Por Juan Carlos Sosa Azpúrua
Es una vergüenza que Estados Unidos comprometa sus instituciones, sus leyes y su nombre para asociarse con lo peor de la Venezuela que se pretende superar.
Venezuela despierta de veintisiete años de rapiña sostenida con el estupor de quien sale de una guerra sin haber disparado un tiro: no hay ejércitos vencidos ni ciudades en escombros visibles, pero el país que se asoma al espejo es una ruina funcional.
La industria que financió el siglo XX venezolano, la que pavimentó carreteras, sostuvo universidades y dio nombre internacional a un país pequeño, quedó reducida a un cascarón técnico. Pozos abandonados, refinerías que estallan por falta de mantenimiento, tuberías que se pudren bajo tierra, ingenieros exiliados en Houston, Bogotá y Madrid, y una curva de producción que, en su punto más bajo, convirtió al otrora principal exportador de crudos del planeta en un país que debía importar combustible para mover sus propios vehículos.
No es exageración retórica: es contabilidad. De los más de tres millones de barriles diarios que Venezuela producía antes de que la política decidiera sustituir la meritocracia petrolera por la lealtad partidista, se descendió a cifras que en algunos meses no alcanzaban ni una décima parte de esa capacidad histórica.
La destrucción no fue un accidente. Fue una política deliberada. Antes de enero de 2003, PDVSA, con todos sus defectos de empresa estatal, era una corporación respetada, con cuadros gerenciales formados en las mejores escuelas del mundo y una cultura operativa que garantizaba continuidad. El paro petrolero de ese año y el despido subsiguiente de más de veinte mil trabajadores calificados no fue una depuración: fue una amputación y una decapitación que terminó en muerte.
Se sustituyó el conocimiento acumulado por el carné partidista, y desde entonces cada eslabón de la cadena: exploración, producción, refinación, mantenimiento, comercialización, se fue degradando bajo el peso combinado de la corrupción, el saqueo sistemático y la ausencia total de reinversión.
A esa aniquilación técnica se sumó otra, silenciosa pero igual de letal: la desaparición de todo marco institucional confiable. Hoy, no existe seguridad jurídica, no hay tribunales independientes que diriman disputas contractuales con credibilidad internacional, no hay agencia reguladora autónoma, no hay estadísticas verificables. Un inversionista que llega a Venezuela no encuentra un Estado con reglas: encuentra un vacío que cada funcionario llena a discreción.
El resultado de ese colapso fue un país que, teniendo las reservas probadas más grandes del planeta, terminó produciendo apenas para sostener compromisos ajenos. El grueso de lo poco que salía de los pozos petroleros en los últimos años no financiaba escuelas ni hospitales: pagaba deuda con Chevron, la única petrolera estadounidense que soportó dos décadas de sanciones sin marcharse. Y alimentaba los acuerdos petroleros suscritos con China para saldar un financiamiento cuya cifra exacta nadie en Venezuela puede precisar con certeza, pero que se cuenta en decenas de miles de millones de dólares. Un país productor convertido, de facto, en una hacienda hipotecada cuya cosecha ya tenía dueño antes de sembrarse.
En ese contexto llega, este año, la reforma de la Ley Orgánica de Hidrocarburos, aprobada de forma unánime por un parlamento controlado por el chavismo y presentada como la puerta de entrada a la inversión privada que el país necesita con desesperación. Es, hay que decirlo con honestidad intelectual, un paso necesario: permite que empresas privadas operen bajo contratos de gestión integral, amplía las modalidades de comercialización directa y reconoce, aunque sea de forma tímida, que el modelo estatista agotó su capacidad de sostener la industria.
Pero un cambio legal no basta para resucitar la confianza, y ahí está el primer problema serio: las grandes petroleras internacionales: ExxonMobil, ConocoPhillips, las que pagarían mejor, traerían mejor tecnología y firmarían contratos más transparentes, no van a llegar en una primera etapa. No pueden. Fueron confiscadas en 2007 por decisión del tirano venezolano, arrastran indemnizaciones pendientes que aún se litigan en tribunales internacionales, y le rinden cuentas a accionistas dispersos por el mundo entero que exigen seguridad jurídica antes que promesas.
Ninguna junta directiva seria autoriza el regreso de capital a un país sin tratados de protección de inversiones vigentes y sin certeza sobre si la próxima reforma legal no revertirá la anterior.
Quedan, entonces, los operadores independientes y las empresas medianas: Marathon, Valero, entre otras, que sí muestran disposición a entrar, atraídas por el tamaño del premio geológico, pero que desconocen por completo el terreno: no conocen la Faja, no conocen los vicios operativos heredados, no conocen cómo se negocia con una burocracia que aprendió a monetizar cada firma. Es un terreno fértil para el error y, peor todavía, para el abuso.
Y es en ese terreno donde ocurre lo inexplicable. De todas las opciones disponibles para liderar la reactivación, Estados Unidos y el régimen interino de Delcy Rodríguez (“DR”) escogieron entregar la concesión más ambiciosa jamás firmada en la historia petrolera mundial (cien años, diecisiete yacimientos, sesenta y cinco mil millones de barriles, casi una quinta parte de las reservas probadas del país) a North American Blue Energy Partners, la empresa maletínica de Alejandro Betancourt López.
El mismo Betancourt cuyo grupo, Derwick Associates, es sinónimo en la memoria colectiva venezolana de sobreprecios del ciento treinta y ocho por ciento en contratos eléctricos que entregaron apenas una quinta parte de la capacidad prometida y que contribuyeron, de manera directa, al colapso del sistema eléctrico nacional que todavía hoy apaga ciudades enteras.
Se trata de un sujeto señalado durante años en investigaciones por lavado de capitales en Suiza, España y Estados Unidos; causas que, es cierto, no derivaron en condena (todavía), pero que retratan con precisión el ecosistema del que proviene, convertido de la noche a la mañana en socio estratégico del gobierno de Washington para administrar el activo más valioso de Venezuela, con Estados Unidos quedándose, además, con el treinta y cinco por ciento accionario de la matriz de esa empresa.
Esto no es un error de comunicación ni un descuido protocolar. Es una decisión deliberada que solo puede explicarse desde una visión total de cinismo político, alterada por una ausencia absoluta de ética y de sentido del decoro.
No deja de resultar grotesco que, mientras ese mismo gobierno estadounidense pasaba meses destruyendo lanchas en el Caribe bajo la premisa de combatir al Cartel de los Soles, firmara en paralelo el convenio petrolero más importante del hemisferio con uno de los empresarios más emblemáticos de la opacidad chavista.
Poner al Pentágono, al Departamento del Tesoro y al despacho oval a asociarse con ese entorno no transmite a los mercados internacionales el tipo de confianza que se necesita para que el capital serio empiece a ver a Venezuela como una opción viable.
Transmite lo contrario: que en este país las reglas siguen siendo las de siempre, solo que ahora con membrete en inglés. Una empresa nacida del cruce entre hampones del sector privado y hampones del sector público no es material fundacional para el renacimiento de un país: es la continuación del mismo cáncer que lo destruyó, ahora con sello de garantía extranjera.
La historia ofrece espejos útiles para pensar esto. Cuando Estados Unidos construyó su alianza petrolera con Arabia Saudita en los años cuarenta, el vehículo no fue un testaferro cortesano del rey: fue la Standard Oil de California, una empresa con historial técnico comprobado, gobernanza corporativa auditable y accionistas que exigían transparencia.
De esa relación nació Aramco, y de Aramco nació, con el tiempo, la columna vertebral técnica que permitió a Arabia Saudita nacionalizar de manera gradual su industria sin destruir su capacidad operativa, porque para cuando llegó la nacionalización ya existían cuadros sauditas formados dentro de un sistema meritocrático.
Noruega hizo algo parecido en sentido inverso: construyó Statoil bajo un régimen de transparencia radical, con un fondo soberano cuyas cuentas cualquier ciudadano puede auditar.
El contraste con lo que ocurre hoy en Venezuela no podría ser más elocuente: en lugar de construir instituciones, se está premiando a quienes las destruyeron.
Hay, en todo esto, algo que la mitología griega describió mejor que cualquier informe económico. Lo que se le presenta a Venezuela como el caballo de Troya de su rescate: un obsequio monumental, envuelto en la retórica de la alianza y la prosperidad compartida, bien podría estar cargado, en su vientre, de la misma tropa que ya saqueó la ciudad una vez. Los troyanos también quisieron creer que el caballo era un regalo de paz.
Y hay, además, una tarea pendiente que recuerda al quinto trabajo de Heracles: limpiar los establos de Augías, aquel rey cuyo ganado llevaba treinta años produciendo estiércol sin que nadie lo removiera. Heracles no lo logró contratando a los pastores de Augías para que limpiaran su propio desastre: desvió el cauce de dos ríos y arrasó con todo.
Venezuela necesita algo parecido: una fuerza capaz de remover décadas de inmundicia acumulada. Pero no. Se nos ofrece que los mismos pastores, con nuevo uniforme, sigan administrando el establo.
Conviene también rescatar un mito propio, americano y no helénico: el de El Dorado, la ciudad de oro que generaciones de conquistadores buscaron sin encontrarla jamás, porque la codicia que los movía terminaba siempre por corromper la propia búsqueda. Venezuela ha sido, durante más de un siglo, El Dorado real que el mito imaginario nunca fue: un país sentado sobre un océano de petróleo. Y como en la leyenda, cada vez que alguien se ha acercado a esa riqueza movido por la codicia y no por la construcción, el oro se ha convertido en maldición.
El acuerdo con NABEP es la versión más reciente de esa maldición, disfrazada esta vez de alianza geopolítica.
Que un país plagado de mafias y desprovisto de instituciones no pueda transformarse de la noche a la mañana es una obviedad que cualquier persona razonable acepta: el proceso de reconstrucción institucional lleva años, a veces generaciones. Pero porque el camino es largo, la selección de quién lo encabeza importa más, no menos.
Existiendo en Venezuela y en su diáspora abundante talento técnico, gerencial y jurídico capaz de conducir un proceso de esta envergadura, no resulta justificable que la punta de lanza de la reactivación petrolera sea una empresa de maletín, registrada en Barbados, con escasa información pública, presidida por alguien cuya trayectoria conocida es la de extraer a «mano armada» riqueza pública, no la de crearla.
Si lo que se buscaba era aprovechar los yacimientos que esa empresa controlaba de facto, existía una alternativa mucho más limpia: crear una entidad nueva, con gobernanza transparente, que adquiriera la infraestructura y desmantelara por completo los cuadros directivos de la empresa original.
Si el innombrable tirano venezolano pudo hacerlo, de manera arbitraria y sin indemnizar, con Exxon y ConocoPhillips, con mucha mayor razón podía hacerse, con las debidas compensaciones legales, con la empresa de quien ha representado durante dos décadas todo lo que saqueó al país.
Es una vergüenza que Estados Unidos comprometa sus instituciones, sus leyes y su nombre para asociarse con lo peor de la Venezuela que se pretende superar. Y la retórica de la actual administración estadounidense no ayuda: presentar como socio confiable y “gran empresario” a quien dejó a oscuras a un país entero, no es solo una inconsistencia moral. Es una señal peligrosa para los sectores empresariales, profesionales y académicos que a largo plazo podrían convertirse en socios confiables de una reconstrucción real.
Durante años Venezuela fue destruida porque las reglas fueron sustituidas por relaciones. Las licitaciones por adjudicaciones. La competencia por cercanía. El mérito por acceso. La institución por el intermediario. Si la reconstrucción comienza reproduciendo ese método, habremos aprendido muy poco.
Y aquí aparece una objeción legítima. Si aceptamos que Estados Unidos conserve de manera provisional a DR dentro del aparato estatal venezolano, ¿con qué autoridad cuestionamos que Washington utilice a Betancourt?
Respuesta: son dos problemas distintos. La permanencia provisional de DR puede comprenderse como una decisión de ingeniería política. Después de veintisiete años, el chavismo controlaba fuerzas armadas, carteles de droga, policías, ministerios, tribunales, gobernaciones, empresas públicas y buena parte de los mecanismos reales de coerción del Estado. Y nada de eso desaparece porque desaparezca un “presidente”.
Una transición responsable debe distinguir entre desmontar un régimen y destruir el Estado. Las transiciones reales rara vez comienzan sobre una página en blanco. En ocasiones necesitan utilizar por un tiempo perentorio las piezas del sistema anterior y así evitar un vacío mientras se construyen las instituciones que habrán de sustituirlas.
No hace falta admirar a DR para comprenderlo. Ni absolverla de sus responsabilidades en los crímenes atroces del chavismo. El pragmatismo consiste en aceptar una solución indeseable cuando la alternativa razonable puede ser peor.
En cambio, Betancourt representa una categoría diferente. No es indispensable para preservar la cadena de mando. No controla las fuerzas de fuego. No administra ministerios. No controla la policía. No constituye una estructura cuya desaparición pueda provocar una lucha entre facciones. Es un vulgar “empresario” de maletín que usó las peores prácticas mercantiles para burlarse de Venezuela, mientras se enriquecía de manera ilícita. Es una especie de operador harto conocida en los anales del crimen y las historias que explican por qué las naciones se van por el despeñadero.
Empresarios de verdad existen miles. Operadores petroleros existen. Ingenieros existen. Fondos existen. Capital existe. DR pertenece al problema político que heredamos. En cambio, el “bolichico” pertenece a una decisión económica que Estados Unidos está tomando ahora, empañando con eso la reputación de sus propias instituciones.
No confundamos pasado con futuro. DR puede ser un instrumento necesario para desmontar un régimen. Betancourt constituye una elección para hacer negocios. Y las elecciones revelan valores. Un puente puede ser estrecho, desagradable e imperfecto. Si es el único que permite atravesar un precipicio, se utiliza. Nadie concluye por eso que debe construir su casa encima. Eso puede ser DR: un puente. Betancourt no es el puente. La cuestión es si se pretende convertirlo en uno de los beneficiarios de la tierra situada al otro lado. Ésa es la frontera entre pragmatismo y cinismo.
Desde el cambio político del tres de enero, la inflación no ha cedido y las condiciones de vida no mejoran para nadie que no pertenezca al reducido círculo de siempre. Eso no es reactivación económica: es el mismo modelo extractivo de las últimas décadas, con nuevos intermediarios internacionales.
Si de verdad se quiere reactivar el sector petrolero venezolano, y hay motivos legítimos para creer que Estados Unidos puede ser la chispa que lo permita, el camino no es beneficiar a las mafias que facilitaron su destrucción ni adecentar la imagen de delincuentes públicos y notorios.
El camino es trazar un mapa de desarrollo con reglas claras: un régimen concesionario abierto a licitación pública y competitiva, con lapsos de duración prudentes y con criterios técnicos verificables y no discrecionales; una agencia reguladora independiente del Ejecutivo, con capacidad real de fiscalización; tribunales de arbitraje internacional reconocidos como mecanismo por defecto para las disputas contractuales, no como excepción; un fondo soberano de ingresos petroleros gestionado bajo estándares de transparencia comparables a los de la Iniciativa para la Transparencia de las Industrias Extractivas, con auditorías externas publicadas; y una exigencia mínima innegociable: historial operativo comprobable, estructura accionaria pública, sometimiento a las leyes anticorrupción del país de origen del capital para cualquier operador, grande o pequeño, que aspire a tocar una gota del crudo venezolano.
Ese modelo permitiría lo que se necesita en esta primera etapa: que operadoras medianas como Marathon o Valero, sin el prestigio de las majors pero con historial limpio, entren de la mano de socios técnicos locales auditados, bajo contratos de servicio transparentes, mientras se reconstruye la confianza necesaria para que las grandes petroleras regresen.
Sin embargo, me niego a ceder al fatalismo. Cuando Pandora abrió la caja que contenía todos los males del mundo, lo último que quedó en el fondo, después de que escaparan la enfermedad, la codicia y la guerra, fue la esperanza. Venezuela ha abierto ya su propia caja: ha visto salir la corrupción institucionalizada, la componenda entre Estado y hampa, la simulación de reforma.
Pero en el fondo persiste algo que ningún “bolichico” ha logrado destruir del todo: una generación de venezolanos formados, honestos y capaces, dentro y fuera del país, que conoce el sector petrolero, que sabe cómo se construye una industria seria, y que está esperando que se le abra un espacio real. Ese talento existe.
La geología está de nuestro lado, como lo ha estado siempre. Lo único que falta es la decisión política de escoger, por una vez, a los constructores en lugar de a los saqueadores. Si Estados Unidos y Venezuela logran corregir el rumbo de este acuerdo, y todavía están a tiempo de hacerlo, el petróleo venezolano puede volver a ser lo que fue: no la maldición de El Dorado, sino la base material de un país que por fin decide reconstruirse sobre cimientos de piedra y no de lodo.
La riqueza que vuelva a salir de nuestra tierra debe servir para construir un país, no para fabricar otra generación de privilegiados. Penélope tejía durante el día y deshacía durante la noche. Durante años su obra avanzaba y retrocedía sobre el mismo telar. Venezuela ha hecho algo parecido. Generaciones enteras construyeron instituciones, empresas, universidades, infraestructura y una sociedad moderna. Después pasamos años destejiéndolas. Hilo por hilo. Empresa por empresa. Institución por institución. Familia por familia. Hasta que casi pudimos ver el telar desnudo.
Pero la historia de Penélope contiene una enseñanza que solemos olvidar. Lo que ha sido destejido puede volver a tejerse. No igual, ni repitiendo los errores del primer dibujo. ¡Mejor!
Venezuela todavía posee la tierra, el petróleo, una extraordinaria reserva de talento dispersa por el mundo. Y, tras todo lo vivido, poseemos algo que no teníamos: la memoria del precio que se paga cuando las instituciones fracasan. Quizá ése sea nuestro activo más valioso.
El petróleo sigue allí y el país también.
Volvamos a tejerlo.
