“Hay una dinámica de un régimen que está en una fragilidad total, es un Estado fallido”, MCM
Al día de hoy, la administración Trump no ha calificado con precisión la forma de gobierno que por su arbitrio se ejerce en Venezuela. Asumimos, por lo inédito de los hechos, que es una definición de difícil categorización en los estándares. El Departamento de Estado describe su desempeño, teniéndolo como “…una cooperación renovada y una gestión económica sólida, (en la cual) Venezuela puede resurgir como un socio estable y próspero cuyos ciudadanos se beneficien de su vasta riqueza natural y de unos lazos más fuertes con Estados Unidos”. La evasión de esa calificación, carece de eficacia: somos un Estado tutelado.
La contundencia de los recientes hechos acontecidos en una Venezuela, sometida y entregada al castrismo por Chávez, Maduro y sus acólitos, evidencia la inexistencia de límites y contrapesos propios de un sistema democrático que conceptualmente caracterizarían la soberanía del Estado venezolano, ejercida sobre nuestro territorio por un gobierno legítimo; así como al reconocimiento del Estado soberano en el ámbito internacional. También se le tiene como tal, en tanto ese Estado no dependa ni esté sometido a cualquier otro Estado o poder político superior. Con el chavomadurismo, Venezuela involucionó y de aquel Estado soberano mutamos a otros penosos estadios.
Esa metamorfosis, por vía de consecuencia y de manera sistemática, nos llevó a la demolición del Estado de derecho. Los muros de contención que lo preservaban cedieron ante los embates de una sedicente revolución que en sus alforjas solo traía su destrucción. Se hicieron de una Constitución que en poco tiempo fue domada y anulada por enmiendas, leyes, reglamentos, sentencias, decretos y actos de gobierno, convirtiéndola en una ficción, vulnerándole al Estado y a los venezolanos los derechos fundamentales consagrados en su texto, tal como sucedió el 28J.
El retorcido régimen chavista, ahora en manos de un triunvirato, siempre ha actuado a contrapelo de su propia Carta Magna. Cabe citar al autor argentino Martín Laclau, que en su obra Soberanía y Estado de derecho señala que: “la noción Estado de derecho es la que hallamos en los ordenamientos políticos liberales, cuyas constituciones proclaman la existencia de derechos propios de los individuos, contra los cuales los órganos de gobierno no pueden avanzar, es decir, existe un contenido material fundado en valoraciones compartidas, que otorgan la base al ordenamiento jurídico de estas sociedades…”. Palmariamente, en Venezuela no hay Estado de derecho.
Sin soberanía, ni Estado soberano y de derecho, vale entonces preguntarse qué ha regido luego en Venezuela. Veamos: antes del 3E, el régimen que usurpó el poder público y moldeó al Estado venezolano, se caracterizó por el quebrantamiento sistemático del derecho internacional, patrocinó y exportó el narcoterrorismo, proliferó la corrupción, expropiaciones, migración masiva como política de Estado, desapariciones, represión, tortura e infames condenas a presos políticos amparados por tratados internacionales. Todo eso representa aún una amenaza para la estabilidad global, específicamente hemisférica. Tales supuestos se corresponden con un Estado forajido, que en gran parte cesó, luego de la intervención de los Estados Unidos.
Hoy atestiguamos un inédito eslabón en esa cadena involutiva. Ante nosotros tenemos a un Estado manejado por los residuos de régimen que por sí mismo, aún desvela el incumplimiento de funciones fundamentales de orden interno, seguridad y desarrollo. Un régimen que, por esas circunstancias, carece fundamentalmente de un control efectivo sobre nuestro territorio y fronteras. Esta forma de regir define a un Estado fallido, todavía en manos de malhechores que, pese a las apariencias, se resisten en su fuero interior al aparejado tutelaje estadounidense sobrevenido el 3E y que de a poco dará completa vida al Estado tutelado.
Venezuela tendrá que asumir este estadio como consecuencia de la involución causada por los gobernantes en los últimos 27 años de su historia. Mermada al extremo como se encuentra hoy, cuando su postración es casi absoluta por lo terremotos del 24J, el tutelaje pareciera una obligada opción.
Los arrestos de fingido patriotismo del “delcinismo” que aún mantiene más de 500 presos políticos (militares y civiles) y las designaciones como hechos cumplidos, como la de Pequiven, caricaturizan meros rezagos ante la inminencia de su defenestración.
Ya con botas en el terreno queda dar por auténtico el compromiso de la administración Trump, para que mancomunadamente instauremos cuanto antes un verdadero Estado de derecho y se cierre el círculo.
IG/@vabolivar
