Vía El Carabobeño
Maestros y trabajadores públicos inician agosto con protestas por la precariedad salarial y el deterioro de los planteles tras los sismos de junio. El sector demanda transparencia en las negociaciones para garantizar el inicio del año escolar
Una nueva ola de protestas reencontró en medio de un panorama incierto a maestros, jubilados y trabajadores públicos en la calle, convocados por la Coalición Sindical Nacional y diversos gremios. Tras la salida de Nicolás Maduro del poder, el país transita un ambiente de tregua política en las alturas, pero de profunda incertidumbre en la cotidianidad.
Reseña la web de El Nacional que, a la crisis económica se suman los estragos visibles de los sismos del pasado 24 de junio, que terminaron de resquebrajar la golpeada infraestructura escolar.
Entre aulas deterioradas por los temblores y docentes golpeados por la precariedad, la ciudadanía empuja para que las negociaciones y la transición no se queden en discursos, sino que respondan a la urgencia de quienes hoy no pueden cubrir la canasta básica.
En las movilizaciones documentadas por el periodista Seir Contreras en redes sociales, la postura gremial y social es tajante: la mesa de diálogo no puede ser una caja negra. En las calles la consigna no deja dudas: no habrá respaldo a pactos firmados «a espaldas de los trabajadores». La transparencia exigida incluye reclamos de fondo —desde la liberación de los presos políticos y el libre acceso a la prensa, hasta la renovación total del CNE para convocar nuevas elecciones presidenciales—. Para los sindicatos, solo la presión de la calle garantizará que estas demandas no terminen traspapeladas en la agenda política.
Emergencia física
Mientras tanto, en las aulas, la emergencia es física y cotidiana. El sistema educativo ya venía fracturado por la fuga de docentes que migraron buscando futuro y por escuelas que se caían a pedazos por falta de presupuesto; hoy, tras los recientes sismos, el panorama en las zonas afectadas es de escombros.
Reabrir las aulas no será cuestión de pintar paredes. En los estados más castigados por los sismos la urgencia inmediata es levantar servicios destruidos y despejar vías de acceso, en el resto del país el colapso es el de siempre: la falta de agua, luz y salarios para enseñar. En medio de denuncias por sueldos suspendidos, amedrentamiento laboral y contrataciones en la intemperie, la reconstrucción del sistema educativo no pasa solo por la infraestructura física, sino por ofrecer condiciones mínimas para que los pocos maestros que quedan no terminen por marcharse. Sin servicios básicos ni sueldos que permitan vivir, no hay pared en pie que sostenga la educación.
Entre el plan gubernamental y las urgencias en el terreno
Ante la magnitud del colapso, la respuesta institucional busca ganar terreno en la opinión pública. El ministro de Educación, Héctor Rodríguez, informó sobre el despliegue de un plan de mantenimiento durante todo el mes de agosto para intervenir mil 500 escuelas y garantizar el inicio del año escolar el 14 de septiembre.
Esta iniciativa se suma a las reuniones con representantes de la Unesco para establecer protocolos de emergencia, reparación edilicia y gestión de riesgos. No obstante, frente al reporte de los despachos oficiales, la realidad en los sectores castigados por los sismos sigue siendo de ruinas; para las familias, el verdadero desafío no se resuelve con fotos en redes ni metas de calendario, sino con respuestas tangibles antes de que se abran las puertas de las aulas.
El desplome del salario
Para los maestros, el verdadero derrumbe ocurrió mucho antes del sismo. Las paredes caídas duelen, pero la grieta que hoy paraliza las aulas es el hambre y un sueldo que la inflación redujo a nada. Se pueden levantar muros con cemento, pero sin salarios dignos no hay escuela posible.
En conversación con El Nacional, Grecia Briceño, docente del estado Carabobo, describió el panorama con el que el magisterio culminó el ciclo escolar:
«Nos vamos de vacaciones, pero obligados a buscar otros oficios para poder comer en la semana. Llevamos años en nuestro propio terremoto: el desplome del salario», relata la docente. Con un sueldo base de apenas 130 bolívares —menos de 20 centavos de dólar— frente a una divisa que supera los 700 bolívares, la realidad es implacable: «Es imposible imaginarse la penuria en la que vivimos».
Briceño advirtió que la acelerada depreciación de la moneda elimina cualquier posibilidad de cubrir las necesidades básicas.
«El dólar sigue subiendo y la economía empeora cada día. Doy gracias a Dios porque mi familia no resultó afectada por los sismos, pero aun así nuestra situación es desesperante. Trabajamos únicamente para sobrevivir».
Entre la precariedad laboral y la demanda de garantías
El testimonio de la docente sintetiza el reclamo de buena parte del sector educativo, que exige el cumplimiento del artículo 91 de la Constitución, el cual establece el derecho a un salario suficiente para cubrir las necesidades básicas del trabajador y su familia.
Para muchos docentes, la recuperación económica dependerá de que cualquier proceso de negociación política produzca resultados concretos para la población.
«Esta situación ya no se aguanta más. Quienes ocupan el poder deben salir, no creemos en sus falsas promesas. Tenemos la esperanza de que esta nueva negociación permita una verdadera transición y una Venezuela libre», afirmó Briceño.
La educadora también expresó su solidaridad con las familias afectadas por los terremotos: «Si quienes no perdimos nuestras casas estamos desesperados, no puedo imaginar cómo estarán quienes lo perdieron todo. Solo me aferro a la esperanza y le pido a Dios que nos ayude a salir de esta crisis».
De la mesa de negociación a las respuestas tangibles
La brecha entre los anuncios oficiales y la realidad que se vive en los colegios va más allá de un reclamo del gremio docente. Un reciente estudio de Meganálisis refleja un clima social dominado por el malestar: la indignación alcanza un 80,2% y la impotencia un 73,8% ante la coyuntura actual.
