Vía El País
Llegó la hora para el expresidente del Gobierno. 30 días después de que los agentes de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía se personaran en su vivienda para entregarle el auto de imputación por un delito de tráfico de influencias y otro de blanqueo de capitales, José Luis Rodríguez Zapatero se enfrenta el próximo miércoles a los indicios que lo implican en una red de influencias que, entre otras cuestiones, ayudó a conseguir, presuntamente, el rescate del Gobierno de 53 millones de euros a la aerolínea Plus Ultra tras la pandemia.
Un sumario laberíntico con pruebas a las que él todavía no ha tenido acceso y de las que su abogado ha pedido más información, lo cual ya da pistas de que parte de su estrategia puede sustentarse en buscar nulidades. Las acusaciones, además, han engordado esta semana después de que, tras una tasación por valor de 1,3 millones de euros de las joyas que se encontraron en su despacho, el juez haya decidido investigarlo también por un presunto delito fiscal y otro de contrabando.
El letrado de Zapatero, el abogado Víctor Moreno Catena, ha presentado tres escritos que se han conocido en los últimos días desde que recibió los miles de folios que componen un sumario cuya primera página se escribió el 9 de enero de 2025, cuando la Fiscalía Anticorrupción comenzó a ahondar en sendas informaciones sobre el lavado de dinero de Venezuela remitidas desde Suiza y Francia. La investigación fue acumulando papeles, registros, imputaciones hasta que en el mes de marzo se trasladó a la Audiencia Nacional ya con Zapatero en el punto de mira. Moreno Catena pidió primero más tiempo. El juez había previsto la declaración inicialmente para el 2 de junio, pero el letrado, catedrático de derecho procesal, quería adentrarse bien en la causa, igual que ha tratado de hacer Zapatero, que lleva semanas de encierro en su casa centrado en su defensa. Calama le concedió este margen y volvió a colocar la chincheta en el calendario tres semanas después.
Los siguientes dos escritos que se han conocido por parte del abogado apuntaban en una misma línea: “Falta de incorporación a las actuaciones de dispositivos electrónicos esenciales utilizados por el ministerio fiscal”. El abogado explica que el sumario no incluye, por un lado, las conversaciones de un disco duro que Anticorrupción llama “crucial” y que fue incautado al abogado Miguel Palomero, imputado y considerado por los investigadores uno de los “conseguidores” de la trama de influencias. En ese disco duro se almacenaba un chat llamado “Danilo España” que contenía supuestas conversaciones de Danilo Diazgranados, un bróker venezolano, que hablaba de entregar regalos a Zapatero, de tratos de favor de petroleras o de supuestos pagos a un comisario de Policía que trabajaba en el aeropuerto de Madrid Barajas. Esta documentación, según han apuntado fuentes de la investigación, permanece bajo secreto en una pieza separada.
El letrado de Zapatero denuncia que no se pueden “espigar” o “presentar fragmentariamente” las comunicaciones porque así se vulnera el derecho de defensa. Por otro lado, Moreno Catena recela también de la incorporación en los informes policiales de las conversaciones del teléfono móvil del que fuera dueño de Plus Ultra, el venezolano Rodolfo Reyes. Aquí ha centrado el segundo tiro. La Oficina Americana de Seguridad (HSI por sus siglas en inglés de Homeland Security Invetigations) entregó el 18 de marzo a la UDEF el volcado de este móvil de Reyes que hicieron las autoridades estadounidenses en el año 2021. Esos mensajes de Reyes —“Lo tiene grupo Zapatero desde esta mañana”, “Camilo estuvo hoy con ZP. Le dijo que todo va viento en popa”, “nuestro pana Zapatero detrás”— han servido a la Policía para apuntalar la acusación de tráfico de influencias porque, en teoría, los miembros de la aerolínea hablaban entre ellos de que Zapatero estaba haciendo gestiones para lograr el rescate gubernamental. Fuentes de la causa que conocen al empresario explican que este móvil fue intervenido a Reyes en el aeropuerto de Miami sin una autorización judicial. Una práctica que allí está permitida a través del U. S. Customs and Border Protection (CBP), que es un control fronterizo, y que en España no. Es por ello, que el abogado de Zapatero ha pedido al juez Calama que reclame a EE UU información detallada sobre el volcado de este móvil: qué garantías hubo en la verificación, cómo se custodió ese material todos estos años, quién dio la orden de entregarlo a España, etc.
El instructor ya se había aventurado a pedir a Estados Unidos, mediante cauces de colaboración judicial, que entregara el clonado del teléfono para incorporarlo al procedimiento con todas las garantías, más allá de la colaboración policial que ya se había mantenido. Pero el letrado de Zapatero le pide que no se limite solo a eso, que vaya más lejos y que aclare las circunstancias del clonado. Esto permite vislumbrar una estrategia basada en la nulidad de esta prueba, que es importante para el delito principal. Hay debate entre los juristas sobre si ese teléfono sin autorización judicial se puede incorporar porque, mientras unos ven por la “teoría de no indagación” que prevalece el reconocimiento mutuo entre países y que eso se extiende a Estados Unidos porque es un país democrático y por tanto no se cuestionan sus pruebas, otros creen que no será legal incorporar este indicio que dentro de las fronteras españolas no se habría validado.
En cualquier caso, la investigación apunta a otros problemas para Zapatero. Uno de los principales se llama Julio Martínez Martínez y la consultora Análisis Relevante. El otro está en las joyas.
La consultora y las joyas
Más allá de las conversaciones de terceros de las que la UDEF infiere que, por ejemplo, existió una llamada de 11 minutos entre el entonces vicepresidente de Plus Ultra Julio Martínez Sola y Zapatero o una supuesta reunión posteriormente entre ambos; el juez y la Fiscalía Anticorrupción preguntarán también por un encuentro que se produjo el 7 de septiembre de 2020 entre el exlíder del PSOE y el titular del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones en ese momento, José Luis Escrivá. A pesar de que fuentes del Ministerio inicialmente negaron esta cita, posteriormente terminaron reconociéndola, aunque la desvincularon totalmente de cualquier asunto relacionado con Plus Ultra. Los agentes, en cambio, sospechan que Zapatero estaba moviéndose para ver cómo la compañía se ponía al corriente de sus pagos con la Seguridad Social y poder acceder así a las ayudas. Pero, además, el expresidente podrá ser preguntado sobre si conoce el motivo por el que la aerolínea contrató a su amigo, el empresario Julio Martínez Martínez (con quien salía a correr con frecuencia), a través de la consultora Análisis Relevante, que era, por otro lado, la que pagaba a Zapatero por supuestos servicios de consultoría global.
Aunque Zapatero no figuraba como administrador —el 75% de la mercantil era de Julio Martínez Martínez y otro 25% fue hasta 2025 de Sergio Sánchez, directivo de Movistar+—, el magistrado considera que él era en realidad quien movía los hilos y se apoya en la existencia de un grupo de WhatsApp de la consultora donde él estaba, y en un Excel que supuestamente remitió al empresario alicantino con posibles clientes al despegar el negocio. Zapatero negó en la comisión de investigación del Senado que formara parte de la gestión de Análisis Relevante, pero el juez tiene otra tesis y por ello ha bloqueado de su cuenta corriente los 490.780 euros que cobró de la consultora en cinco años.
Otras de las cuestiones redundarán sobre los pagos a sus hijas a través de la empresa What The Fav, que estaba contratada no solo por Análisis Relevante (de la que percibió 239.755 euros), sino también por otras mercantiles que la UDEF marca como sospechosas, como Inteligencia Prospectiva, vinculada a los hermanos venezolanos Domingo Arnaldo y Guillermo Alfredo Amaro Chacón. Esta empresa, con un solo empleado y con continuas ampliaciones de capital extranjero, abonó 561.440 euros a la de las hijas de Zapatero y otros 266.200 euros al think tank Gate Center, cuyo consejo asesor presidió el exlíder socialista. Los investigadores entienden que pudo ser un vehículo para lavar dinero venezolano y que terminara en manos del expresidente o de su entorno.
Así podrá aclarar los vínculos con algunos empresarios venezolanos, tales como los Amaro Chacón o Diazgranados, más allá de detallar su relación con Julio Martínez Martínez, a quien se le encontró en su vivienda un cuaderno con anotaciones de cariz político sobre Venezuela y gestiones que Zapatero llevaba allí con los presos políticos; además de habérsele hallado una cuenta corriente en Miami con algo más de medio millón de euros, que él ha explicado que no tiene nada que ver con las pesquisas.
De los vínculos con otros países, el expresidente podrá esclarecer la supuesta sociedad en Dubái que, según el magistrado, ordenó crear cuando la trama estaba a punto de cobrar una supuesta comisión por importe de un 1% del rescate de Plus Ultra. El sumario no aclara, en cambio, si esta off shore llegó a crearse y tampoco especifica por qué el juez cree que Zapatero dio la orden, más allá de una inferencia por una comida en la que participó él con Julio Martínez Martínez el día anterior a que comenzaran las gestiones para la supuesta creación de la mercantil en Dubái.
Zapatero se ha mantenido en estricto silencio desde su imputación, dando únicamente pinceladas de sus tesis a través del consultor Luis Arroyo, que ha ejercido una especie de portavocía autorizada. Él ha asegurado que el expresidente dará también oportuna cuenta sobre la procedencia de las joyas que la casa de subastas Ansorena junto al Instituto Gemológico Español han valorado en 1.323.915 euros. El juez expuso el viernes en un nuevo auto que “la posesión de bienes de lujo de elevado valor, unida a la ausencia de trazabilidad fiscal sobre su adquisición, constituye un indicio objetivo y racional sobre la posible existencia de una defraudación tributaria relevante” y, por ello, decidió imputar al expresidente dos nuevos delitos. Uno contra la Hacienda Pública porque, ante “la inexistencia de declaración o pago de cualquiera de estos tributos” y al superarse el umbral de 120.000 euros a partir del cual se considera delito, Calama entiende que ha podido defraudar al fisco. Y otro de contrabando porque cree que las piezas millonarias “circularon en territorio nacional” y pudieron haber accedido a Madrid desde el extranjero eludiendo los controles fiscales.
Así, la apertura de esta ramificación de la investigación, es decir, de una nueva causa independiente de la anterior, obliga a que Zapatero realice una suerte de doble declaración. Una para hablar sobre Plus Ultra, la consultora y los negocios en Venezuela, y otra para explicarle al juez el origen y el recorrido de sus joyas. Algunas, según ya ha avanzado Arroyo, son de herencia de Zapatero o de su esposa y otras, ha dicho, fueron regalos en viajes. Las más problemáticas, de acuerdo a la tasación de la joyería, son un juego de tres collares, tres pendientes, tres sortijas y tres brazaletes en los que se engarzan zafiros, esmeraldas y rubíes en oro blanco con diamantes. Solo estas 12 piezas (de más de un centenar) valen casi lo que ha sido el total del lote entero: 1,2 milllones de euros.
