.
Sin embargo, cada vez que desde las filas de la oposición venezolana se cuestiona o se señalan los abundantes rastros (en crecimiento) dejados por la cleptocracia chavista, no falta quien replique el latiguillo, según el cual, esos opositores “quebraron Citgo, saquearon Monómeros y se robaron los reales de la Ayuda Humanitaria”.
Veamos los otros dos casos: hasta este momento han resultado ser falsas, o no confirmadas, las informaciones que señalaron la existencia de una investigación formal por “fraude millonario” a la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID), por presunta corrupción y malversación de los fondos destinados a asistencia humanitaria para Venezuela entre 2018 y 2020.
Los hechos indican que, si bien el denominado gobierno interino de Juan Guaidó gestionó licencias para acceder a ciertos activos, el grueso de esa ayuda humanitaria millonaria anunciada por Estados Unidos fue canalizada a través de ONGs independientes y agencias de la ONU, y no directamente por el interinato.
Ciertamente, es un hecho documentado que en 2019 se denunció la apropiación indebida de fondos (90 mil dólares) por parte de delegados del interinato en la frontera con Colombia para gastos personales, pero el equipo de Guaidó aclaró que el dinero provenía de donaciones privadas y no de los fondos oficiales de la ayuda humanitaria. El caso se remitió a la Fiscalía General de Colombia, que, hasta la fecha, no ha iniciado acciones penales definitivas contra los implicados.
También es cierto, que informes previos de la inspección de USAID indicaron que la entrega de ayuda en 2019 tuvo motivaciones políticas y operativos cuestionables, pero no confirmaron desfalco alguno. Tampoco existe un comunicado oficial público del Departamento de Justicia de Estados Unidos o del FBI que confirme una acusación formal o juicio en curso contra Guaidó, o su equipo, por estos cargos específicos.
Este patrón se repite, aunque no por coincidencia, en el caso Monómeros, cuya administración el interinato de Guaidó asumió. Al final del gobierno del presidente Iván Duque, la Superintendencia de Sociedades de Colombia sometió a la empresa binacional a una medida de “control”, debido a lo que consideró riesgos jurídicos y administrativos, esto a raíz de denuncias públicas formuladas por parte de exfuncionarios del propio interinato (como el excanciller Humberto Calderón Berti) sobre el presunto uso de la misma como “caja chica” para pagos políticos, y contratos con empresas fantasma. Pero, hasta este momento, no existen procesos penales abiertos en la justicia ordinaria de la hermana república contra Juan Guaidó, su equipo, o políticos opositores venezolanos por el motivo descrito.
De modo que, dicho lo anterior, ha resultado lamentable que Guaidó no haya sino más claro ni más persistente en desmentir, y, al final día, en rendir cuentas por su gestión; así como también fue todavía más censurable el espectáculo que en su momento los dirigentes de los partidos opositores representados en la AN2015 dieron, o permitieron que se diera, en ocasión de atribuirse responsabilidades en el manejo de los activos venezolanos en el exterior, incluido el beneficio económico a familiares directos. Asunto que en su debido momento debería ser aclarado.
Pero estaremos de acuerdo en que, a la hora de las comparaciones, no son equiparables las responsabilidades en el tema del manejo de los recursos públicos entre chavismo y oposición, estando una de la otra en años luz.
Una larga lista de casos en los que por espacio solo citaremos a: PDVSA-Cripto (2023-2025); los Fondos de Andorra (2007-2015); Odebrecht (más 30 de megaobras, como el Tercer Puente sobre el Orinoco o la línea 5 del Metro de Caracas, quedaron inconclusas a pesar de haber recibido inmensas partidas presupuestarias); el desfalco en CADIVI/CENCOEX (2003-2014) descrito en una memorable carta por Jorge Giordani; los CLAP; el desvío de Fondos Públicos de Tesorería Nacional; o la responsabilidad en el sustracción de 11.271 millones entre 2004 y 2014 atribuido en informe parlamentario al exministro de Petróleo y expresidente de PDVSA a Rafael Ramírez, (siendo esa una de las múltiples denuncias de corrupción en contra); que han hecho que la corrupción durante los gobiernos de Hugo Chávez y Nicolás Maduro (más bien saqueo) haya sido descrita por organizaciones internacionales y ONGs como un sistema estructural de desvío de fondos públicos que ha generado pérdidas incalculables, estimadas por algunas fuentes en más de 300.000 millones de dólares.
No faltará quien nos diga, estirando la imaginación, que, si los que son hoy oposición en Venezuela les hubiera tocado la situación del chavismo seguramente hubieran hecho cosas parecidas. Pero como no se pueden hacer comparaciones sobre escenarios alternativos al pasado, describiendo situaciones que no ocurrieron, no queda otra que destacar que la magnitud y escala de la cleptocracia chavista no tiene precedentes, ni en los denostados gobiernos del régimen de la democracia venezolana representativa (1958-1998), ni siquiera en América Latina en tiempos modernos, donde vaya que hay tela que cortar al respecto.
Además, y este no es un detalle menor, la base opositora venezolana (el campo democrático), ha tenido la oportunidad de premiar, castigar, relevar y elegir su liderazgo, como aconteció en la primaria de octubre 2023; oportunidad que la militancia chavista nunca ha tenido, siempre al servicio de una facción no elegida por nadie que se ha enquistado en el control del Estado.
El chavismo que emergió prometiendo limpiar la corrupción del régimen político previo a 1998 (las cúpulas podridas), y profundizar la democracia, ha hecho (y hace hoy) exactamente todo lo contrario.
Pero a fin de justificarse, su aparato de propaganda y desinformación aplica la milenaria estratagema de gritar: “¡Allá va el ladrón!”. Es el uso de la falacia de la falsa equivalencia, que consiste en afirmar que dos situaciones, ideas, argumentos, o personas, son iguales o equivalentes, cuando en realidad existen diferencias significativas entre las mismas.
Comparar peras con manzanas se utiliza para equiparar aspectos menores ignorando la magnitud o el contexto de una diferencia. Se buscan similitudes superficiales para hacer creer que son lo mismo, ignorando deliberadamente diferencias fundamentales de contexto, escala o consecuencias.
Es pues, un falso equilibrio que busca, a menudo, manipular al pretender dar la sensación de imparcialidad.
En ese sentido, sobre (y acerca de) Venezuela, una interpretación insiste en describir la situación del país como consecuencia de un lamentable conflicto político, protagonizado por dos sectores moralmente equiparables e igualmente responsables (chavismo y oposición), todo producto de una intensa polarización, que se puede desmontar mediante adecuados mecanismos de diálogo. Eso sí, mientras tanto, mejor mal conocido que mal por conocer, porque sí la oposición llegará al poder lo haría con ánimo de revancha y retaliación.
Esta es la cuestión de fondo que se pretende colar por contrabando, mientras se insiste en disimular el hecho de que hay una elite que se ha sostenido por medio del terrorismo de Estado, el saqueo y el fraude electoral en contra de la voluntad de cambio del país.
@Pedrobenitezf
