Cuando un funcionario público sustrae o se apropia indebidamente del dinero del Estado, esto impacta negativamente en la calidad de vida de sus connacionales.
Pero, cuando la distracción, apoderamiento, llega a los niveles de saqueo que hemos visto en Venezuela a lo largo de 27 años, afecta el presente y deja sin futuro, sin esperanza al País entero, lo deja sin recursos para la salud, la alimentación, para la educación, la seguridad, la infraestructura, en fin, lo deja sin protección.
Se consideran crímenes de lesa humanidad o crímenes contra la humanidad cualquiera de las atrocidades y delitos de carácter inhumano, que forman parte de un ataque generalizado o sistemático contra civiles, con el fin de causarles un sufrimiento colectivo, incluso con un fin perverso determinado (Mantenerse en el Poder usufructuando riqueza, caso Régimen Venezolano).
Es por ello, que el delito de corrupción cometido por funcionarios estatales venezolanos rebasa el marco del injusto interno, ingresa en el ámbito de los crímenes internacionales y puede constituir un crimen contra la humanidad, ya que consiste en la comisión sistemática y reiterada de actos que conllevan serias violaciones a los derechos humanos y pueden afectar la vida, la propiedad y la dignidad de los seres humanos en Venezuela en su totalidad.
Hemos sido testigos y víctimas, que en Venezuela, se han utilizado los recursos públicos, no para satisfacer los postulados de nuestra carta magna y los tratados internacionales, sino para provecho propio, y en otros casos, para la adquisición de armas y equipos, para someter, perseguir, espiar, y controlar socialmente a una población, utilizando inclusive sus necesidades básicas como elementos de control social (alimentos, medicinas), por eso estamos en presencia de algo más terrible, que actos aislados de corrupción.
Estamos en presencia de una política de Estado más dirigida al control social de la población, que a satisfacer sus necesidades básicas, con miras a perpetuarse en el Poder a como dé lugar, sin importar nada, incluso conscientes del daño que podían ocasionar.
Dentro de este contexto, además de los otros crímenes de lesa humanidad que ya se investigan internacionalmente, en el caso Venezuela, tanto en la Corte Penal Internacional, como en la Jurisdicción Universal, como el caso de Argentina; la situación actual de crisis de DDHH en Venezuela, que ha venido desarrollándose durante todos los años del régimen chavista, cuya cúspide observamos hoy, ante esta tragedia del 24J, pone en evidencia, la gravedad y consecuencias (aún indeterminables), que por la naturaleza incalculable del daño, que ya es evidente, la conducta del régimen y sus miembros, pudiera estar enmarcada en la comisión de un nuevo crimen de lesa humanidad a ser investigado y sancionado.
Hoy en día existe un debate académico internacional, toda vez que, se percibe a la Corrupción como un Crimen de Lesa Humanidad, por sus características de Pluriofensividad, ya que, atenta contra muchos de los bienes jurídicos tutelados por los Estados, y por las graves consecuencias que conlleva en casos como el Venezolano a la población civil.
Al analizar las consecuencias que se viven al día de hoy, por esta tragedia que vive Venezuela, podemos sin lugar a dudas concluir, que el alcance del daño que se le causa a un País, es exprofeso, doloso, premeditado, con indolencia, por la ambición de poder y riqueza. Cuando observamos con horror cómo ante una tragedia de estas dimensiones, un País que debió tener TODO lo que el dinero podía comprar, para atender esta, o cualquier otra emergencia (habiendo tenido los recursos de la renta petrolera y otros) muestra la verdadera cara indolente, inepta, corrupta, delincuencial y criminal del régimen.
Tristemente, la gente aún espera que alguien vaya a socorrerlos, pero la cruel realidad es que, lamentablemente, ni siquiera hay suficientes ambulancias, carros de bomberos, ni hospitales suficientemente dotados, por decir lo menos. El sentimiento que surge es el de INDIGNACIÓN E IMPOTENCIA.
En mi opinión, se puede ver a la corrupción como un crimen de lesa humanidad, porque el corrupto se apodera de bienes que debieron servir para salvaguardar el derecho a la vida o a la salud y para garantizar los derechos fundamentales previstos en la Constitución y Tratados Internacionales de los Venezolanos. Y también por sus efectos, toda vez que, el corrupto consideró las consecuencias, al menos a título de dolo eventual (pudo prever lo que ocurriría y no le importó) y eso no lo detuvo en su accionar criminal, en la procura de beneficios personales y de su entorno en detrimento o perjuicio de un País entero.
El delito de corrupción a gran escala, y sus consecuencias para la población mundial entonces ya es una realidad. Y para muestra la Tragedia de Venezuela será lamentablemente el mejor ejemplo.
Al día de hoy, a la falta de mecanismos adecuados para su juzgamiento formal, se pudiera inferir que el crimen de corrupción a gran escala puede ser penalmente perseguido bajo el tipo de “otros actos inhumanos” de los crímenes de lesa humanidad tal como se contempla en el artículo 7 del Estatuto de Roma.
La corrupción no está tipificada actualmente como crimen de lesa humanidad en el derecho internacional, ni en el Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional, ya que dichos crímenes exigen un ataque generalizado o sistemático contra una población civil.
Sin embargo, existen debates académicos y jurídicos globales que proponen equiparar la «gran corrupción» (como en el caso Venezolano) a esta categoría debido a la violación sistemática de derechos fundamentales por la sustracción de recursos públicos, y Venezuela sería la muestra inequívoca de esto, en estos momentos.
Según la ONU, los crímenes de lesa humanidad se limitan a actos inhumanos graves (como asesinato, tortura o exterminio) cometidos contra civiles de forma sistemática o generalizada.
No obstante ello, el impacto de la corrupción, consistente en el desvío masivo de fondos destinados a la salud, alimentación o infraestructura causa hambrunas, muertes y desplazamientos comparables a los estragos de una guerra, o puede acrecentar los daños ante un desastre natural como el que vivimos actualmente en Venezuela. Por ello, esto no debe quedar impune, deberá investigarse y hacerse justicia.
Omar M. Mora Tosta
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