Socio de Bancamiga, Daniel De Grazzia Suarez, acusa al dueño de FOSPUCA, José Simón Elarba, de haberse adueñado de dos Bancos de forma fraudulenta.
Por: Gustavo Azócar
De Grazzia también acusó a los empresarios Alfredo Porteles e Ibrahim Velutini de maniobras ilegales para apoderarse de Bancamiga y de la sociedad Compass Bank & Trust de Dominica. (No República Dominicana).
De Grazzia denunció Violaciones Procesales e Indefensión
Detención y Presentación Extemporánea: Fue aprehendido el 19 de abril de 2024. Su audiencia de presentación se realizó el 24 de abril de 2024 sin la presencia de sus abogados de confianza.
- Denuncia que esto viola el lapso legal establecido en el Código Orgánico Procesal Penal (COPP), añadiendo que dicha audiencia duró apenas un minuto, tras lo cual el tribunal admitió las pruebas fiscalías y decretó la medida privativa de libertad.
Expone los cargos del Ministerio Público señalando que no existía una investigación previa en su contra. Destaca que todas sus operaciones financieras contaban con la autorización de la Superintendencia de las Instituciones del Sector Bancario (SUDEBAN) —constantes en el expediente de la causa—, por lo que rechaza la acusación principal sobre la presunta modificación ilícita de tasas cambiarias que, presuntamente es por la cual se le acusa.
- Nulidad de la Defensa Pública: El 15 de mayo de 2024 solicitó el cese de la defensa pública para designar a sus abogados privados (bufete Badell). Afirma que entre mayo de 2024 y mayo de 2026 estuvo en un estado de indefensión absoluta; a pesar de haber solicitado la juramentación de sus defensores privados en más de 15 ocasiones, el tribunal nunca la tramitó, imponiéndole la defensa pública en contra de su voluntad.
Sostiene que todas las actuaciones de la defensa pública son nulas y que los interrogatorios se desviaron exclusivamente hacia el estatus de sus bienes materiales.
- Coacción y Despojo Forzado de Activos (Compass Bank)
Intervención de Terceros: Denuncia que José Simón Elarba se presentó en las instalaciones de Compass Bank para impartir instrucciones al personal acompañado de funcionarios de la Dirección General de Contrainteligencia Militar (DGCIM), aun cuando para esa fecha no era accionista ni directivo de la entidad.
Sostiene haber sido despojado del 90% de sus acciones en Compass Bank. Declara que un oficial —identificado como el Mayor Santiago— le manifestó que «por órdenes de Nicolás Maduro» debía entregar el banco, vinculando explícitamente la seguridad física de él y de su familia con la firma del contrato, habiendo cedido tras permanecer tres meses incomunicado.
Fue obligado a firmar la venta de sus acciones a favor de Ibrahim Velutini, a quien afirma no conocer, con quien nunca pactó un precio ni cruzó palabra. El 9 de julio de 2024, a las 2:00 P.M., Alfredo Porteles (propietario del 9% del banco) se presentó con el documento de traspaso. Para el acto, le retiraron el uniforme de reclusión azul, le vistieron con ropa civil (jeans, camisa y corbata) y convocaron al abogado de Compass para dar fe de la venta. Denuncia que, mientras se grababa la llamada formalizando el acto, detrás de las cámaras había funcionarios coaccionándolo.
Sostiene que la hoja que firmó estaba en idioma inglés y solo contenía el espacio de las firmas, impidiéndosele leer el cuerpo del contrato. No recibió pago alguno por la transacción. Califica el hecho como una apropiación forzada por parte de Porteles, Elarba y Velutini, y señala la existencia de un fraude transaccional al no justificarse el origen de los fondos. Además, detalla que los compradores solicitaron un crédito por 10 millones de dólares al propio banco para financiar la adquisición; dichas empresas desviaron el préstamo a Ibrahim Velutini, quien luego lo depositó en la cuenta del declarante en Compass Bank de forma temporal y bajo condiciones especiales proscritas por la normativa bancaria internacional.
