Por Tony Frangie Mawad
Desde el fin de semana pasado, la tutela de Washington sobre el régimen venezolano tras la captura del autócrata Nicolás Maduro en enero ha dado el paso más claro hasta ahora hacia una transición democrática real: una negociación mediada por Estados Unidos entre el gobierno y un sector de la oposición, que abre lo que podría ser el primer camino creíble hacia elecciones competitivas en años.
Las conversaciones son menos una cumbre que un andamiaje: un intento por reconstruir las instituciones del país, definir quién puede hablar legalmente en nombre de Venezuela en el extranjero y fijar un calendario electoral. Y avanzan sin la presencia de la popular líder de la oposición y premio Nobel de la Paz 2025, María Corina Machado.
Esa negociación se inició oficialmente el 1 de agosto sin la mesa formal que muchos esperaban: comenzó con una llamada telefónica entre los presidentes de las dos Asambleas Nacionales rivales de Venezuela. Del lado del gobierno se encuentra el jefe negociador Jorge Rodríguez, hermano de la presidenta interina Delcy Rodríguez y jefe de la Asamblea Nacional, controlada por el chavismo, parte del movimiento político fundado por Hugo Chávez y ahora liderado por Delcy, elegida el año pasado en condiciones muy cuestionadas tras un fraude electoral masivo en 2024. Del lado de la oposición, la congresista Dinorah Figuera preside la comisión delegada de la Asamblea Nacional opositora, elegida en 2015, el último parlamento ampliamente reconocido como competitivo, que ha seguido operando desde el exilio a pesar del fin oficial de su mandato, como contrapeso institucional desde entonces. Ambos acordaron una agenda con «objetivos claros y verificables» y tuvieron su primer encuentro cara a cara este jueves en Caracas.
El regreso de Figuera a Caracas no parece una medida aislada, sino parte de algo más estructurado. Al aterrizar, declaró que venía «por invitación de Estados Unidos», una frase que refleja la amplitud de la tutela estadounidense desde enero tanto sobre el chavismo como sobre la oposición. Todo indica que Washington está sentando las bases para la tercera fase —la transición— de su hoja de ruta para Venezuela: una etapa centrada en negociar la restauración de las instituciones políticas.
Cada parte cuenta con cinco negociadores principales y sus respectivos equipos de apoyo. Jorge Rodríguez lidera un equipo gubernamental integrado por ministros y figuras chavistas cercanas a Delcy Rodríguez. Figuera encabeza una delegación opositora compuesta por legisladores poco conocidos de dos partidos de oposición que integran la Plataforma Democrática Unitaria (PUD), la principal coalición opositora alineada con Machado y que aboga por una ruptura institucional total con el sistema chavista.
Sin embargo, Machado, cuya relación con la administración Trump se ha deteriorado a medida que Estados Unidos estrechaba lazos con el régimen de Rodríguez, no fue convocada a la mesa principal, al igual que Edmundo González, su aliado y considerado por muchos como el verdadero ganador de las elecciones presidenciales de 2024, aunque ella afirmó que “no será un obstáculo” para las conversaciones.
En cierto modo, esta iniciativa respaldada por Washington torpedea la propuesta plasmada en el Manifiesto de Machado en Panamá, donde la coalición opositora la posicionó formalmente como la líder política de cualquier eventual negociación de transición. Figuera ha intentado contrarrestar esta situación insistiendo en que su proceso es una negociación institucional distinta de la política. Sin embargo, es probable que las negociaciones terminen beneficiando a Machado, aunque ella no las diseñó ni su equipo las coordina.
La agenda abarca la ayuda a las víctimas del reciente doble terremoto, el fortalecimiento de la democracia y los derechos y garantías políticas. Una negociación entre ambas asambleas podría, por lo tanto, generar acuerdos sobre un nuevo Consejo Nacional Electoral (CNE), el organismo encargado de las elecciones en el país, e incluso abrir la puerta a la negociación sobre otros órganos clave, como el máximo tribunal del país, cuya independencia es ampliamente cuestionada. También podría conducir a la legalización de los partidos de oposición y a la revocación de la prohibición de que los candidatos de la oposición se presenten a las elecciones, incluida Machado, así como a garantías para la prensa venezolana, fuertemente censurada. Se espera que el proceso arroje resultados antes de fin de año.
La lógica subyacente apunta a un nuevo ciclo electoral en 2027, aunque el chavismo busca adelantar las elecciones presidenciales a 2028, un calendario más favorable a su margen de maniobra y menos expuesto al peso coercitivo de la administración Trump. El secretario de Estado, Marco Rubio, por su parte, afirmó que Venezuela debe celebrar elecciones legítimas en todos los niveles de gobierno, insistiendo en que primero debe estabilizarse y reconstruirse la economía, y definiendo el papel de Washington como el de un «facilitador».
Sin embargo, el escepticismo persiste en Venezuela, donde al menos una docena de rondas de negociaciones anteriores no han logrado garantizar una transición democrática en poco más de una década. El proceso corre el riesgo de «repetir el error más común de los últimos años de negociaciones», afirma el periodista y experto electoral Eugenio Martínez. «Centrar las conversaciones exclusivamente en la cuestión electoral podría resultar un error estratégico. Una transición también requiere debatir cómo se redistribuye el poder y cómo se hacen cumplir los acuerdos».
Existe además una cuestión menos visible, pero igualmente importante: el dinero y los activos. Un objetivo central del proceso sería resolver el problema de legitimidad de la Asamblea Nacional de Venezuela, con sede en Caracas, una preocupación recurrente entre los inversionistas extranjeros. La propia Machado ha recalcado este punto en conversaciones con inversionistas interesados en el país. Sin una contraparte institucional clara y reconocida, la reconstrucción económica se vuelve mucho más difícil, y cualquier acuerdo comercial podría quedar completamente anulado.
Esto es especialmente relevante para la representación legal de los activos venezolanos en el extranjero, incluyendo los litigios relacionados con la deuda de la petrolera estatal PDVSA y, sobre todo, con CITGO: una subsidiaria de PDVSA en Estados Unidos que actualmente enfrenta una disputa legal con sus acreedores. Ante nuevas licencias y posibles reestructuraciones, los mercados necesitan saber quién tiene la autoridad legítima para representar al Estado venezolano. La desconfianza en las instituciones controladas por el chavista ha paralizado las enormes inversiones en el sector petrolero venezolano prometidas por Trump a principios de este año.
Los dos terremotos que azotaron Venezuela el 24 de junio, causando miles de muertos y destruyendo la ciudad costera de La Guaira, aumentan la urgencia de la transición. Una encuesta realizada por la consultora local More Consulting tras los terremotos registró el creciente declive de Delcy Rodríguez: su aprobación como jefa de Estado ha caído 30 puntos desde enero, situándose en el 16,2%. Machado, en cambio, no ha perdido popularidad desde febrero, manteniéndose por encima del 45% e incluso subiendo un par de puntos el mes pasado. More Consulting también describe un cambio en el ánimo nacional, que pasó de la esperanza tras la captura de Maduro a la frustración y la preocupación, con muchos ahora definiéndose como «críticos expectantes».
Pero el impacto no solo afecta al control de Rodríguez sobre el poder. Otra consultora local, Poder & Estrategia, descubrió recientemente que la mayoría de los venezolanos ya no percibe el papel de Washington como «tutela», sino como «sumisión», y Estados Unidos está pasando «de héroe a cada vez más cuestionado», según el fundador de la firma, Ricardo Ríos.
Por ahora, Washington se conforma con seguir dirigiendo el país. En un comunicado del 3 de agosto, el portavoz Tommy Pigott celebró las declaraciones del 1 de agosto tanto de la Asamblea, presidida por Figuera, como del gobierno interino, en las que respaldaba los esfuerzos liderados por Venezuela en materia de ayuda tras el terremoto, instituciones democráticas y libertades políticas. Las presentó como un pilar fundamental de su plan de tres fases para la transición a elecciones democráticas.
Lo que podría estar gestándose, entonces, no es simplemente otra ronda de diálogo político. Se trata de un mecanismo híbrido para resolver tres problemas a la vez: el déficit de representación institucional, la compleja situación de los activos externos del país y la preparación para una futura transición electoral que restablezca la democracia venezolana. Si este mecanismo logra alguno de estos objetivos es la pregunta que los negociadores en Caracas —y sus mentores en Washington— comenzarán a responder ahora.
