Por Benigno Alarcón
Venezuela vive hoy una situación difícil de explicar porque se parece demasiado a una transición, pero todavía no lo es. Hay más movimiento internacional, más apertura económica, más presencia de actores externos, más conversación sobre elecciones y más actividad opositora. Pero falta lo esencial: una ruta verificable para que los venezolanos elijan, en condiciones reales de competencia, un gobierno legítimo, condición sine qua non para retornar al país a la democracia y a partir de allí reconstruir instituciones que funcionen bajo la independencia e imparcialidad que caracterizan los balances y contrapesos propios de un régimen democrático y esenciales para construir la confianza que es garantía de estabilidad e ingrediente esencial para la recuperación económica
Ese es el punto central. El país no está inmóvil, pero la fase de estabilización de la que habla el Secretario de Estado Marco Rubio ha servido para estabilizar al país en un punto de equilibrio muy frágil, bajo un gobierno ilegitimo y altamente impopular, en una zona intermedia, peligrosa, inestable y decisiva, donde la única forma de mantener el equilibrio es avanzando, bien sea hacia una transición democrática o hacia la consolidación de una forma más sofisticada de normalización autoritaria.
La administración de Delcy Rodríguez intenta presentar la reapertura económica como prueba de estabilidad y pretende transformar normalización en legitimidad, lo cual, como hemos visto en la reciente encuesta de AtlasIntel/Bloomberg, no ha funcionado. Hay petróleo que vuelve a moverse, conversaciones con India, interés de empresas, discusiones sobre deuda, electricidad, minería, vuelos y reinserción internacional. Para una sociedad agotada, empobrecida y con años de colapso institucional, cualquier señal de normalidad puede parecer alivio. Pero la realidad es que tal alivio hasta el día de hoy no se siente en las calles. La inflación continua galopante, la brecha cambiaria responde a la desconfianza y hace que cualquier producto importado cueste el doble de lo que cuesta en Colombia o incluso los Estados Unidos. Los servicios públicos continúan presentando deficiencias, incluso mayores a las del año pasado, con zonas donde el agua corriente llega una vez por semana o donde los cortes de luz se extienden hasta por ocho horas diarias. Un país puede vender petróleo, renegociar deuda y recibir inversionistas que se acercan a explorar oportunidades y casi nunca a invertir, mientras sigue sin Estado de derecho, sin árbitro electoral confiable, sin justicia independiente, sin liberación plena de presos políticos, sin garantías para la oposición y con la mayoría de su población viviendo en condiciones de pobreza.
Por eso son tan importantes las señales que vienen de Washington. Marco Rubio y María Elvira Salazar colocaron en el Congreso de Estados Unidos un punto que no debe pasar inadvertido: Venezuela necesita avanzar hacia condiciones electorales que permitan elegir un gobierno legítimo. Rubio ha hablado de prensa independiente, partidos con capacidad de organizarse y una nueva autoridad electoral. Salazar ha presionado para que la estabilización no sustituya la democracia. La señal es correcta. Pero tiene un problema: se habla de condiciones, no de fecha. Y en política, cuando hay condiciones sin fecha, el poder suele convertir las condiciones en excusa para postergar o no hacer nada.
Venezuela necesita condiciones electorales, sí. Nadie serio puede sostener que basta con convocar una votación cualquiera. Sin nuevo CNE, registro electoral auditado, voto exterior, observación internacional robusta, garantías de campaña, libertad de presos políticos y retorno seguro de los liderazgos democráticos, una elección puede ser apenas una ceremonia de legitimación. Pero el otro riesgo es igual de grave: que se diga que todavía “no hay condiciones” para diferir indefinidamente la decisión ciudadana. Aquí vale la pena recordar que la oposición ganó el 28 de julio de 2024 una elección presidencial sin precedentes, a pesar de no contar con condiciones mínimas. El país quiere una elección con condiciones, pero no aspira a la elección perfecta que ningún país democrático tiene y, menos aún, a una que solo sea posible en años, porque el riesgo que se corre es que nunca la tengamos. El país no puede quedar atrapado entre una elección fraudulenta y una transición eternamente pospuesta. Aquí es donde, como reza la sabiduría popular, lo perfecto es enemigo de lo bueno.
Además, la sociedad venezolana de 2026 no es la sociedad aislada y silenciada de hace una década. Consultores 21 muestra un país mucho más conectado: internet, teléfonos inteligentes, WhatsApp, Instagram, TikTok y redes sociales se han convertido en los canales reales de información, conversación y organización. Esto no elimina el miedo. El miedo sigue allí, porque la represión no desapareció, pero cambia la forma en que opera. Una sociedad conectada observa, compara, comparte, desmiente y se activa más rápido cuando percibe una oportunidad real.
Por eso el eventual regreso de María Corina Machado a Venezuela tendría consecuencias políticas positivas de primera magnitud. No sería un gesto simbólico más. Sería un punto focal. En regímenes autoritarios, la gente no se moviliza solo porque está molesta, se moviliza cuando cree que otros también están dispuestos a hacerlo, cuando percibe liderazgo, dirección y posibilidad de éxito. La legitimidad de Machado podría elevar el costo de reprimir, pero también el costo de no avanzar. Para ser estratégicamente útil, su regreso debe estar coordinado, protegido y vinculado a una demanda claramente democrática: elecciones presidenciales libres, verificables y con garantías.
La progresiva activación de la gente no debe confundirse con una explosión espontánea o desestabilización. Al contrario, de extenderse la actual situación, con un crecimiento progresivo de protestas espontaneas y cada vez más numerosas a lo largo y ancho del país y sin liderazgo que canalice el descontento social hacia una ruta de salida institucional, la situación podría volverse caótica e impredecible. En un escenario como este, el gobierno interino venezolano, y en consecuencia el gobierno de Trump, se encontrarían ante la disyuntiva de controlar a través de la represión, lo que podría originar la fractura del aparato represor por temor a las consecuencias, hoy evidentes, de violar derechos humanos, o distender la situación, apurando una elección que se volvería impostergable.
La presencia militar norteamericana y la visita esta semana del general Dan Caine a Caracas deben leerse en ese contexto. No significan, por sí solas, una intervención militar ni una solución automática. Significan algo más sobrio: Estados Unidos está supervisando de cerca el arreglo político, militar y estratégico venezolano. Está enviando una señal a las élites internas, a los mandos militares, a los actores económicos y a los aliados externos: Washington no está observando desde lejos. Esa presencia puede reducir la capacidad de sabotaje de sectores duros del mismo oficialismo que hoy se oponen a Delcy Rodríguez, pero también puede producir una narrativa nacionalista, si no se utiliza para acompañar una ruta clara de democratización. La fuerza externa puede contener una ruptura por algún tiempo; lo que no puede es sustituir la falta de legitimidad del actual gobierno.
Lo que se necesita es canalizar el descontento hacia presión cívica organizada, inteligente, amplia, sostenida y focalizada. Sindicatos, estudiantes, gremios, iglesias, universidades, partidos, familiares de presos políticos y ciudadanos comunes deben converger en una misma exigencia: un cronograma electoral verificable que permita avanzar hacia la tercera fase del plan Trump/Rubio: una transición democrática por la vía electoral; sin condiciones mínimas no hay elección; sin elección legítima no hay gobierno legítimo.
La clave está entonces en impedir que la normalización económica se adelante tanto que termine sustituyendo la democratización. Cada avance en petróleo, deuda, inversión, licencias, vuelos o financiamiento internacional debe tener un espejo institucional: nuevo CNE, registro electoral auditado, voto exterior, observación, presos políticos libres, garantías para todos los candidatos y fecha presidencial. Si no hay equivalencia entre apertura económica y apertura política, Venezuela puede terminar con más negocios, más petróleo y más estabilidad, pero sin democracia, y con un gobierno autocrático con más recursos y más poder. Y no creo que esa sea la herencia que nos quieren dejar como resultado el plan Trump/Rubio.
Lo que está en juego no es solo quién gobierna. Es cómo se reconstruye la autoridad legítima del Estado. Un país no se estabiliza de verdad cuando el poder se administra desde acuerdos opacos entre élites. Se estabiliza cuando la gente puede decidir, cuando las instituciones vuelven a ser árbitros y no instrumentos, y cuando quienes pierden una elección aceptan los resultados y tienen la oportunidad de competir nuevamente. Eso sí, solo bajo reglas estrictamente democráticas.
Venezuela necesita orden, sí. También necesita inversión, servicios, petróleo, empleo y seguridad. Pero nada de eso será sostenible si no descansa sobre legitimidad e instituciones democráticas que estén al servicio del Estado y del ciudadano, no de un gobierno autocrático que tendrá siempre la última palabra, incluso por encima de la ley. La elección presidencial no es un capricho opositor. Es la pieza que falta para que la transición deje de ser una promesa difusa y comience a convertirse en una realidad.
