Las paredes de los edificios de Playa Grande gritan. En los muros derruidos se leen números telefónicos escritos con aerosol y tres palabras que se repiten: “Propiedad privada”. “Activos”. Señales desesperadas de una comunidad que en medio de la muerte y el caos, levanta la voz para confirmar que sigue viva.
Por: Pedro Pablo Peñaloza – Infobae
¿Qué quieren decir esos mensajes? Y, sobre todo, ¿a quiénes van dirigidos? “Tenemos mucha incertidumbre y es una manera de mostrar presencia en la zona. Mucha gente se retiró y no regresa, salvo que aún esté buscando el cuerpo de un familiar entre las ruinas”, explica Francys Martínez, una abogada de 29 años que tomó la iniciativa de convocar a sus vecinos para juntos llamar la atención de las autoridades.
Al final, 84 torres se han unido para defender sus intereses en Playa Grande, uno de los sectores del estado La Guaira más golpeados por el doblete sísmico del 24 de junio, que hasta la fecha ha dejado un saldo de 5.546 fallecidos.
De acuerdo con el registro adelantado por Martínez, son 6.005 personas afectadas, incluidos 830 niños de 0 a 10 años, otros 922 con edades comprendidas entre los 11 y 17 años, y 713 adultos mayores.
Todos expresión de la muy disminuida clase media venezolana, que vieron cómo en cuestión de segundos sus ahorros quedaban reducidos a escombros y hoy están refugiados en casas de familiares y amigos en Caracas y otras regiones de Venezuela.
Los edificios se dividen entre los que se cayeron y aquellos que a duras penas se mantienen en pie, pero no son habitables. “La gente siente el temor de que será desplazada y el tema de la propiedad es muy delicado”, comenta la joven abogada.
En este punto remarca la diferencia que existe entre las personas que residían en los urbanismos construidos y adjudicados por el gobierno, y los propietarios de estos apartamentos de Playa Grande, desarrollados por el sector privado y que en su momento fueron comprados por sus dueños “con su esfuerzo, sin ningún tipo de ayuda oficial”.
En el aire
Martínez confiesa que “existe el temor de que nos quiten la propiedad del terreno, nos envíen a otra zona del país” y no les reconozcan sus derechos. “La idea no es entorpecer la labor del gobierno sino ser escuchados. ¿Cómo pueden tomar una decisión si no escuchan a la gente, si no conocen nuestros sentimientos y necesidades?”, se pregunta.
Los vecinos de Playa Grande entienden que la prioridad se concentre en aquellos que hoy están durmiendo en carpas o en los campamentos transitorios -unas 24.477 personas, según el último parte oficial-, pero aclaran que ellos también merecen ser oídos. “Poco se habla del duelo que sufre quien pierde todo su patrimonio”, lamenta.
La petición de estos damnificados de Playa Grande es muy sencilla: “Que nos den información”. Reclaman la falta de transparencia de las autoridades. Cuentan que hubo personas que este fin de semana hicieron más de tres horas de cola bajo el sofocante sol de La Guaira para participar en un censo realizado por el gobierno, aunque ni siquiera sabían qué podían lograr con eso.
El 98% de esta comunidad rechaza ser ubicado en un urbanismo de la Misión Vivienda. “Esa no es una solución viable”, observan. En contraste, la mayoría se inclina por la promesa hecha por la presidenta encargada Delcy Rodríguez de acceder a un crédito hipotecario subsidiado por el gobierno. Sin embargo, ningún vocero oficial ha brindado detalles sobre ese plan. “Nos causa mucha desesperación no saber nada”, expresa Martínez.
En pie de lucha
La abogada relata que “la mayoría de los edificios fueron saqueados”. Detalla que en algunos casos las torres ni siquiera han sido inspeccionadas y que en otros, revisan el inmueble y le pegan una etiqueta que califica su estado, pero no ofrecen explicaciones a los dueños. “¿Por qué van a derribar tu propiedad sin darte una razón?”, interpela.
Narra que los propios vecinos tuvieron que enfrentar a las autoridades que se disponían a demoler un edificio donde, además, aún se hallaban cuerpos que los familiares buscaban. “La gente quiere que se cumplan los protocolos”, resume.
Los propietarios de Playa Grande también comparten el temor de que invadan los restos de sus apartamentos. “Algunos edificios se han organizado con el fin de pagar vigilancia privada para evitar que se metan en los edificios que están deshabitados. Esa es otra preocupación más, que se agarren las ruinas”, indica Martínez.
