La firma de un acuerdo entre el gobierno interino venezolano e IMPSA para culminar la Central Hidroeléctrica Manuel Piar (Tocoma) ha sido presentada como un «hito histórico» capaz de aportar hasta 2.640 megavatios al Sistema Eléctrico Nacional. Sin embargo, más allá del optimismo oficial, el anuncio reabre una pregunta inevitable: ¿por qué una obra concebida para entrar en operación en 2012 sigue inconclusa en 2026?
Tocoma no es un proyecto nuevo. Su construcción comenzó hace casi dos décadas como la última gran pieza del complejo hidroeléctrico del Bajo Caroní. El plan original contemplaba diez unidades de generación y más de 2.000 MW de capacidad instalada. Pero lo que debía convertirse en un símbolo del desarrollo energético venezolano terminó transformándose en uno de los mayores monumentos a la ineficiencia administrativa y a la corrupción en la historia reciente del país.
Las cifras hablan por sí solas. El presupuesto inicial, estimado en poco más de 3.000 millones de dólares, terminó multiplicándose varias veces sin que la central produjera un solo megavatio comercial. Investigaciones internacionales asociaron el proyecto con los esquemas de sobornos de Odebrecht, mientras auditorías y comisiones parlamentarias documentaron retrasos, fallas técnicas y responsabilidades políticas de altos funcionarios.
Resulta significativo que el Gobierno presente hoy como una nueva conquista lo que en realidad constituye el intento de rescatar una obra que ya debió estar operativa hace más de una década. Muchas de las turbinas y equipos fabricados por IMPSA fueron contratados, construidos e incluso instalados parcialmente entre 2008 y 2012. El problema nunca fue la inexistencia de tecnología, sino la incapacidad del Estado venezolano para concluir la infraestructura, honrar compromisos financieros y gestionar eficientemente el proyecto.
Por otra parte, persisten dudas sobre las cifras anunciadas. Mientras IMPSA ha señalado que las primeras etapas de reactivación permitirían incorporar unos 672 MW en el corto plazo, el Ejecutivo habla de 2.640 MW adicionales para el sistema eléctrico nacional. La diferencia entre ambos números exige explicaciones técnicas detalladas para evitar que se repita la práctica de crear expectativas que luego no se materializan.
La realidad es que los venezolanos continúan padeciendo apagones, fluctuaciones y racionamientos eléctricos en amplias zonas del país. La crisis energética no se resolverá únicamente con anuncios, acuerdos o fotografías de firmas protocolares. Será necesario demostrar avances verificables, cronogramas públicos, mecanismos de supervisión independientes y absoluta transparencia en el manejo de los recursos.
Tocoma puede convertirse en una pieza fundamental para la recuperación del sistema eléctrico venezolano. Pero después de casi veinte años de promesas incumplidas, la verdadera noticia no será la firma de un nuevo acuerdo. La verdadera noticia será ver las turbinas funcionando, la energía llegando a los hogares y los venezolanos comprobando que esta vez el proyecto finalmente salió del papel. (MP)
