Cuando Trump declara que Venezuela “todavía no está preparada para celebrar elecciones”, pero al mismo tiempo sostiene que “ha habido muchos avances” y que Delcy Rodríguez “ha estado haciendo un trabajo fantástico”, está redefiniendo de facto qué significa estar preparados para ejercer el derecho a elegir. En su relato, la preparación democrática no depende tanto de la existencia de instituciones autónomas, un árbitro electoral creíble o derechos políticos garantizados, sino de que el gobierno de Caracas -ahora encabezado por Rodríguez bajo tutelaje estadounidense- se mantenga alineado con la hoja de ruta que Washington considera aceptable.
La política estadounidense hacia Venezuela ha entrado en una fase que desafía las categorías tradicionales con las que se ha interpretado la relación bilateral desde 1999. El giro discursivo y operativo de Washington, especialmente tras la captura de Nicolás Maduro en enero de 2026, revela una mutación profunda, de la doctrina de “máxima presión” a la instauración de un régimen de administración directa de recursos estratégicos y de supervisión institucional que, en términos estrictamente politológicos, se aproxima más a un protectorado funcional que a un acompañamiento democrático. La afirmación presidencial —“Estados Unidos va a gobernar Venezuela”— no es un exceso retórico aislado. Es la condensación de un nuevo marco de acción que combina ocupación militar, control petrolero, sanciones selectivas y un discurso que redefine la soberanía venezolana como una variable dependiente de la certificación estadounidense. En este contexto, la democracia deja de ser un procedimiento interno y se convierte en un instrumento de validación externa, administrado desde la Casa Blanca
Trump ha sido, durante años, una figura de absoluta espontaneidad en su retórica habitual sobre Venezuela. “Dictadura”, “Narcoestado”, “Máxima Presión”, “No vamos a permitir que se consolide un régimen socialista en nuestro hemisferio”. Esa narrativa, coherente con la línea dura de Washington hacia Caracas, se sostenía en sanciones financieras, petroleras y personales, reforzadas tras su regreso a la Casa Blanca con nuevas medidas contra la familia de Maduro y los operadores del negocio petrolero venezolano. Pero desde la captura de Nicolás Maduro por fuerzas estadounidenses en enero de 2026, ese guion empezó a fracturarse. El mismo presidente que reivindicaba la defensa de la “democracia venezolana” apareció anunciando, sin matices, que Estados Unidos “va a gobernar Venezuela” y “controlar sus ventas de petróleo” de manera indefinida.
Al margen de ese ya singular anuncio, también dictamina -con una irresponsable audacia- acerca del grado de madurez política de los venezolanos, al decretar que aún no estamos en condiciones de llevar a cabo un proceso electoral autónomo, el urgente trámite que nos permitiría reordenar el pavoroso caos que caracteriza la administración socialista. Se suma a ese tránsito de barroca interpretación, la aún inexplicable figura de ese “joint venture” con el Rodrigato, toda una trama que le insufla más incertidumbre al relato de aquellos que intentan explicar la evolución del protectorado petrolero que dirigen y orquestan desde la Casa Blanca. En la etapa posterior al sismo gemelo del 24-06-2026, la tarea de imprimirle coherencia a ese relato, es más difícil y cuesta arriba.
Vamos por partes. No hay una cifra única y consensuada en la literatura que diga “la historia contemporánea de Venezuela registra X número de procesos electorales”, entre otras cosas porque depende desde dónde se fija el inicio de la “contemporaneidad” -1945, 1958, 1999- y de qué se incluye. Si solo hablamos de presidenciales, o también legislativas, regionales, municipales, referendos y constituyentes. Los trabajos académicos sobre elecciones en Venezuela suelen periodizar y analizar subconjuntos por ejemplo, 1958–1998, o 1999–2024, pero no ofrecen un conteo cerrado y estandarizado de todos los procesos electorales contemporáneos, por lo que cualquier número global exige una reconstrucción propia a partir de fuentes oficiales y estudios especializados. Pero experticia y madurez política hay suficiente, y un buen momento de ese ciclo, fuimos un referente electoral a nivel continental.
Desde 1958 hasta hoy se han celebrado en Venezuela, de manera aproximada, unos 40–45 procesos electorales nacionales si se suman las elecciones presidenciales, parlamentarias, referendos y las principales consultas nacionales. El pico de mayor frecuencia se concentra claramente en el ciclo 1999–2009 –durante la primera década del chavismo-, mientras que el rango de menor recurrencia corresponde a los primeros años del sistema Punto-Fijista, a fines de los años cincuenta y los sesenta. En suma, con base en la mejor información disponible, es razonable trabajar con un orden de magnitud de 40–45 procesos electorales nacionales desde 1958, destacando como pico el ciclo 1999–2009 y como tramo de menor recurrencia los primeros años del régimen democrático inaugurado tras 1958, siempre dejando claro que el conteo exacto depende de los criterios de inclusión.
La última elección primaria opositora, organizada sin apoyo del CNE y con voto manual el 22 de octubre de 2023, tiene un peso simbólico y analítico que desborda sus números. Cerca de 2,3–2,4 millones de venezolanos acudieron a votar en condiciones logísticas precarias y bajo hostigamiento estatal, y otorgaron a María Corina Machado alrededor del 92–93% de los votos válidos -unos 2,25 millones-, relegando al segundo lugar a Carlos Prosperi con cerca de 4–5% y dejando al resto de aspirantes por debajo de 1%. Para un país que acumula más de cuatro décadas de prácticas electorales institucionalizadas, pero también una década larga de elecciones cuestionadas y cooptadas, esa primaria no solo consagró a Machado como figura hegemónica de la oposición democrática, sino que funcionó como un experimento de reapropiación ciudadana del acto electoral. Un proceso paralelo y autónomo que puso en evidencia tanto la capacidad organizativa de la sociedad opositora como el divorcio creciente entre la legitimidad social y la legalidad controlada por el aparato electoral oficial.
Para Giovanni Sartori, -uno de mis oráculos inspiracionales junto a Popper- la democracia es, ante todo, un sistema de reglas, procedimientos y contrapesos que hacen posible que el poder circule pacíficamente entre los gobernantes y los gobernados. No un estado de ánimo ni una sensación de felicidad colectiva. Cuando Donald Trump afirma que “Venezuela no está preparada para elecciones”, que los venezolanos “están felices” y que Delcy Rodríguez “está haciendo un trabajo fantástico”, está usando la palabra democracia como un envoltorio retórico para justificar un tutelaje político y económico que, justo en los términos de Sartori, vacía de contenido el concepto que dice defender.
Sartori insiste en que la democracia moderna solo funciona como democracia liberal: un orden jurídico que gira en torno a “técnicas de libertad”, es decir, instituciones, derechos y límites al poder que permiten la competencia pacífica por el gobierno. Esa democracia no es un ideal nebuloso, sino una “poliarquía abierta” en la que el poder se asigna a través del mercado electoral y donde la responsabilidad de los líderes frente a los liderados se hace valer mediante elecciones periódicas, libres, competitivas y con garantías para la oposición.
Para Sartori, no basta con invocar al “pueblo” o hablar de participación; sin Estado democrático, sin separación de poderes, sin pluralismo y sin alternancia real, lo que queda son simulacros. Por eso distingue entre “democracia pura” —sin límites, donde la mayoría aplasta a la minoría— y democracia liberal, con frenos y contrapesos. Esta última, es en su juicio, la única realmente operable y estable. Y subraya algo clave para leer el caso venezolano: La democracia es “gobierno de opinión”, un intercambio de opiniones que se registra en elecciones competitivas; sin elecciones auténticas, la palabra pierde sentido.
Cuando Trump declara que Venezuela “todavía no está preparada para celebrar elecciones”, pero al mismo tiempo sostiene que “ha habido muchos avances” y que Delcy Rodríguez “ha estado haciendo un trabajo fantástico”, está redefiniendo de facto qué significa estar preparados para ejercer el derecho a elegir. En su relato, la preparación democrática no depende tanto de la existencia de instituciones autónomas, un árbitro electoral creíble o derechos políticos garantizados, sino de que el gobierno de Caracas -ahora encabezado por Rodríguez bajo tutelaje estadounidense- se mantenga alineado con la hoja de ruta que Washington considera aceptable.
Esa lógica se refuerza cuando añade que, “cuando el país esté preparado para las elecciones”, Estados Unidos “estará muy de cerca supervisando todo el proceso”, es decir, que el ejercicio de la soberanía electoral venezolana queda condicionado a la certificación y vigilancia de la potencia tutora. Desde la óptica sartoriana, una democracia que solo puede celebrarse cuando una potencia externa la declara “lista” y bajo su “supervisión cercana” se aleja de la poliarquía abierta y se aproxima a una democracia de protectorados, en la que la competencia electoral y la circulación del poder quedan supeditadas a un criterio de conveniencia geopolítica.
Sartori advierte contra la tentación de convertir la democracia en un concepto elástico que se ajusta a cualquier discurso; por eso insiste tanto en definiciones cuidadosas y en la precisión conceptual. En su marco, la democracia no es que “la gente esté feliz” ni que “baile en las calles”; es un conjunto de procedimientos mediante los cuales las opiniones se traducen en decisiones colectivas a través de elecciones competitivas, con pluralismo real y derechos efectivos para las minorías.
Trump, en cambio, desplaza el foco desde las reglas hacia los estados de ánimo y los símbolos. En la misma intervención en la que niega que Venezuela esté lista para votar, sostiene que “se ha avanzado mucho” y que el país está mejor, sugiriendo que la satisfacción o la “felicidad” de la gente —según su propia narrativa— pesa más que la existencia de un calendario electoral claro, de garantías para la oposición o de una institucionalidad independiente. Ese recurso retórico convierte la democracia en un relato sobre bienestar y orden administrado, no en un sistema de controles sobre el poder; exactamente lo que Sartori teme cuando critica las versiones “populistas” o “plebiscitarias” que diluyen los límites entre mayoría, Estado y líder.
Para Sartori, las elecciones son el mecanismo mediante el cual se registra la opinión y se renueva o revoca el mandato de quienes gobiernan; son condición constitutiva de la democracia, no un premio que se concede cuando una sociedad se “porta bien”. En la arquitectura que imagina, el pueblo gobernante se encuentra “en las elecciones”, y la legitimidad de los líderes se cimenta en su receptividad hacia los electores, no en la valoración que haga un tercero externo sobre si “merecen” o no votar.
Trump invierte ese orden: al elogiar a Delcy Rodríguez y describir las elecciones como algo que vendrá “en algún momento”, cuando el país esté listo, convierte el sufragio en un horizonte condicionado a la evaluación de la Casa Blanca. En términos sartorianos, eso significa pasar de la democracia como mecanismo de control sobre los gobernantes a la democracia como condecoración que otorga la potencia supervisora cuando se cumplen ciertos estándares de rendimiento político y económico; un desplazamiento que vacía la idea de pueblo gobernante y refuerza la noción de tutela.
Sartori subraya que la democracia liberal solo puede sostenerse si hay un andamiaje institucional que proteja las libertades, regule el poder y garantice la competencia; sin ese marco, las llamadas “superaciones” de la democracia representativa tienden a degenerar en formas de dominio que conservan el nombre pero no la sustancia. Su insistencia en que “la democracia sin liberalismo nace muerta” se dirige precisamente contra modelos en los que la voluntad de la mayoría, o la voluntad de quien habla en nombre de ella, se impone sin límites ni controles.
Las elaboraciones teóricas que Trump desliza en sus declaraciones como la idea de que un país puede ser “administrado” por Estados Unidos mientras se decide cuándo está listo para votar, que una líder como Rodríguez realiza un “trabajo fantástico” siempre que mantenga la cooperación con Washington, que las elecciones llegarán “en algún momento” bajo supervisión externa, encajan mejor en lo que podríamos llamar, desde una lectura sartoriana, una “democracia tutelada”. Una democracia tutelada es aquella en la que se preservan ciertas formas electorales y ciertos discursos sobre la voluntad popular, pero en la que las decisiones centrales -cuándo votar, bajo qué reglas, con qué actores- se toman fuera del alcance del demos, ya sea por una élite interna o por una potencia externa.
En esa analogía, la democracia de Sartori es un edificio de reglas cuyo sentido último es evitar que “cómo gobernamos” se convierta en “cómo nos sometemos”; la democracia según las elaboraciones públicas de Trump sobre Venezuela se parece más a un régimen de administración donde el derecho a elegir se pospone, se condiciona y se recalifica en función de la conveniencia estratégica de quien ejerce la tutela. Entre ambas concepciones, el abismo no es solo terminológico: es la distancia entre la democracia como autogobierno y la democracia como relato que legitima un poder ajeno.
De la “máxima presión” al “vamos a manejar el país”
El giro se hizo visible la madrugada en que Trump anunció el operativo que culminó con la captura de Maduro y su esposa, trasladados fuera del país por fuerzas estadounidenses. Frente a un grupo de periodistas en Mar-a-Lago, el presidente describió la operación como necesaria para “proteger al pueblo estadounidense del narcotráfico” y “llevar a Maduro ante la justicia”, pero casi en la misma frase dejó claro que Washington no se limitaría a “apoyar una transición”: “vamos a manejarlo hasta que se dé una transición adecuada”, dijo, refiriéndose a Venezuela como si fuera un protectorados más que un país con instituciones propias.
Ese discurso fue seguido por anuncios igualmente tajantes: Estados Unidos supervisaría las ventas de petróleo venezolano, restauraría con empresas estadounidenses la infraestructura energética “deteriorada” y administraría los ingresos “en beneficio de ambos países”, aunque sin ofrecer detalles técnicos sobre cómo, con quién y bajo qué marco legal se haría ese reparto. Mientras Trump hablaba de “salvar a Venezuela”, su administración diseñaba un esquema en el que el crudo venezolano se vendería a precios de mercado y los ingresos irían a una cuenta “bloqueada” bajo control del Departamento del Tesoro, desde la cual se autorizaría o denegaría el uso de los fondos según un presupuesto presentado por las autoridades venezolanas.[
En paralelo, el gobierno estadounidense mantenía y reimponía sanciones a otros actores venezolanos, justificándolas por la falta de reformas electorales y la continuidad de la represión, es decir, volviendo a la doctrina de “máxima presión” que había aplicado en su primer mandato. El resultado era una mezcla difícil de encajar: una Venezuela ocupada militarmente, con un presidente capturado, bajo sanciones renovadas, pero con un flujo petrolero controlado y administrado por la potencia que decía estar acompañando un “camino democrático”.
Petróleo y relato doméstico
Los analistas que siguen la política estadounidense hacia Venezuela coinciden en que, más allá del lenguaje de “libertad” y “democracia”, el único hilo verdaderamente consistente en la postura de Trump ha sido el control del petróleo. El Consejo de Relaciones Exteriores, en un texto publicado a comienzos de 2026, apuntaba que, a más de un mes de la operación que terminó con la captura de Maduro, la administración no había delineado un plan claro para la reconstrucción institucional de Venezuela, pero sí un diseño minucioso para administrar sus exportaciones de crudo y canalizar los ingresos a mecanismos bajo tutela estadounidense.
Mientras tanto, think tanks como Chatham House advertían que el restablecimiento de sanciones después de un breve lapso de flexibilización durante la administración Biden no estaba produciendo cambios significativos en el volumen de exportaciones, sostenidas en gran medida por las compras de China, lo que relativizaba la eficacia económica de la “máxima presión” pero reforzaba su impacto humanitario interno. La combinación de ocupación, tutela sobre los ingresos petroleros y sanciones sobre personas y barcos asociados al chavismo configuraba un escenario donde la retórica de “liberar a Venezuela” se mezclaba con una práctica cercana al control colonial de recursos estratégicos.
Esa tensión entre discurso y práctica alimentó la percepción de incoherencia: Trump exigía elecciones “libres y justas” mientras se mostraba dispuesto a cooperar con figuras surgidas del propio chavismo, como la presidenta interina Delcy Rodríguez, siempre que aceptaran un esquema de administración conjunta del petróleo y de supervisión presupuestaria desde Washington. Al mismo tiempo que denunciaba el “socialismo” y el “narcoestado” venezolano, ensayaba fórmulas que dejaban al país en una posición de dependencia extrema respecto de la potencia que afirmaba devolverle la soberanía.
Demencia frontotemporal DFT
En ese contexto, las hipótesis sobre el estado cognitivo de Trump se instalaron como una suerte de subtexto incómodo en el debate público. Médicos como el Dr. Héctor L. Frisbie, con apariciones en medios latinoamericanos, empezaron a señalar que el presidente mostraba un patrón de cambios conductuales, cognitivos y motores que, a su juicio, elevaban la sospecha de un proceso neurodegenerativo progresivo, más consistente con demencia frontotemporal (DFT) que con Alzheimer
Frisbie y otros especialistas citados en medios subrayaban elementos que, de ser vistos en un consultorio, justificarían una evaluación neurológica completa: desinhibición conductual, dificultades en el control ejecutivo, respuestas agresivas, oscilación marcada entre periodos de somnolencia y de hiperactividad, deterioro en la organización del lenguaje y tendencia a la confabulación, es decir, a sostener afirmaciones falsas como si fueran verdaderas sin conciencia clara de la falsedad. El cuadro que describían, siempre con cautela metodológica, apuntaba a la posibilidad de una DFT: una enfermedad que afecta los lóbulos frontal y temporal, asociados al juicio, la personalidad, la inhibición social y el lenguaje, y que se caracteriza por cambios drásticos en la conducta más que por un olvido progresivo de la memoria episódica, como suele ocurrir en el Alzheimer clásico.
No hay, hasta ahora, un parte médico oficial que confirme esa sospecha, y los expertos honestos lo recalcan que sin las obligadas entrevistas detalladas, neuroimágenes, test neuropsicológicos extensos y seguimiento directo, nadie puede afirmar con rigor que el presidente “padece” DFT. Pero en la esfera de la crónica política, la hipótesis se vuelve un lente interpretativo, no una sentencia clínica. Un recurso para tratar de entender por qué un líder insiste en narrativas que se contradicen con datos públicos, por qué deriva con tanta facilidad hacia fantasías de control total y por qué su discurso oscila entre la rigidez ideológica y la improvisación aparente.
La demencia “frontotemporal”, tal como la describen los manuales y las crónicas médicas que han alimentado el debate, es un trastorno que borra poco a poco los frenos internos que regulan la conducta social. La persona puede volverse impulsiva, decir cosas socialmente inapropiadas, perder empatía, mostrar apatía o, en otros casos, una hiperactividad caótica, todo ello sin perder necesariamente, en las etapas iniciales, la capacidad de evocar recuerdos o datos concreto.
En la conducta pública de Trump, algunos ven un reflejo amplificado de esos rasgos: un discurso que salta de un tema a otro sin hilo conductor, promesas grandilocuentes sin anclaje operativo, anuncios de planes en tres fases —“estabilización, recuperación, transición”— que se superponen a declaraciones en las que Estados Unidos “va a gobernar Venezuela” y “vender su petróleo” sin haber definido siquiera qué papel jugarán las fuerzas políticas venezolanas no chavistas en el nuevo arreglo. La coherencia que se espera de una política de Estado aparece reemplazada por una mezcla de impulsos ideológicos (antichavismo, antiizquierda), instinto de negocio (control de recursos) y una narrativa de omnipotencia (“vamos a manejarlo”) que se sostiene más en la fuerza militar y financiera que en un diseño institucional claro.
En ese sentido, más que un diagnóstico cerrado, la DFT funciona aquí como metáfora clínica de un estilo de gobierno que desinhibe los límites: el poder se ejerce como una prolongación de la personalidad, con explosiones de ira, decisiones súbitas y discursos que reinterpretan la realidad en función de la necesidad del momento. La “incoherencia” de la posición frente a Venezuela —apelar al derecho internacional mientras se anuncia que otro país será administrado desde Washington; reclamar elecciones libres mientras se condiciona el acceso a sus ingresos petroleros a la aprobación del Tesoro estadounidense— puede leerse entonces como el producto de una mente donde las funciones ejecutivas (planificación, juicio, consistencia narrativa) están erosionadas o, al menos, subordinadas a impulsos más primarios.
Prudencia ética
Pero una crónica que se pretenda ponderada debe señalar también los riesgos de medicalizar la responsabilidad política. Sugiere algo importante, incluso si las hipótesis sobre una posible DFT fueran correctas, las decisiones que afectan a millones de venezolanos -desde las sanciones que castigan a la población civil hasta la ocupación que subordina la soberanía del país a intereses externos- son decisiones de Estado, respaldadas por aparatos civiles y militares, y no simples exabruptos de un individuo enfermo.
Trump no actúa solo. Hay equipos de seguridad nacional, senadores que defienden el esquema de cuentas bloqueadas para los ingresos petroleros, empresas que se disponen a entrar en la reconstrucción de la infraestructura venezolana y un Congreso que, hasta ahora, no ha impuesto límites claros a la idea de que Estados Unidos “administre” un país capturado en nombre de la democracia. La incoherencia, por tanto, no es solo individual; es sistémica: un sistema que predica la soberanía y el orden liberal internacional mientras diseña mecanismos de tutela sobre los recursos y las instituciones de países a los que dice ayudar.
Leer a Trump a través del prisma de la demencia frontotemporal puede ayudar a comprender mejor ciertas derivas del discurso, las oscilaciones de ánimo, la tendencia a la confabulación y la ruptura de frenos inhibitorios. Pero, al final, la crónica política regresa al terreno que le es propio, el de la responsabilidad histórica. La incoherencia frente a Venezuela no se corrige con un diagnóstico médico; se enfrenta con una crítica lúcida al proyecto de poder que, con o sin deterioro cognitivo, ha decidido que un país entero puede ser administrado como un activo en disputa.
