El pasado 24 de junio, la vida del exdiputado a la Asamblea Nacional, José Luis Farías, cambió drásticamente. Lo que comenzó como una jornada habitual en el estado Vargas se transformó en una experiencia traumática que, según relata, no concluyó con el cese del movimiento telúrico, sino que se prolongó con la negligencia de los organismos de seguridad y la pérdida absoluta de su patrimonio.
El relato del horror
Farías describe los minutos del terremoto como un escenario de caos absoluto. «Narra el horror que vivió», relata el exparlamentario, quien fue testigo directo del colapso de estructuras y la desesperación de los habitantes de la zona. Para Farías, el sismo no solo dejó una estela de escombros materiales, sino una herida profunda en el tejido social de la región, marcada por la fragilidad de las edificaciones y la falta de protocolos de respuesta inmediata.
Obstrucción y abandono
Tras el desastre, el exdiputado denuncia una faceta oscura del manejo de la crisis: la actuación de los cuerpos de seguridad. Lejos de brindar auxilio eficiente, Farías señala que las autoridades establecieron perímetros que, en la práctica, funcionaron como barreras para los damnificados.
El exparlamentario denuncia que, al intentar regresar desde Caracas hacia su residencia en Vargas para rescatar objetos personales y documentos de valor sentimental y profesional, los cuerpos de seguridad le impidieron el acceso. Esta medida, catalogada por los afectados como una arbitrariedad, ha dejado a cientos de ciudadanos en una situación de indefensión, imposibilitados de recuperar lo poco que sobrevivió al colapso de sus viviendas.
Una lucha por los restos
El caso de Farías no es aislado, pero cobra relevancia por su perfil público y su determinación. A pesar de la restricción oficial, el exdiputado insiste en el derecho legítimo de recuperar sus pertenencias en medio de lo que hoy son solo escombros. Su testimonio subraya una realidad crítica: la gestión de la emergencia está siendo percibida por los ciudadanos como una forma de control administrativo que ignora el drama humano y el derecho a la propiedad.
La tragedia del 24 de junio en Vargas ha destapado no solo la vulnerabilidad sísmica de la región, sino también la desconexión entre las autoridades y las necesidades básicas de las víctimas, quienes hoy se encuentran atrapadas entre la pérdida de sus hogares y la burocracia de los uniformados. (MP)
