Existe un consenso amplio de que no existen, en sentido estricto, los “desastres naturales”: la naturaleza produce amenazas —terremotos, huracanes, inundaciones—, pero es la organización social, económica y política de una sociedad la que determina si esa amenaza se convierte en catástrofe humanitaria.
Por: Magdalena López y Margarita López Maya – Efecto Cocuyo
Un doblete sísmico de magnitudes 7,2 y 7,5, como el sufrido por Caracas y su entorno, no mata por sí mismo; mata la ausencia de una organización estatal que ejerza funciones elementales de seguridad, previsión y protección a sus ciudadanos. Tal como insinuó el periodista Boris Muñoz en El País en días pasados, el terremoto funcionó como una radiografía social y política, exhibiendo con crudeza, por un lado, la fragilidad de las estructuras físicas del país, muchas de ellas edificadas sin controles de seguridad y, en el peor de los casos, por el propio gobierno chavista, como sucedió con el Urbanismo Hugo Chávez cercano a Catia La Mar en el estado La Guaira.
Por otro lado, exhibe también la verdadera arquitectura del poder, al mostrar a los funcionarios del gobierno nacional enfrascados en decidir quién socorre, quién es socorrido y quién controla el relato de la tragedia.
Los periodistas en el terreno describen un Estado sin capacidad de acción, un ejército desplegado tarde y de forma parcial, y una desorganización general que convirtió las primeras 72 horas —decisivas para rescatar personas con vida— en un ejercicio de improvisación ciudadana.
Esto no es incompetencia puntual: es el resultado de más de dos décadas de vaciamiento sistemático del aparato estatal, donde los recursos públicos fueron desviados hacia el control político, el enriquecimiento ilícito y la permanencia en el poder, mientras se degradaban las capacidades técnicas, logísticas y científicas del Estado. Apenas siete días después del terremoto, Delcy Rodríguez anunció luto nacional; el duelo por la muerte de Chávez en 2013, en cambio, se declaró el mismo día de su fallecimiento.
Abandono científico
Como parte del desmantelamiento del Estado está el abandono de la investigación científica y la educación pública. Desde 2008, el Estado venezolano dejó de actualizar los presupuestos universitarios. La Fundación Venezolana de Investigaciones Sismológicas (Funvisis), encargada de monitorear el riesgo que se materializó el 24 de junio, ha operado desde entonces en similar precariedad presupuestaria.
Un foro celebrado a finales de junio de 2026 en el Colegio de Ingenieros de Mérida puso cifras al colapso de la vigilancia sísmica: el geofísico Raúl Estévez, de la Universidad de Los Andes, explicó que el país llegó a tener entre 250 y 300 estaciones sismológicas; hoy a Funvisis le quedan apenas entre 3 y 5 funcionando en todo el territorio nacional. El mismo ahogamiento presupuestario impulsó además una emigración calificada masiva que dejó a Venezuela con menos ingenieros, médicos, enfermeras, bomberos, psicólogos y rescatistas para enfrentar la catástrofe.
Así pues, esta catástrofe “natural” pudo evitarse o al menos reducirse: no llegó como algo inesperado. Científicos como Franck Audemard llevaban años advirtiendo sobre la energía acumulada en las fallas de la zona, y el propio Estado tenía esa alerta por escrito en un estudio con la Agencia de Cooperación Internacional del Japón (JICA), entregado en 2005, que señalaba la alta vulnerabilidad sísmica de Caracas y proponía medidas de mitigación que nunca se aplicaron.
Otra advertencia, más cercana, llegó en 1999, cuando las lluvias y los deslaves del Ávila arrasaron esa misma franja costera. Varios informes de entonces recomendaron no reconstruir con la premura con que finalmente se hizo: las viviendas para los damnificados se levantaron sin estudios de suelo ni control estructural adecuado, y así nacieron complejos como el mencionado Urbanismo Hugo Chávez, que acabó colapsando con este doble terremoto.
Lea la nota completa siguiendo este enlace a Efecto Cocuyo
