Por Omar Lugo en The Objective
Nadie sabe cómo Venezuela podrá comenzar a escalar este precipicio
Hasta para un país acostumbrado a las hipérboles, como Venezuela, la deuda externa pública es un problema enorme que le ha estallado en la cara y es el principal obstáculo para una verdadera recuperación.
El Gobierno interino de Delcy Rodríguez dice que lleva a cabo desde mayo pasado un proceso para renegociar esa carga que según distintas fuentes se ubicaría entre 180.000 y 240.000 millones de dólares (entre unos 160.000 y 210.000 millones de euros). Ya con la cifra más baja, este es uno de los procesos de este tipo más engorrosos y con más dinero involucrado en la historia reciente de los mercados financieros.
Hasta ahora, la supuesta reestructuración se ha llevado en absoluto secreto, y se espera que por estos días el interinato publique un libro sobre la sostenibilidad de esta deuda en función del estado de la economía.
Se tratará de un documento guía donde deben aparecer las nefastas cifras sobre el comportamiento de la economía que han sido censuradas durante años. Es que revelarlas supone admitir el fracaso de la autodenominada «revolución bolivariana», el naufragado modelo político socialista «militar, policial y popular» ideado por el comandante de paracaidistas Hugo Chávez, que ha regido la vida de este malogrado país durante los últimos 30 años, con o sin maquillajes.
Por estos días, en los círculos de Wall Street se espera con ansias la divulgación de este documento que había sido ofrecido para junio pasado, después que en mayo el régimen, que ahora encabeza Delcy Rodríguez con la bendición de Washington, anunciara esta renegociación.
La deuda venezolana está en impagos (default) desde finales de 2017, cuando así lo declaró de manera unilateral Nicolás Maduro, el heredero designado a dedo por Hugo Chávez a las puertas de la muerte.
En ese Gobierno de Maduro —súbitamente cortado por Donald Trump el 3 de enero—, Venezuela sufrió una de las peores crisis documentadas para país alguno en la historia reciente, en ausencia de una guerra o un gran desastre natural.
Delitos de lesa economía
Pocos se acuerdan de juzgar el Gobierno de Maduro por su desastre en el manejo de la economía: predomina más su prontuario de constantes violaciones a los derechos humanos, atentados contra la democracia y persecución contra opositores, medios de comunicación, periodistas y activistas por los derechos civiles.
Pero lo que sucedió en materia económica está documentado por expertos y académicos como el peor colapso de una economía por donde se mire, y todo por causa de decisiones equivocadas de antigerencia pública. La mayoría de estas políticas venía de los tiempos de Chávez, cuando el militar ya se había convertido en el gobernante con más poder por aquí desde los virreyes de España. Pero otra buena parte de esas medidas fueron adoptadas por el propio Maduro, en un claro ejercicio de mayor incompetencia desde el poder.
Así, en la era Maduro, entre 2013 y 2020, la economía venezolana perdió entre tres cuartas partes del producto interno bruto (PIB) y el 80% de su tamaño; el país vivió uno de los procesos de hiperinflación más largos y virulentos de los últimos 80 años en el mundo. Durante su régimen de 13 años se destruyó la industria petrolera, el motor de la economía; hubo escasez generalizada de bienes básicos y un sostenido proceso de devaluación de la moneda que perdura cada día hasta hoy.
El país subió al podio de los cuatro más pobres de América, junto a Haití, Cuba y Nicaragua; casi ocho millones de venezolanos, la cuarta parte de los nacidos en esta tierra dejó Venezuela para escapar del colapso económico, creando lo que la OIM, de la ONU, ha definido como una de las crisis migratorias más serias en la historia de América. También empeoraron los índices de pobreza y, según estudios independientes —como la encuesta Encovi, de la Universidad Católica Andrés Bello—, colapsaron los sistemas de salud y educación pública, los servicios públicos de electricidad e infraestructuras, la asistencia social y hasta el salario mínimo fue liquidado.
La lista de este expediente es más larga. Pero sus efectos han sido tan nefastos y esta antigerencia pública ha costado tantas vidas y tanta esperanza, que superan con creces el impacto de los supuestos delitos y cargos por narcotráfico que esgrime el gobierno de Donald Trump para juzgar a Maduro en Nueva York a partir de junio de 2027.
Pero Maduro no va a ser procesado por su probada capacidad de ser un Midas al revés, o de transformar el oro en excrementos.
Sin dinero para empezar de nuevo
Por lo pronto, hay que levantar este país y sencillamente no hay dinero, ni de dónde sacarlo.
Para colmo, los dos terremotos de hace un mes han dejado daños cuya reparación, según los cálculos más reposados del Banco Mundial, costará al menos 19.700 millones de dólares (17.300 en euros) y llevará 10 años de trabajo intenso en parte de las zonas del desastre.
En los primeros días de una emergencia por los terremotos, se desató una intensa campaña de generosa ayuda nacional e internacional, con donaciones y ofertas de fondos enviados por países, empresas e instituciones humanitarias. Pero esa ayuda en dinero estará muy por debajo de las necesidades de un país que ya sufría una emergencia humanitaria compleja sin que mediara un desastre natural.
Venezuela simplemente es un país quebrado, sin fuentes sustentables de financiamiento externo porque desde el impago tiene cerrado el crédito internacional.
Desde enero pasado es un Estado bajo la tutoría de una potencia extranjera que le administra hasta los ingresos por exportaciones petroleras y nadie sabe oficialmente cuánto dinero ha sido facturado por esa vía, ni cuánto ha entrado al país en estos casi siete meses de tutoreaje.
Aquí dentro no hay suficiente dinero, ni siquiera maquinarias, para emprender la reconstrucción. No digamos por los terremotos, sino por todos estos años de la guerra librada por el chavismo contra su propio pueblo, hasta reducirlo a uno de los más empobrecidos y postrados del continente (aunque en teoría siga siendo un país rico en recursos valiosos).
Así, la renegociación de la deuda es un primer paso necesario no solo para que lleguen fondos de afuera, sino también para comenzar a poner orden en este colapso económico. Se supone que este proceso conlleva una reestructuración de los pagos, una importante reducción, o quita, de los montos adeudados y una programación sostenida de los pagos para los próximos años, inclusive con la emisión masiva de nuevos bonos para pagar la deuda vieja.
También se supone que, para que esta reestructuración sea sostenible en el tiempo, el país debe contar con el apoyo profesional y el aval financiero de instituciones como el Fondo Monetario Internacional (FMI) y el Banco Mundial.
Además, se necesita un plan de reformas estructurales que enderece la economía, corrija los entuertos dejados por años de controles, intervencionismo, corrupción e ineficiencia, y permita sacar lo mejor del potencial de un país que tiene enterrados varios tesoros en petróleo, gas, oro, bauxita, coltán, diamantes y hasta tierras raras.
No hay información oficial con los detalles de este proceso que compromete el futuro de toda Venezuela. Tampoco hay cifras oficiales sobre el monto de esta deuda, pero cálculos privados de economistas, bancos y medios especializados la ubican entre los 160.000 (bancos) y 240.000 millones de dólares (Financial Times).
La cifra incluye 102.000 millones de dólares (89.670 millones de euros) en capital e intereses vencidos de bonos (cálculos de JP Morgan). Algunos tenedores de estos papeles encabezan los reclamos contra Venezuela y seguramente atrasarán los acuerdos de reestructuración.
También hay 25.000 millones de dólares en préstamos bilaterales (entre países, que, al cambio, se quedan en unos 22.000 millones de euros), otros 8.690 millones de dólares (7.876 millones de euros) con acreedores del Club de París, más de 4.000 millones de dólares (3.516 en euros) a multilaterales como CAF y BID, que financiaron una represa llamada Tocoma, en el río Caroní, que costó 9.000 millones de dólares (7.912 al cambio) y fue tirada al olvido cuando las obras habían sido completadas en más del 87%.
Venezuela debe más de 20.000 millones de dólares (17.581 millones de euros) en laudos arbitrales perdidos ante tribunales como el Ciadi, del Banco Mundial, por demandas de empresas cuyos activos fueron confiscados en la ola de expropiaciones desatada por Hugo Chávez hace 20 años.
Con China se cree que el saldo restante de una deuda de 62.000 millones de dólares (54.503 de euros), en parte pagada con petróleo barato, es hoy de 15.000 millones de dólares (13.187 millones de euros).
La petrolera Repsol reclama 4.600 millones de dólares (4.044 en euros), por financiamiento de proyectos y por producción no pagada de crudo. Otras compañías, como Chevron, Maurell and Prom y Schlumberger, también reclaman pagos.
Según el FMI, la deuda pública bruta de Venezuela equivale a tres veces su PIB, lo que la convierte en la más alta del mundo de un país en proporción al tamaño de su economía. Se estima que el PIB de Venezuela está en el entorno de los 111.000 millones de dólares (97.578 millones de euros), uno de los más bajos de América. Es inferior inclusive a los de pequeños países como República Dominicana (119.554 millones de euros) y Guatemala (112.522 millones).
El PIB per cápita venezolano es de solo 3.650 euros, lo que nos convierte también en uno de los países más pobres de la región. En República Dominicana es de 10.910 euros y en Guatemala de 5.990.
Un refinanciamiento viable debe tomar en cuenta el tamaño de la economía, sus exportaciones y su capacidad de pago sin comprometer los gastos sociales, de salud, educación y de funcionamiento del Estado. Hoy el ingreso petrolero, que aporta el 80% de las divisas que entran al país, apenas alcanza para mantener la economía en movimiento. Menos para pagar deuda externa. Nadie sabe cómo Venezuela podrá comenzar a escalar este precipicio.
