Vía ElPais
Marriott o Airbnb pueden ser las primeras en regresar a la isla, donde ya tuvieron operaciones
La orden ejecutiva dictada por la Casa Blanca el pasado 1 de mayo ha sacudido los cimientos de Cuba. Estados Unidos decidió cerrar la pinza a una economía que, incluso antes de las nuevas sanciones, en vigor desde el viernes, o del cerco petrolero implementado a principios de año, ya se encontraba en terapia intensiva. La amenaza de Washington de congelar los activos dentro de su territorio de toda empresa o persona extranjera que trabaje con el régimen, especialmente con la enorme cartera de negocios en manos de Gaesa, el conglomerado militar que controla la mitad del PIB, ha dado sus primeros resultados. Y una vez culmine la salida de las empresas extranjeras, el reemplazo por las firmas estadounidenses parece el siguiente paso.
En cuestión de semanas han tenido que abandonar parte de su negocio las dos grandes hoteleras españolas (Meliá e Iberostar), forzadas a dejar 15 y 12 hoteles, respectivamente, que eran propiedad de las Fuerzas Armadas. Esa retirada, sin embargo, no les va a librar de afrontar demandas por parte del Gobierno cubano, que les exigirá una indemnización por rescindir de manera unilateral sus contratos de gestión. También han salido la canadiense Blue Diamond y la indonesia Archipelago International, que han abandonado sus negocios por completo, mientras que las navieras CMA CGM (Francia) y Hapag-Lloyd (Alemania) han optado por frenar la entrega de contenedores. El éxodo no solo ha afectado al turismo, el principal sostén de la economía cubana. También ha impactado de lleno en la minería, que representa un tercio de las exportaciones de mercancías. La canadiense Sherrit International, que tenía una empresa mixta con el Ejecutivo insular, hizo público un acuerdo no vinculante por el que Gillon Capital, una compañía ligada a un exasesor de Donald Trump, se haría con una participación del 55%.
Fuentes empresariales cercanas al Gobierno cubano ya sintetizaron a EL PAÍS hace dos semanas cuál era, a su juicio, el único objetivo de las sanciones de Estados Unidos: “Quieren quedarse con el negocio de los gallegos [en alusión a los españoles que emigraron a Cuba a finales del siglo XIX]”.
Los primeros candidatos podrían ser Marriott, la primera hotelera del mundo con 7.781 hoteles, y Airbnb, la mayor plataforma de alquiler de pisos turísticos, con nueve millones de anuncios. Ambas ya han operado u operan en Cuba con licencias especiales concedidas por el Gobierno estadounidense coincidiendo con la segunda legislatura de Barack Obama en el denominado “deshielo cubano”. Nunca han ocultado su interés por seguir creciendo en el mercado de la isla. Marriott gestionó entre 2016 y 2020 el hotel Four Points by Sheraton Havana, convirtiéndose en el único operado por un gigante norteamericano. Arne Sorenson, ex consejero delegado de Marriott, fue uno de los empresarios que acompañó al presidente Obama en el vuelo del 16 de marzo de 2016 que marcó el inicio de esa nueva etapa.
Por su parte, Airbnb desembarcó en abril de 2015 con 1.000 anuncios, con la restricción de solo acoger turistas estadounidenses. En el primer año recibió 13.000 viajeros y posteriormente la cifra fue incrementándose hasta los 35.000 anuncios en 2019, una vez que se permitió de forma excepcional acoger también a no estadounidenses. A partir de ahí, la cifra cayó drásticamente por las distintas crisis económicas y la pandemia, pese a las medidas de alivio aprobadas durante el Gobierno de Joe Biden. La puntilla se la dio una orden del Departamento de Estado, fechada el 31 de enero de 2025, que restringió el acceso de Cuba a la banca internacional y que obligó a exigir a los anfitriones que se buscaran un método de cobro alternativo en el extranjero, hundiendo el negocio.
Un panorama devastador para Cuba
El panorama que dan los primeros movimientos, más los que puedan venir pronto, es, cuanto menos, devastador. Para Max Meizlish, exfuncionario del Departamento del Tesoro entre 2020 y 2024 e investigador de la Fundación para la Defensa de las Democracias (FDD), se trata de una presión sin precedentes. “La presión de Washington busca convertir definitivamente al país caribeño en un paria financiero, sin fuentes de financiación externa. Ahora mismo, lo que vemos es que todos estos sectores estratégicos de la economía cubana, que tienen puntos de contacto con firmas foráneas, están siendo presionados por primera vez”, concluye en una llamada por Zoom.
La embestida llega en un momento de extrema vulnerabilidad. En los últimos años, el Gobierno ha puesto en marcha un severo plan de austeridad que incluye recortes al gasto público, la reducción del aparato burocrático, la disminución de los subsidios y un incremento sin precedentes en las tarifas de los servicios básicos, sumado a una dolarización parcial de la economía, que opera con hasta tres tasas distintas. Como medida extraordinaria, el régimen determinó asignar los recursos de los Presupuestos mes a mes, con base en sus ingresos. Sin mencionar los apagones, que en amplias zonas superan las 24 horas seguidas. “Esto ya es peor que una economía de guerra”, sentencia por teléfono el economista cubano Omar Everleny Pérez.
Otros expertos apuntan a dos errores fundacionales entrelazados: apostarlo todo al turismo y dar vía libre al Ejército, a través de Gaesa, para concentrar el poder económico con cuentas que no pueden ser auditadas por el Estado. El holding militar, en el punto de mira de Trump, puso en marcha en 2016 un ambicioso plan hotelero durante el deshielo con Barack Obama para llegar a las 100.000 habitaciones para 2030. “No podemos esperar a que el bloqueo [embargo económico de EE UU] finalice para construir la planta hotelera”, justificó el presidente, Miguel Díaz-Canel. Para Pérez, esos errores económicos le colocaron la soga en el cuello. O, dicho de otra forma, le han hecho la vida más sencilla a Washington para ahorcar a la isla.
El quid de la cuestión, asegura Max Meizlish, es que la orden ejecutiva deja la puerta abierta para que la Administración de Donald Trump amplíe aún más la presión económica. Entre las opciones a su disposición está orillar a los bancos internacionales a congelar los fondos de las entidades ligadas al Gobierno y a su cúpula militar. “Yo lo que esperaría de cualquiera de estos bancos, que quieran cumplir con los términos de la orden ejecutiva, es que los bloqueen. Hacer que queden atrapados. Y que esos fondos se muevan para que sean inaccesibles para el régimen”, asegura el exfuncionario del Tesoro.
