Por Julio César Arreaza B.
Certeza y esperanza son dos palabras que, entrelazadas, configuran una realidad favorable y próxima en el tiempo: que la persona nombrada por el narco usurpador preso, hoy recluido en una prisión federal del estado de Nueva York, no seguirá gobernando ni operando, mejor dicho, bajo las órdenes de su tutor por mucho tiempo más.
Hay un vacío de poder, porque quien pretende gobernar lo hace con toda la gente en su contra. No tenemos presidente, sino una usurpadora interina.
El tutelaje ciertamente tiene límites, indicados y exigidos por el respeto a la dignidad nacional: el tutelaje no abarca la soberanía popular. Y esto lo haremos respetar, duélale a quien le duela.
Tenemos a una líder con legitimidad que goza de algo fundamental en este inédito juego de poderes: la representatividad. El respaldo recibido en las primarias fue del orden del 93% y nos atrevemos a decir que aún lo mantiene. Su presencia en el país es clave para guiar a las grandes mayorías asentadas en los cuatro puntos cardinales de Venezuela hacia el rescate de la democracia mediante elecciones libres, verificables y limpias.
Las Asambleas de 2015 y 2026 ni de lejos gozan hoy de la representación que ostenta María Corina Machado. Se habla de la designación de un nuevo Tribunal Supremo de Justicia, lo cual nos parece innecesario, porque contamos con uno legítimo, cuyo período sigue vigente, designado en su momento, constitucionalmente, por la Asamblea de 2015, y que hoy se encuentra en el exilio, aventado por la tiranía. Su regreso al país es propicio y, además, necesario para que designe, como lo exige la participación activa de la ciudadanía, una junta de gobierno que se encargue de adoptar las medidas necesarias, aunque difíciles, que hagan posible entregar a la próxima presidenta de la República, que elegiremos, Dios mediante, el 24 de julio de 2027, un país con algunas instituciones básicas funcionando con normalidad.
Un país nunca debe gobernarse al margen de la gente.
Venezuela se consolidó en el pasado como un suministrador seguro y confiable de petróleo, desde las presidencias de Betancourt y Kennedy, quienes fueron muy amigos y compartieron la idea de auspiciar regímenes democráticos en el continente. No deseamos, de ninguna manera, que la administración Trump siga perdiendo capital político mediante la equivocada y prolongada decisión de mantener en el poder a los criminales que destruyeron a Venezuela. No duele la puñalada en cuerpo ajeno. El lobo puede perder el pelo, pero no las mañas; esto último puede aplicarse al interinato ilegítimo con el ascenso de los peores en el área militar.
La situación resulta atentatoria contra el marco de principios y valores profundos republicanos de la nación venezolana.
La única garantía de que las inversiones y los contratos petroleros sean respetados es que sean suscritos por autoridades legítimas. Los hampones jamás romperán con sus vicios y será anulado cualquier contrato de interés nacional suscrito por ellos, ya que carecen totalmente de legitimidad y son parte esencial del narcorégimen.
Por cierto, las conversaciones programadas para el 1 de agosto deberán estar precedidas, de verdad, por la liberación de todos los presos políticos y por la eliminación de cualquier medida judicial arbitraria e infundada contra la diáspora.
Tenemos la certeza y la esperanza de que estamos a las puertas de un tiempo nuevo, bajo el liderazgo coherente, bien bregado y legítimamente ganado de María Corina Machado.
¡Libertad plena para los presos políticos!
