El ensayo de Figuera en Caracas: una lectura de los seis meses
A seis meses de los sucesos del 3 de enero, la economía no muestra mejoría. El olfato popular, termómetro que rara vez miente, registra el fracaso con la certeza con que el campesino presiente la sequía. La apertura petrolera ha rendido frutos exiguos: las inversiones no llegaron con la prisa prometida, la estabilización macroeconómica no asoma en el horizonte y la gobernabilidad interna carece de esos destellos de recuperación que los voceros oficiales anuncian desde sus tribunas. La realidad se impone sobre el relato.
Para evitar un choque político prematuro que exponga este balance desfavorable antes de las legislativas de noviembre de 2026, la administración Trump necesita estabilizar la narrativa exterior. El ensayo técnico —reconstruir primero el Estado para luego convocar elecciones— funciona como válvula de escape burocrática que reduce temporalmente la urgencia de activar la Fase III, la de ejecución de la transición. Pero la demanda por esa fase no cesa. Crece en la política doméstica estadounidense, donde el representante Gregory Meeks y la senadora Jeanne Shaheen, líderes demócratas de Asuntos Exteriores, asedian al secretario Rubio con preguntas que no admiten evasivas. Crece también entre los factores de presión locales encabezados por María Corina Machado, que exige elecciones presidenciales con la firmeza con que el río exige su cauce.
El 28 de julio no fue un día cualquiera. Fue el día en que el pueblo venezolano habló con una voz que no admite traducción. En cada voto, en cada cola bajo el sol, en cada acta resguardada como relicario, se inscribió un mandato que ningún acuerdo de despacho puede anular. Ese mandato tiene nombre y rostro: María Corina Machado, portadora de una voluntad que no se negocia porque no se delega. El Acuerdo de Panamá, suscrito el 22 de mayo, fue la traducción política de esa verdad irredimible: la coordinación de cualquier negociación con el régimen recae en quien el pueblo eligió. Panamá fue el dique, pero el agua que contiene es la del 28 de julio.
El ensayo de Figuera en Caracas, que hipotéticamente podría interpretarse como presión de Washington por forzar una salida electoral institucional, encuentra una respuesta escurridiza en la facción gobernante de facto y sus aliados. No ofrecen el desenlace —calendario firme, habilitación definitiva—, sino el andamiaje: venden el método, no el fruto. Una arquitectura técnica que conocemos bien porque la hemos visto otras veces: una mesa de trabajo instalada ahora en el Palacio Legislativo —no en República Dominicana, Barbados o Noruega— para discutir la conformación del CNE y las auditorías del sistema. Una estructura concebida bajo la lógica de la dilación controlada, el recurso favorito de Jorge Rodríguez, que convierte el tiempo en aliado y la discusión en laberinto. Lo que hace de este ensayo una amenaza directa al Acuerdo de Panamá no es su existencia, sino su pretensión de operar al margen de él. Al desconocer el mandato de coordinación depositado en Machado, la mesa de Figuera se convierte en un canal paralelo que socava el único pilar que mantenía cohesionada a la oposición. Es un intento de vaciar de contenido el voto del 28 de julio, de tratarlo como un dato menor frente a la arquitectura de los despachos.
La incorporación de Dinorah Figuera —dama reconocida como honesta y comprometida con la democracia— a este diseño no es fortuita. Responde a las cualidades específicas de su perfil personal y a su debilidad territorial, dos atributos que, en la lógica del poder, la vuelven funcional. Su presencia dota de formalidad política e institucional al ensayo y aísla al régimen de la acusación de unilateralidad. Vestida de legitimidad parlamentaria, la operación adquiere una pátina transitable para los ojos distraídos de la comunidad internacional. Pero esa pátina, vista desde dentro, es exactamente lo que la hace peligrosa: erosiona el principio de que la negociación es una y no múltiple, que la representación es una y no divisible, que el mandato del 28 de julio es uno y no admite copias.
El mecanismo es más sutil y profundo. La meta no es otra que entrampar a los equipos técnicos del Departamento de Estado en el propio diseño del método. Una trampa de costos hundidos: a medida que se extienden los plazos de discusión, el costo político y operativo para la Casa Blanca de abandonar el proceso se eleva hasta volverse prohibitivo. Así se consolida un escenario de cohabitación técnica difícil de revertir. La Casa Blanca valida el ensayo e ingresa en él, no por convicción, sino empujada por la necesidad de control de daños ante el fracaso de la fase de recuperación. Paradoja: Washington acepta la dilación para evitar el colapso, pero al hacerlo legitima el mecanismo que perpetúa la crisis y desactiva el Acuerdo de Panamá como brújula de la transición. Y al desactivar Panamá, desactiva también la única traducción política del 28 de julio.
He aquí la clave: la aceptación por parte de la Casa Blanca de la petición de los Rodríguez de excluir del ensayo técnico inmediato a María Corina Machado es provisional, no constituye un veto definitivo, sino una reserva estratégica de valor. Durante los últimos cinco meses, el liderazgo fundamental ha demostrado control territorial, cohesión de base y conducta alineada con estándares de predictibilidad ética. Y lo ha hecho, además, resolviéndole a Trump el dilema de su retorno al territorio. Ese retorno, que antes era un problema, hoy es una posibilidad administrada. Esa administración del retorno es el verdadero premio que Washington ha obtenido del ensayo: la certeza de que la figura que encarna el mandato popular —ratificada por Panamá como la única voz autorizada— puede ser activada o contenida según convenga al tablero. Pero esa contención, aunque temporal, contradice el espíritu del acuerdo panameño, que no previó exclusiones ni reservas estratégicas, sino la plena vigencia del liderazgo elegido. Y contradice, sobre todo, la letra y el alma del 28 de julio.
Trump, fiel a su estilo, cultiva una ambigüedad estratégica: mantiene a Machado fuera del laboratorio parlamentario de las dos Asambleas (2015/2020), pero viva dentro del tablero general. La usa como amenaza. Si la facción de Jorge Rodríguez incumple las promesas del ensayo, la Casa Blanca retiene la capacidad de activar el respaldo directo al mandato popular. Es un mecanismo de presión de doble filo, y en eso radica su eficacia: no necesita elegir entre régimen y oposición porque ha colocado a ambos en una dependencia mutua de su arbitraje. Pero al hacerlo, convierte el Acuerdo de Panamá en variable secundaria, un documento que puede ser invocado o ignorado según la conveniencia del momento. Y el mandato del 28 de julio, que debería ser el centro de gravedad de cualquier transición, queda reducido a una pieza más en el tablero.
La hipótesis se cierra con la imagen de un dilema del prisionero asimétrico, como dirían los expertos en teoría de juegos. Washington se propone desgastar el capital político de ambos actores locales, sometiéndolos a incentivos cruzados. Para el régimen, el incentivo es mantener el flujo de caja y la gobernabilidad a cualquier precio; para la oposición legítima, preservar la validación internacional sin renunciar a su soberanía. En ese juego, la Casa Blanca asume los costos reputacionales en ambos bandos como variable secundaria frente a la obtención del arbitraje del sistema. La asimetría no es neutral: el régimen tiene más que perder en el corto plazo —sanciones, acceso a divisas, estabilidad de su cúpula—, y eso otorga a Washington una palanca que no opera con igual intensidad sobre la oposición. Pero la oposición tiene en el Acuerdo de Panamá y en el mandato del 28 de julio su propia palanca unitaria, y al ignorarla o subutilizarla, cede el terreno que le corresponde. Es como si, teniendo la llave de la puerta, la entregara al cerrajero para que decida si abre o no.
El costo para Jorge Rodríguez es la humillación interna: su facción deberá enfrentar la mirada inquisidora del ala doctrinaria y militar del PSUV, que interpreta la presencia física de Figuera en Caracas y el reconocimiento de su representación como un arrodillamiento ante Washington. El costo para el liderazgo opositor son las tensiones operativas con los sectores más alineados del Acuerdo de Panamá, debido a la tolerancia temporal de Trump hacia un ensayo que dilata el mandato soberano de las bases. Pero hay un costo adicional, quizás el más decisivo: la erosión de la confianza en la palabra empeñada, en la cohesión de un bloque que ha construido su legitimidad sobre la promesa de no fragmentarse. El Acuerdo de Panamá era la materialización de esa promesa; el 28 de julio, su fundamento último. Su desplazamiento, aunque sea táctico, convierte la promesa en palabra vacía y el mandato en eco sin dirección.
Trump opera bajo la premisa de haber configurado un escenario en el que todos pierden, pero él decide quién pierde más. Al desgastar a ambos, al someterlos a un dilema en el que ninguno confía en el otro, Washington se erige como el único juez y beneficiario del tablero político hacia el cierre de 2026. No es un cálculo maquiavélico, sino una lógica fría: la de quien, al arbitrar entre dos fuerzas que no pueden destruirse mutuamente sin autodestruirse, cobra su comisión en forma de control sobre el proceso. El Acuerdo de Panamá, que debía ser el cimiento de una transición ordenada, se convierte en testigo mudo de su propia erosión, y el voto del 28 de julio, en una reliquia que se exhibe pero no se honra.
Mientras los actores locales se desangran en la incomunicación de sus celdas, el árbitro se prepara para cobrar el arbitraje. Venezuela aguarda el veredicto desde la intemperie. La pregunta que ningún comunicado oficial responde es si ese veredicto será dictado por la ley o por la conveniencia. La historia, esa juez que no firma treguas, ya ha visto demasiadas veces este mismo guion. La diferencia, quizás, es que esta vez el pueblo ha aprendido a leer entre líneas, y sabe que el Acuerdo de Panamá no es un papel sino el último dique contra la dispersión, y que el 28 de julio no es una fecha sino la brújula que señala el norte de la soberanía. Romperlo, aunque sea por omisión, es entregarle al régimen lo que no pudo ganar en las urnas: la fractura de la esperanza. Pero la esperanza, en Venezuela, ha demostrado ser más resistente que cualquier arquitectura técnica.
Los venezolanos tienen en la sangre la rebeldía de Bolívar y la obstinación de los próceres. No es una lucha por el poder, es una resistencia por la dignidad. La libertad no se negocia, se respira; es el aire que les ha faltado y el que vuelven a buscar con la tenacidad de quien sabe que el alma no se rinde.
Y esa, quizás, sea la única certeza que el poder no puede administrar.
