La legitimidad no llega en valija diplomática ni se hereda de un mandato expirado, tampoco emerge de una sucesión de fraudes. Se obtiene del sufragio o no se tiene. Premisa elemental, que el mecanismo del 1 de agosto viola desde su primera línea.
Lo que Venezuela presenciará no es una negociación. Será un simulacro, previamente acordado, con dos asambleas que se disputan el adjetivo de “legítima”, sentándose a diseñar el futuro de un país al que no representan. Un ejercicio de geometría política cuyo resultado carecerá del ingrediente que lo habría protegido, el pueblo, la ciudadanía, el ciudadano.
Por el régimen, Jorge Rodríguez, experto en ganar tiempo e incumplir acuerdos, hermano de la encargada, preside la Asamblea Nacional 2026, sin reconocimiento democrático, producto de las estafas de sus creadores. Calificó de exmiembros a sus interlocutores, en el comunicado que formaliza el acercamiento. Lo que dice sobre la desfachatez con que el chavismo toma el proceso. Cuando el carcelero llama “ex” al negociador, la negociación ya empieza perdida.
Del otro lado, Dinorah Figuera, presidenta de la Asamblea 2015, último parlamento de una elección mínimamente competitiva, cuyo mandato feneció hace una década; desconoció al interinato y las sentencias del TSJ que abandonó. Tras años de exilio, regresó sin quorum, no por voluntad ciudadana ni consenso de la oposición democrática, sino porque la Secretaría de Estado la designó, por razones concretas y no abstractas, para controlar jurídicamente activos en el exterior. El incentivo no requiere mayor explicación.
Ambas partes carecen de la confianza, el respeto y la simpatía de los venezolanos. Debilidades que no se anulan entre sí, se multiplican.
Mientras quienes desprecian honrar la palabra empeñada toman asiento, quien sí posee aval popular permanece de pie, afuera. María Corina Machado, Premio Nobel de la Paz 2025, líder de la oposición democrática, sigue en el exilio. No fue convocada. Peor, traicionada desde las conversaciones en Qatar. Funcionarios de la Casa Blanca, de Misia Jacinta y mezquinos endógenos, califican sus intentos de regresar como “potencialmente disruptivos”. El eufemismo es bochornoso. Disruptivo para quién, el régimen que le teme o los intereses que prefieren una Venezuela manejable. Porque para los millones de venezolanos que le entregaron su voto, jamás. Con fecha cierta electoral, María Corina, sin duda, sería la mejor aliada de la transición y garantía de estabilidad. Su exclusión no es un detalle protocolar, es el diagnóstico del proceso entero.
Estados Unidos con Marco Rubio construyen su postura alrededor del principio democrático. Hoy, respaldan el mecanismo que margina la ética, la moral y lo legal. Washington no actúa como mediador imparcial, lo hace como árbitro con intereses en el resultado. La diferencia no es semántica. La transición política quedó relegada a un futuro incierto, mientras el acceso al negocio petrolero se asegura en el presente. El respaldo a Delcy Rodríguez y figuras importantes del aparato chavista no es una concesión táctica, es la declaración pública de prioridades. Un mediador que no es imparcial no produce acuerdos justos; provoca arreglos convenientes.
La agenda declarad: fortalecer las instituciones democráticas, reforma del CNE, renovación del TSJ y cualquier ocurrencia —no pública— que convenga a intereses partidistas, como separar las elecciones, la modificación constitucional, devolución de los partidos políticos judicializados, en fin, que técnicamente necesarias, son políticamente vacías. No porque las reformas sean inútiles, sino que ninguna tiene valor real cuando la ejecutan actores sin legitimidad de origen. Sin legalidad no es democratización, es cosmética institucional.
Venezuela lleva años perfeccionando el arte del diálogo fallido. Cada proceso fue presentado como definitivo, pero se convirtió en un capítulo más de la novela de traiciones, aplazamientos y esperanzas pisoteadas. La conversación de agosto no romperá esa tradición, porque reproduce, con fidelidad, los vicios estructurales que condenaron a las anteriores: actores sin mandato, mediador con intereses y el pueblo reducido a espectador de su futuro.
El resultado está acordado, satisfará al establishment, complacerá a Washington y dejará intacta la furia de la mayoría venezolana. No será un paso hacia la democracia, será un ejercicio de gestión de crisis con certificado de legitimidad prestado. Venezuela lleva años esperando que alguien le pregunte. En agosto, una vez más, nadie lo hará, porque es un pacto de fantasmas, mandatos extinguidos o ilegítimos, difuntos políticos negociando el futuro de los vivos. Esa es la tragedia que este mecanismo no puede resolver. No porque le falte agenda. Porque le falta pueblo.
@ArmandoMartini
