La Unión Europea impulsó una normativa para evitar que las importaciones de otros países contribuyan a la deforestación, en un intento por equiparar las condiciones con las que tienen que competir los productores comunitarios. La Comisión Europea ha incluido, este lunes, el café soluble y derivados del aceite de palma en la lista de productos que las empresas deberán comprobar que no contribuyen a la deforestación.
La revisión presentada este lunes por la Comisión Europea no solo incluye al café soluble y derivados en esta lista de productos que deben provenir de producciones en las que no se recurre a la deforestación. Más allá del café soluble y derivados del aceite de palma, se han incluido en la lista las lenguas de bovino congeladas. Estos nuevos productos deberán cumplir con la normativa a partir de 2028.
Sin embargo, ha decidido sacar el cuero de la lista. También ha excluido las pieles de bovino, los neumáticos y la soja para la siembra, los artículos de caucho vulcanizado, las cintas transportadoras y de transmisión y los asientos para aeronaves y vehículos de motor.
Para que las empresas dispongan de tiempo suficiente para prepararse, los nuevos productos añadidos al ámbito de aplicación quedarán sujetos al reglamento a partir del 30 de diciembre de 2027. Se introducen, además, exenciones específicas para determinadas categorías de productos, como los residuos, los productos usados y de segunda mano, el material de embalaje y los productos utilizados en la fabricación de medicamentos.
La UE daba luz verde, a finales de año pasado, a la controvertida ley de deforestación que veta la importación y venta en el mercado europeo de bienes producidos en condiciones que contribuyan a procesos de deforestación. Afecta a materias primas como el cacao, el café, la soja, madera, caucho, carbón vegetal, productos de papel impreso o ganado.
Se requiere, según la normativa, que los productos no hayan contribuido a la deforestación o degradación forestal en ninguna parte del mundo después de 2020. Las empresas también deben garantizar que los bienes no han contribuido o implicado la violación de derechos humanos o de los pueblos indígenas.
Además, la norma establece sanciones del 4% de la facturación anual de las empresas que incumplan con la normativa comunitaria. La comisaria de Medio Ambiente, Agua y Resiliencia, Jessika Roswall, ha justificado que la revisión de este lunes pretende dar más estabilidad jurídica y previsibilidad a las empresas.
De hecho, otra de las modificaciones de Bruselas se refiere a la modificación del sistema de información que las empresas deberán usar para cumplir con la normativa.
