Familiares, ex presos políticos, estudiantes y activistas marcharon en silencio este miércoles para exigir al ministro de Servicio Penitenciario, Julio García Zerpa, que renuncia de manera inmediata por su complicidad con las «torturas» y los 27 «asesinatos» de detenidos por razones políticas que, afirmaron, han ocurrido al menos desde 2014 en distintas cárceles del país.
Con los labios cruzados con cinta negra, una urna simbólica con nombres y las fotos de cada uno de los fallecidos, en especial la de Víctor Quero Navas y su madre Carmen Teresa Navas, los manifestantes caminaron desde Plaza Venezuela hasta la sede del Ministerio de Servicio Penitenciario, ubicado en El Rosal (Caracas).
«Si tiene un poquito de respeto por sí mismo y un poquito de compasión por las víctimas, lo más sensato que puede hacer es renunciar porque él (Julio García Zerpa) es cómplice de la tortura y los asesinatos en custodia del Estado venezolano», afirmó Andreina Baduel, hermana del preso político Josnars Baduel y vocera del Comité por la Libertad de los Presos Políticos, que convocó la actividad.
Baduel indicó que en el documento entregado al Ministerio de Servicio Penitenciario –al cual acudieron por cuarta ocasión desde 2024– se denuncia la «violencia» y opacidad institucional ante la situación de los presos políticos, de los cuales piden una pronta liberación. «Hemos venido alertando que las condiciones de reclusión, la falta de atención médica, la tortura y la violencia sistemática a la que son sometidos los presos políticos puede acabar con su vida. Hoy lamentablemente el tiempo nos da la razón y se suma un preso político más a la larga lista».
Asimismo, calificó la gestión del ministro Julio García Zerpa como «manchada de sangre».
«Ha sido una gestión de la cual ha sido cómplice hasta del Dgcim para torturar. Desde octubre de 2024 que estuvimos aquí por primera vez denunciando que el Sesma, un órgano que responde al ministerio penitenciario, el Dgcim lo usaba para torturar y para delinquir, el ministro no hizo nada diferente para que eso cambiara. Por eso exigimos su destitución inmediata y una investigación independiente, para que él con su influencia no interfiera en la misma», aseveró Baduel.
También denunció que a funcionarios de la Defensoría del Pueblo no se les permitió ingresar al Internado Judicial El Rodeo I para verificar la situación de los privados de libertad. «Cómo te explicas que alguien que debería ser garante de los derechos humanos permita que a ellos mismos les vulneren el mandato que ellos tienen», cuestionó.
Tras unos quince minutos, explicó que fueron recibidos nuevamente por el Director de Atención a la Familia, quien les negó que se torture, se prohíba atención médica a los detenidos o que incluso se haya negado el ingreso de funcionarios de la Defensoría del Pueblo al Rodeo I.
La primera parada de la «marcha del silencio», antes de terminar de salir del circuito de la fuente de Plaza Venezuela, fue para advertir a la Policía Nacional Bolivariana –que custodiaba la manifestación– que ellos no decidían el camino. Al llegar a «La Tumba», como se conoce a una de las sedes del Sebin, tuvieron otro encontronazo: la PNB advirtió que era «zona de seguridad» y por tanto debían alejarse del lugar.
Incluso movilizaron más de 50 funcionarios motorizados y con equipos antimotines, pero los manifestantes insistieron que era su derecho a manifestarse. Diego Casanova, vocero del Comité por la Libertad de los Presos Políticos, recordó que en ese lugar fue asesinado el exconcejal Fernando Albán, quien fue «lanzado» de una de las oficinas de la torre. También indicó que el general Raúl Isaías Baduel, otro muerto bajo custodia, pasó cinco años encarcelado en «La Tumba». Por ambos pidió un minuto de silencio antes de continuar el camino.
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