En los últimos días hemos observado con atención las vistas presupuestarias en la Comisión de Presupuesto de la Asamblea Nacional. Un espacio en el que ministros, directores y responsables de instituciones comparecen para defender sus propuestas de presupuesto para 2027, explicar sus necesidades y solicitar, en algunos casos, los traslados de partidas que permitan cerrar administrativamente el año 2026.
Es, en teoría, uno de los momentos más importantes del ejercicio democrático. Allí se discute cómo se utilizarán los recursos públicos, cuánto dinero recibirá cada institución y, sobre todo, qué piensa hacer cada una con los recursos que provienen de los impuestos y del esfuerzo de todos los panameños.
Pero hay algo que inevitablemente llama la atención. Una de las características más habituales de estas sesiones es la confrontación. Preguntas que muchas veces buscan explicaciones necesarias y legítimas, pero que en otras ocasiones parecen partir de una premisa distinta, que detrás de cada funcionario, de cada partida y de cada cifra existe necesariamente algo que debe ser cuestionado.
Hemos visto desde discusiones sobre salarios y dietas, hasta el reclamo entre comisionados por algunas preguntas. Es correcto que la ciudadanía conozca cómo se utilizan los recursos públicos. Lo que resulta preocupante es cuando la fiscalización deja de ser una herramienta para entender y mejorar la administración pública y comienza a convertirse en un ejercicio permanente de desconfianza. Porque una cosa es fiscalizar y otra muy distinta es sospechar.
La primera es una obligación democrática. La segunda puede terminar convirtiéndose en una forma de hacer política.
Para el ciudadano común, estas vistas presupuestarias deberían representar algo mucho más sencillo, la posibilidad de saber en qué se gastará su dinero. Deberían permitirle entender por qué una institución necesita determinado presupuesto, qué resultados espera alcanzar y cómo se medirá que esos recursos fueron utilizados correctamente. Inclusive, cuestionar a aquellas instituciones que no dan respuestas oportunas a los ciudadanos mediante su labor.
El debate debe servir para corregir, mejorar, eliminar gastos innecesarios y exigir resultados.
Hay familias esperado oportunidades, jóvenes buscando empleo, ciudadanos preocupados por el costo de vida y sectores completos esperando que el Estado sea capaz de dar respuestas.
En ese contexto, cada balboa del presupuesto importa. Pero precisamente por eso debemos elevar el nivel de la discusión y los resultados que se obtengan. El debate requiere pedagogía, explicaciones directas para que los ciudadanos puedan exigir eficiencia. Administrar bienes públicos no es una tarea sencilla. Gobernar implica tomar decisiones, establecer prioridades, ejecutar proyectos y asumir responsabilidades. Fiscalizar esa gestión es todavía más complejo, porque no basta con preguntar cuánto se va a gastar. Hay que preguntar qué se va a lograr con ese dinero y quienes serán los verdaderos beneficiados.
El problema no es que una institución solicite un traslado de partida. El problema sería que no pueda explicar con claridad por qué lo necesita y para qué será utilizado.
La Comisión de Presupuesto no es un juzgado ni un escenario para condenar o absolver. Es un espacio vital de uno de los órganos del Estado y, como tal, debe cumplir con su responsabilidad de fiscalizar, cuestionar y defender, por encima de cualquier interés particular, los recursos y los intereses del pueblo panameño. Porque cada dólar que allí se discute no pertenece a un funcionario ni a una institución, pertenece al pueblo panameño.
No quería cerrar esta columna, sin recordar a quien ha fallecido esta semana, Juan Vene, el mejor cronista en español del beisbol y lo honro con una de sus frases…
“Gracias a la vida que me ha dado tanto, incluso un lector como tú”….
Por: Carlos Fernández – La Estrella
