El combatido e impopular primer ministro británico, el laborista Keir Starmer, lo clavó al advertir que Gran Bretaña se está convirtiendo en «una isla de extraños» como consecuencia de un experimento multicultural que ha alcanzado extremos difícilmente sostenibles.
Starmer se disculpó después por la frase, aterrorizado ante la reacción de parte de la izquierda laborista. Pero no dejó de intentar poner parches al desastre: restricciones más duras a visados, mayores requisitos lingüísticos, limitaciones a la inmigración laboral poco cualificada, dificultad creciente para obtener residencia permanente y reducción de ayudas a determinados solicitantes de asilo. Hasta el laborismo empieza a admitir, aunque sea entre dientes, que el modelo británico hace agua.
Reino Unido registró en 2023 una inmigración neta cercana a las 700.000 personas. Cuando Tony Blair llegó al poder, en 1997, la cifra rondaba las 50.000. En medio se ha producido la mayor transformación demográfica, cultural y psicológica de la historia británica moderna. Comparado con esto, la invasión normanda de 1066 fue una excursión.
El propio Gobierno laborista presentó hace meses un documento significativamente titulado Restoring Control over the Immigration System, dejando meridianamente claro que el sistema se ha desmadrado por completo. En él plantea endurecer el acceso a la residencia permanente —pasando en muchos casos de cinco a diez años—, elevar las exigencias de idioma, limitar determinados visados laborales y reducir la dependencia estructural de mano de obra extranjera.
Starmer habla literalmente de «recuperar el control de las fronteras» y del «incalculable daño» causado por años de inmigración descontrolada. Parte de la izquierda laborista reaccionó horrorizada, acusándole de utilizar un lenguaje propio de Nigel Farage. Pero precisamente ahí está la noticia: el simple hecho de que un líder laborista se vea obligado a hablar así demuestra hasta qué punto el clima político británico ha cambiado.
El caso reciente del estudiante Henry Nowak, asesinado en Southampton en circunstancias explosivas, ha vuelto a poner sobre la mesa una sensación cada vez más extendida entre muchos británicos: la de vivir bajo instituciones paralizadas por el miedo permanente a parecer racistas. Según se ha conocido durante el juicio, el joven, de 18 años, fue inicialmente esposado por la Policía mientras agonizaba después de haber sido apuñalado. El agresor alegó haber sufrido insultos raciales.
El caso ha provocado una oleada de indignación popular por la extendida sospecha de que policías, jueces, profesores, funcionarios y políticos llevan años actuando privilegiando a los recién llegados y ocultando sus desmanes. Durante décadas, las autoridades británicas ignoraron o minimizaron el escándalo de las redes de explotación sexual de menores formadas en numerosas ciudades inglesas mayoritariamente por hombres de origen pakistaní. El informe oficial sobre Rotherham concluyó que unas 1.400 niñas fueron explotadas sexualmente entre 1997 y 2013 mientras la Policía, ayuntamientos y servicios sociales evitaban actuar con contundencia por miedo a tensiones raciales.
Lo devastador no era tanto el crimen como la sensación de que el Estado había dejado indefensas a niñas británicas para proteger una ficción ideológica sobre la convivencia multicultural.
La propia capital, Londres, es hoy una ciudad donde los nativos son ya minoría. Birmingham, la segunda ciudad del país, avanza rápidamente hacia la misma situación, con un alcalde de origen paquistaní que apenas chapurrea el inglés. Barrios enteros funcionan en la práctica como comunidades paralelas con códigos culturales, religiosos y lingüísticos propios. La presión sobre vivienda, escuelas, sanidad y servicios públicos se ha disparado mientras los sucesivos gobiernos prometían una y otra vez reducir la inmigración sin lograrlo jamás.
El año pasado el Reino Unido concedió más de un millón de visados. Más de 45.000 inmigrantes ilegales cruzaron el Canal de la Mancha en pequeñas embarcaciones sólo en 2022, convirtiendo las playas del sur inglés en símbolo visible de la pérdida de control fronterizo. Hoteles completos pagados por el Estado para alojar solicitantes de asilo han provocado protestas crecientes en numerosas localidades.
Y mientras tanto la criminalidad organizada ligada a determinadas diásporas sigue creciendo. La National Crime Agency británica lleva años alertando sobre redes internacionales de narcotráfico, blanqueo y trata de personas vinculadas a estructuras criminales balcánicas, africanas y de Oriente Medio. Londres se ha convertido en uno de los grandes centros mundiales de lavado de dinero internacional. El fenómeno de los delitos con arma blanca entre jóvenes ha alcanzado cifras desconocidas hace apenas unas décadas.
Pero el verdadero motivo de alarma va más allá; es la sospecha creciente de que el país ya ha cambiado irreversiblemente, que no hay vuelta atrás, que Gran Bretaña ha dejado de ser británica.
