Durante buena parte de la historia reciente venezolana, discutir sobre el petróleo era discutir sobre el Estado. La nacionalización de 1976 consolidó una concepción determinada del poder público, ligada a la industria petrolera. A partir de ahí, cualquier discusión sobre la reducción del papel empresarial del Estado se convertía en una impugnación de la soberanía nacional.
Por: Walter Molina Galdi – Politiks
María Corina Machado construyó buena parte de su trayectoria política en contra de esa premisa.
Machado ha defendido la propiedad privada, cuestionando al Estado empresario en un ambiente político en el que ello significaba nadar a contracorriente. Su enfrentamiento con Hugo Chávez en la Asamblea Nacional en 2012, resumido en la frase “expropiar es robar”, ocurrió cuando el Estado todavía disponía de una enorme capacidad fiscal, PDVSA era utilizada como uno de los principales instrumentos de expansión del poder y el chavismo defendía abiertamente la subordinación política de la petrolera.
La expresión más cruda de esa concepción había surgido algunos años antes. En noviembre de 2006, Rafael Ramírez, entonces ministro de Energía y Petróleo y presidente de PDVSA, exigió públicamente el compromiso político de sus trabajadores con la revolución y proclamó una PDVSA “roja, rojita”. Dos décadas después, esa discusión tiene un significado distinto. La producción venezolana, que superaba los tres millones de barriles diarios a finales de los años noventa, entró en un colapso que la llevó a alrededor de 360.000 barriles diarios en 2020. La Administración de Información Energética de Estados Unidos (EIA) ha identificado, entre las causas acumulativas, la falta de mantenimiento, el deterioro financiero de PDVSA, la pérdida de personal, los problemas eléctricos y, en una etapa posterior, el impacto de las sanciones estadounidenses.
La discusión que Machado planteaba cuando el Estado petrolero todavía parecía inexpugnable puede leerse ahora desde otro lugar: qué debe hacer el Estado venezolano con el petróleo y, sobre todo, qué debe dejar de hacer.
Instituciones y privatización
La respuesta más sistemática aparece en Venezuela Tierra de Gracia, el programa presentado por Machado en 2023, un proyecto general de transformación económica y política que sitúa la energía dentro de una estrategia más amplia de reinserción de Venezuela en los mercados internacionales.
Parte de la premisa de que el Estado venezolano carece del capital necesario para reconstruir por sí mismo una industria que requiere inversiones por decenas de miles de millones de dólares. La propuesta consiste en atraer inversión privada y transferir progresivamente actividades productivas al sector privado.
Se trata de un diseño institucional que pretende modificar la relación entre la propiedad de los recursos, la operación de la industria y el poder del Estado. El Estado no necesita operar directamente un pozo para capturar la renta que produce; puede hacerlo mediante regalías, mientras traslada el capital, el riesgo y la operación a empresas privadas.
En marzo de 2025, Machado presentó ante ejecutivos de empresas de energía reunidos en Houston una propuesta para una industria que aspira a ser gestionada por el sector privado, mientras que el Gobierno se concentraría en actuar como regulador. El desarrollo técnico del modelo extendía la participación privada a la exploración, la producción, la refinación, la comercialización y la infraestructura, con acceso a los activos mediante mecanismos competitivos.
María Corina planteó reducir drásticamente el tamaño y las funciones de PDVSA, transferir progresivamente actividades al sector privado y crear una agencia de hidrocarburos independiente y autónoma. También proyectó que Venezuela podría alcanzar los cinco millones de barriles diarios en una década, para lo cual estimó inversiones por cerca de 150.000 millones de dólares.
Un Estado que regula sin producir
El núcleo institucional del modelo consiste en separar funciones que durante décadas se habían concentrado. El Ministerio de Energía y Petróleo mantiene la definición de la política pública. Una agencia independiente de hidrocarburos ejerce funciones técnicas y regulatorias. Las empresas compiten, invierten y operan. El Estado captura renta mediante el régimen fiscal y las regalías.
“El Estado debe dejar de ser al mismo tiempo ‘juez y parte, operador y fiscalizador’ para convertirse en “un regulador serio’”, resumió Machado.
La distinción tiene antecedentes en otros sectores regulados y responde a un problema clásico de diseño institucional. Cuando el Estado participa comercialmente en una industria y, simultáneamente, determina las reglas bajo las cuales compiten los demás operadores, surgen incentivos para favorecer al actor estatal, modificar las condiciones y politizar decisiones que deberían responder a criterios técnicos.
La propuesta de Machado busca sustituir esa relación jerárquica por una relación contractual.
Eso también explica la importancia que se le atribuye a las licitaciones públicas y abiertas. El acceso a los recursos no debería depender de una decisión discrecional del Ejecutivo, sino de reglas publicadas previamente, competencia entre interesados, requisitos técnicos y financieros y resultados susceptibles de escrutinio. La privatización, en este diseño, no equivale a sustituir un monopolio público por relaciones privilegiadas entre el poder político y determinadas compañías. Supone, al menos en el plano normativo, despersonalizar la asignación de derechos económicos.
Ese es probablemente uno de los componentes más liberales (en el sentido institucional del término) de la propuesta: no basta con reducir el Estado; es necesario reducir su discrecionalidad.
El costo económico de la fragilidad institucional
El segundo componente del modelo es el financiero.
Un yacimiento petrolero constituye un activo específico. Una petrolera puede retirar futuras inversiones, pero no puede llevarse consigo un pozo.
Eso crea uno de los problemas clásicos de la economía política de las industrias extractivas: después de realizada una inversión irreversible, un gobierno tiene incentivos para alterar los impuestos, las regalías, las condiciones operativas o los derechos de propiedad. El inversionista anticipa ese riesgo e incorpora ese riesgo a su tasa de retorno exigida. El riesgo institucional acaba convirtiéndose en un costo financiero.
Por eso la propuesta de Machado dedica tanto espacio a la estabilidad fiscal, al respeto de los contratos y al arbitraje internacional. En CERAWeek sostuvo que Venezuela necesita instituciones capaces de garantizar el cumplimiento de las reglas, incluso ante cambios de gobierno.
Un país con menor riesgo institucional puede financiar proyectos a una tasa de descuento más baja. Una tasa menor vuelve rentables proyectos que, con un riesgo político elevado, no lo serían. Más proyectos económicamente viables amplían la inversión posible.
También es la razón por la cual el plan contempla contratos de largo plazo, mecanismos internacionales de solución de controversias y la posibilidad de que los operadores registren en sus libros reservas atribuibles a sus derechos contractuales sobre los proyectos. Para una petrolera internacional no es un asunto menor; el volumen de reservas que puede reconocer contablemente forma parte de la valoración de sus activos y pesa en sus decisiones de inversión de largo plazo.
La Venezuela post PDVSA
La propuesta de Machado y su equipo consiste en reducir el monopolio del petróleo y transferir progresivamente las operaciones de PDVSA a actores privados.
Durante décadas Venezuela intentó maximizar su soberanía energética mediante un control estatal directo. Machado propone maximizarla mediante instituciones capaces de administrar el recurso de manera competitiva.
El resultado sería un Estado más pequeño, pero no necesariamente menos capaz de capturar renta. Regalías e impuestos sustituirían progresivamente los dividendos, las transferencias y los mecanismos parafiscales provenientes de PDVSA. La discusión deja entonces de centrarse en cuánto petróleo controla directamente el Estado y pasa a centrarse en qué proporción de la renta puede capturar sin destruir los incentivos para invertir.
Ese equilibrio explica el cuarto pilar del modelo: un régimen fiscal “competitivo y estable” que remunere el riesgo privado y, simultáneamente, asegure ingresos justos para Venezuela cuando los precios aumenten.
Mucho más que petróleo
Venezuela Tierra de Gracia propone convertir al país en un hub energético de las Américas. Eso supone inversiones en petróleo, pero también en gas, en energía eólica y solar e incluso en el desarrollo del hidrógeno.
La lógica consiste en aprovechar la ventana todavía abierta para los hidrocarburos y, simultáneamente, reconstruir una matriz energética diversificada.
El gas cumple, en ese esquema, una doble función. Puede convertirse en producto de exportación y en materia prima industrial, pero también resolver problemas internos: generación termoeléctrica, petroquímica y expansión del suministro domiciliario por tuberías.
La reconstrucción petrolera requiere cadenas de valor integradas, electricidad suficiente, puertos operativos, seguridad jurídica y seguridad personal. Esto sitúa la política energética dentro de una estrategia de desarrollo, en lugar de asumir que la recuperación de la producción petrolera generará automáticamente la reconstrucción nacional.
Buena parte del modelo económico del último medio siglo descansó precisamente sobre la causalidad inversa: recuperar o aumentar la renta petrolera para que el Estado financiara desde arriba al resto de la economía.
La democracia como infraestructura económica
La discusión petrolera venezolana ha tendido históricamente a separar las instituciones de la producción. Primero se consigue inversión, se recuperan pozos y se aumenta el bombeo; después puede resolverse la política. La tesis de Machado invierte esa secuencia.
Su argumento es que la calidad institucional constituye una condición para la recuperación económica. Una inversión petrolera comprometida durante décadas requiere una expectativa razonable de que las reglas perduren tras el gobierno que las firma.
El planteamiento reapareció después del “gran acuerdo petrolero” anunciado entre Washington y las autoridades interinas (e ilegítimas) encabezadas por Delcy Rodríguez. La objeción de Machado se centró en las condiciones institucionales bajo las cuales deben realizarse inversiones de semejante escala.
Cuanto más dependan los contratos de la voluntad de quien ocupa temporalmente el poder, mayor será el riesgo de que el siguiente gobierno los revise; cuanto más dependan de instituciones legítimas, reglas generales y mecanismos independientes de resolución de controversias, mayor debería ser su capacidad para sobrevivir a la alternancia.Su respuesta se enfoca en modificar las instituciones que hicieron posible esa concentración: separar regulador y operador, abrir la industria, atraer capital, someter la asignación de activos a la competencia y colocar contratos y derechos bajo reglas capaces de sobrevivir a los gobiernos.
La propuesta petrolera de María Corina Machado forma parte de una concepción sobre qué Estado debería existir después de la transición: uno menos empresario y discrecional, pero institucionalmente más fuerte; con menos activos bajo administración directa, pero mayor capacidad regulatoria; capaz de atraer capital sin subordinarse a él y de capturar renta sin convertirse nuevamente en el centro de toda la economía.
