Por Sary Levy Carciente
En la economía política contemporánea, a veces resulta útil establecer una distinción entre a Estado propio y un Estado inadecuado. La distinción rastrea la relación de los aparatos del sector público del estado con la productividad y el consentimiento fiscal de su ciudadanía. Cuando un Estado es debidamente responsable ante sus ciudadanos, utiliza los ingresos de los contribuyentes para apoyar funciones que el pueblo aprueba en términos generales. Si se corta ese vínculo tradicional de responsabilidad institucional, se materializa una configuración más patológica en la que el Estado opera de forma independiente, desacoplando su supervivencia estructural de la prosperidad de su pueblo.
El Estado inadecuado mantiene su poder con dos herramientas principales: el control narrativo y el institucional. Este fenómeno ilustra cómo la expansión del Estado y el paternalismo se disfrazan. Bajo la bandera del bienestar social, la planificación pública benévola o la redistribución socialista, el Estado inadecuado invade agresivamente las esferas privadas de la acción humana. Controla la economía, dirige la producción industrial, monopoliza los activos del subsuelo y controla sectores sociales críticos como la educación y la atención médica. Construye una narrativa humanitaria, utilizando este barniz para ocultar un mecanismo estructural depredador.
Con el tiempo, la relación fundamental entre los gobernados y el gobernador sufre una inversión teleológica: el ciudadano pasa de ser un constituyente soberano o una parte interesada a un suplicante de las rentas dirigidas por el Estado, mientras que el Estado pasa de ser un árbitro imparcial a un depredador económico dominante. Este modelo institucional, intrínsecamente ligado a la búsqueda de rentas, altera sistemáticamente los incentivos sociales al reemplazar la dinámica del mercado con la captura burocrática de privilegios.
La verdadera libertad es estructuralmente imposible en estas condiciones porque la autonomía fiscal y administrativa del Estado une al gobernante del consentimiento y la prosperidad de los gobernados.
El poder de las narrativas
Las instituciones no existen en un vacío cultural; se basan, sostienen y legitiman a través de narrativas públicas. Un Estado inadecuado rara vez expone abiertamente su naturaleza depredadora. En cambio, utiliza como arma la retórica política y económica romantizada para capturar la autoridad moral, enmascarando con éxito la extracción estructural bajo la apariencia de benevolencia. En el contexto latinoamericano, este enmascaramiento se ha logrado a través de una estrategia narrativa deliberada y sofisticada diseñada para alterar la percepción pública, erosionar la libertad individual y cimentar el control social total.
Los movimientos de izquierda modernos han abandonado ampliamente los caminos puramente militaristas hacia el poder, optando en cambio por una estrategia Gramsciana de hegemonía cultural. Han aprendido a controlar la política y la economía de una sociedad controlando su lenguaje, educación y narrativas morales. La ideología de izquierda captura sistemáticamente la autoridad moral al posicionarse como el único defensor de “los pobres, ” los marginados,“y ” la justicia social.“ En América Latina, ya sea trazando la trayectoria desde el peronismo tradicional hasta su evolución kirchnerismo en Argentina (que dominaba un binario moral de “nacional y popular” versus élites oligárquicas para justificar la irresponsabilidad fiscal y los controles de mercado), la narrativa cubana culpando al bloqueo por su fracaso sistémico, o las cruzadas explícitas antiimperialistas y socialistas del proyecto bolivariano, estos regímenes cooptan sistemáticamente la historia, cooptan conceptos indígenas como sumak kawsay, y desplegar propaganda financiada por el Estado para ahogar evaluaciones claras de la sombría realidad económica.
Según esta narrativa, cualquier defensa de la libertad individual, la libre empresa o el gobierno limitado se califica agresivamente de insensible, codiciosa o explotadora. Al establecer esta falsa dicotomía moral, las narrativas de izquierda cultivan la expectativa profundamente arraigada del paternalismo estatal. El Estado es elevado a deidad secular, un proveedor compasivo responsable de corregir todos los desequilibrios terrenales. En consecuencia, el marco psicológico del ciudadano sufre un cambio drástico: el deseo de independencia y responsabilidad personal es reemplazado por un sentido de derecho a la distribución dirigida por el Estado.
La inversión de derechos
Para desmantelar los pilares fundamentales de la libertad, las narrativas de izquierda ejecutan una subversión lingüística del concepto de derechos. En una sociedad libre clásica, los derechos son negativos y defensivos: protegen la vida individual, la libertad y la propiedad privada contra la coerción y la depredación estatal. La retórica izquierdista los reemplaza deliberadamente positive social rights, como vivienda garantizada, empleo, atención médica y educación proporcionada directamente por el aparato estatal.
Esta narrativa contiene una trampa peligrosa y oculta. Debido a que el Estado no puede distribuir lo que no extrae primero, la realización de derechos sociales positivos requiere una expansión agresiva del poder estatal. El Estado debe controlar la economía, controlar la producción industrial e implementar impuestos punitivos o incautaciones de activos. La narrativa enmarca esta coerción no como un asalto a la libertad, sino como una victoria moral para la equidad. Al capacitar a la población para que recurra al Estado en busca de una supervivencia básica, el aparato izquierdista transforma al ciudadano de un actor soberano a un suplicante vulnerable. La libertad se intercambia silenciosamente por la ilusión de una seguridad garantizada por el Estado.
Un componente central de la arquitectura narrativa de izquierda es la fabricación perpetua de adversarios internos y externos. Basándose en gran medida en modelos marxistas de guerra de clases, la narrativa de izquierda divide a la sociedad en grupos estáticos, binarios y hostiles: los oprimidos (el proletariado o el pueblo) y los opresores (la burguesía, los empresarios nacionales o los imperialistas extranjeros).
El Estado debe ser desvinculado de su papel de actor económico y depredador de la asignación de rentas, volviendo en cambio a su función teleológica fundamental como garante institucional de un estado de derecho estable.
Debido a que la planificación económica del Estado inadecuado inevitablemente resulta en escasez, inflación o declive económico, el aparato izquierdista se basa en esta narrativa para redirigir la ira pública. Los fracasos sistémicos del intervencionismo estatal nunca se atribuyen al planificador estatal; en cambio, se les atribuye a “especuladores” o “codicia corporativa.” Al utilizar esta narrativa de chivo expiatorio, el Estado justifica nuevas medidas regulatorias, controles de precios y el cierre de mercados. La narrativa actúa como una cortina de humo psicológica, asegurando que incluso cuando el Estado consume activamente la riqueza de la nación y ahoga la innovación, sus electores dependientes la ven como un escudo protector contra la malicia externa.
Una narrativa secundaria y muy eficaz afirma que una regulación intensiva y exhaustiva es una forma de supervisión moral necesaria para proteger al público de la anarquía del mercado. Bajo este escudo narrativo, la proliferación de jurisdicciones superpuestas, leyes contradictorias y trámites regulatorios masivos se defiende como una protección pública rigurosa.
Esta narrativa legitima una arquitectura administrativa que funciona como un impuesto altamente regresivo. Los grandes conglomerados y los monopolios políticamente conectados pueden absorber presupuestos de cumplimiento o asegurar protección regulatoria a través de la proximidad al poder político. Por el contrario, los ciudadanos comunes y las microempresas quedan completamente excluidos de la legalidad. La narrativa de “protección al consumidor” o “justicia social” cubre efectivamente los mecanismos de defensa de una burocracia depredadora y sus élites favorecidas. Al mantener los costos de transacción artificialmente altos, el Estado de izquierda bloquea sistemáticamente la entrada abierta al mercado, condenando a los ciudadanos comunes al exilio financiero, manteniendo al mismo tiempo una narrativa moral que culpa al libre mercado de la pobreza regional.
Las instituciones como anclas dinámicas de la libertad humana
Si las narrativas son el software subyacente de una sociedad, las instituciones son el hardware: las reglas “del juego” que estructuran la interacción humana. La libertad humana no puede sobrevivir como un mero ideal abstracto; requiere un marco institucional sólido y no distorsionador para protegerlo de la depredación estatal arbitraria. La libertad no es un lujo moral; es el motor operativo vital del crecimiento económico.
La piedra angular de un Estado propiamente dicho es la alineación estructural de la supervivencia del Estado con la generación de riqueza de sus individuos. Cuando un marco institucional obliga al Estado a depender estrictamente de sus contribuyentes para sus ingresos, se diseña una relación sana y recíproca. El Estado se ve obligado a actuar como un árbitro imparcial, minimizando los costos de transacción y anclando los derechos de propiedad, porque su propia supervivencia fiscal depende enteramente de la prosperidad de sus ciudadanos.
Por el contrario, cuando las instituciones de izquierda desvinculan al Estado de la ciudadanía, por ejemplo permitiendo el monopolio estatal sobre los recursos del subsuelo o permitiendo rentas externas autónomas, la libertad se ve gravemente socavada. La autonomía financiera desata el aparato estatal del pueblo, transformándolo en un depredador económico dominante que compite activamente contra la iniciativa privada. La verdadera libertad institucional requiere límites constitucionales estrictos que vinculen legalmente al gobernante con el consentimiento y la productividad de los gobernados.
Las instituciones dictan si el talento humano se canaliza hacia la creación o extracción de riqueza. En un entorno con derechos de propiedad seguros y bajos costos de transacción, las personas participan en la innovación schumpeteriana, optimizando la asignación de recursos a través del mecanismo de precios descentralizado. Los precios agregan y transmiten información tácita y localizada sobre la escasez y las preferencias de los consumidores mucho mejor que cualquier comité centralizado.
Cuando las instituciones extractivas reemplazan este orden espontáneo con planificación centralizada, controles de precios y licencias discrecionales, la acción humana individual se pervierte. Las reglas institucionales invierten los incentivos del mercado: la tasa de rendimiento esperada al presionar al Estado para obtener una regulación protectora o un favor de monopolio se vuelve exponencialmente más alta que invertir en nuevas tecnologías o investigación y desarrollo. La competencia real en el mercado se ve asfixiada por la parálisis burocrática, que lleva a los agentes empresariales más vulnerables a la economía sumergida informal como mecanismo defensivo racional contra la arquitectura jurídica excluyente.
La convergencia de las dinámicas económicas, políticas y sociales revela que el Estado inadecuado es un equilibrio extractivo escalofriantemente estable y que se refuerza a sí mismo. Si bien esta resiliencia no surge de la salud interna ni de la prosperidad orgánica, se sustenta con fuerza en la coerción, el miedo y la intimidación sistémica impuestos por el Estado, lo que explica por qué estos sistemas destructivos resultan tan obstinadamente difíciles de erradicar. Crea un entorno institucional donde la riqueza se captura y distribuye infinitamente a través del patrocinio político, pero rara vez se genera a través de la innovación del mercado. Sin embargo, como advirtió Friedrich Hayek El camino a la servidumbre, este descenso depredador al control totalitario nunca podría sostenerse en el tiempo sólo mediante la fuerza bruta; requiere una profunda transformación psicológica y cultural. Aquí es precisamente donde radica la relevancia crítica de las narrativas de izquierda: en su capacidad única de penetrar las fibras más profundas de las sociedades, adormecer el sentido de responsabilidad individual y normalizar la dependencia cultural antes de proceder a capturar el aparato público.
Al enmascarar la expansión desenfrenada del Estado bajo la retórica de la compasión, la igualdad y los supuestos beneficios de la planificación central, estas narrativas capturan con éxito la autoridad moral en el debate público. Se las arreglan para convencer a las mayorías de que la intervención estatal agresiva no es un acto de depredación, sino de protección benévola. Sin embargo, la realidad empírica confirma enérgicamente que la propiedad estatal de la producción y la monopolización de los recursos naturales sirven como la tumba definitiva de la iniciativa privada. La narrativa de izquierda funciona como el vehículo definitivo de penetración porque transforma la psicología misma del ciudadano, convirtiendo a los miembros de la sociedad en defensores ideológicos de exactamente la misma arquitectura que los extrae y los empobrece.
Para alejarse de este laberinto de extracción y avanzar hacia el desarrollo económico sostenible, se requiere una reingeniería estructural del aparato estatal. Desmantelar tanto la burocracia física como el marco discursivo que la protege exige un retorno deliberado al constitucionalismo estricto y a los principios de la teoría liberal clásica y la elección pública (como los propuestos por Ludwig von Mises, Friedrich Hayek o James Buchanan) para limitar permanentemente la alcance del poder político. El Estado debe ser desvinculado de su papel de actor económico y depredador de la asignación de rentas, volviendo en cambio a su función teleológica fundamental como garante institucional de un estado de derecho estable. Esto requiere marcos constitucionales sólidos que protejan los derechos absolutos de propiedad privada, hagan cumplir reglas fiscales estrictas para evitar la discreción ejecutiva y minimicen los costos de transacción. Sólo anclando estas salvaguardias institucionales podrá una economía reemplazar la búsqueda parasitaria del Estadorenta mediada con crecimiento productivo impulsado por la innovación.
Por lo tanto, el camino hacia un Estado adecuado es un requisito estructural fundamental anclado en un gobierno limitado, seguridad jurídica y controles y equilibrios institucionales que sirven como base esencial para la estabilidad a largo plazo y la libertad genuina en última instancia para todos los ciudadanos.
