En cuestión de días, las elecciones se han convertido en un tema recurrente en Venezuela y Washington. La semana pasada, durante su intervención en la Asamblea General de la ONU, la presidenta interina Delcy Rodríguez prometió celebrar elecciones en el momento oportuno , y el presidente Donald Trump admitió que habían abordado el tema durante su primer encuentro en el marco de la cumbre internacional. Antes de estos acontecimientos, los legisladores Ted Cruz y Bernie Moreno habían estado presionando para que se celebraran elecciones libres y justas, y se prevé que el jueves el Comité de Relaciones Exteriores del Senado revise el asunto en una reunión a puerta cerrada.
Por: Benigno Alarcón – Americas Quarterly
Si bien el anuncio y el reconocimiento público de la necesidad de celebrar elecciones en Venezuela pueden parecer alentadores para la tan anhelada transición democrática, falta una pieza clave en la ecuación: el compromiso del gobierno de Trump de establecer un calendario electoral.
El plan de tres fases que el secretario de Estado Marco Rubio dio a conocer en enero —estabilización, recuperación y transición— nunca incluyó fechas, y Trump no fijó una fecha para las elecciones en la reunión de la ONU celebrada la semana pasada. La falta de una hoja de ruta clara y verificable para celebrar elecciones en el país se está convirtiendo en una prueba que se reduce a una sola pregunta: ¿Está Washington dispuesto a establecer un calendario electoral cuando hacerlo puede entrar en conflicto con sus intenciones económicas y estratégicas más inmediatas?
Casi diez meses después de la captura de Nicolás Maduro, Estados Unidos sigue ejerciendo una influencia extraordinaria y sin precedentes sobre Venezuela. Esta influencia moldea no solo las acciones del régimen, sino también las de la oposición organizada. Sin embargo, persisten las contradicciones: mientras Washington patrocina un diálogo político entre la oposición y el régimen —con una tercera ronda de conversaciones prevista para mediados de octubre—, la líder política María Corina Machado lucha por regresar al país tras siete intentos fallidos, en medio de la reticencia de Estados Unidos a facilitar su regreso. Sin un calendario electoral definido, cualquier avance en las negociaciones en curso solo consolidará lo que ahora parece una estabilidad frágil y esquiva.
Progreso asimétrico
El plan estadounidense avanza, pero con un compromiso notablemente asimétrico. Las dos primeras fases se están implementando mediante instrumentos verificables: licencias, contratos, fondos auditados por KPMG, un préstamo del BID en preparación, un controvertido proceso de reestructuración de deuda de entre 150.000 y 200.000 millones de dólares que aún no ha comenzado formalmente y, más recientemente, el » mayor acuerdo petrolero de la historia mundial » que involucra a una operadora petrolera poco conocida con sede en Barbados, North American Blue Energy Partners (NABEP), propiedad del controvertido empresario venezolano Alejandro Betancourt.
La tercera fase se está implementando mediante declaraciones, no mediante compromisos firmes. Lo que le importa a Washington está estipulado en contratos; lo que les importa a los venezolanos solo se ha prometido.
Washington reconoce que no hay fecha límite para las elecciones, y el régimen ha llenado el vacío a su manera. Jorge Rodríguez, presidente de la Asamblea Nacional, anunció, con cierto cinismo, cuatro elecciones, con la presidencial al final de la lista. Algunos temen, con razón, que la intención del régimen —jugar y utilizar “el marco temporal establecido por la Constitución”— apunte al calendario electoral ordinario, bajo el cual un gobierno electo —lo cual no es el caso— bien podría extender su mandato hasta 2031.
Como demuestra la obra fundamental de Thomas C. Schelling sobre conflicto y cooperación mediante el análisis de la teoría de juegos —en su libro La estrategia del conflicto (1960)—, un compromiso es creíble cuando es visible, costoso de revertir y conlleva consecuencias automáticas. Washington ha evitado estas tres condiciones en la fase política porque fijar una fecha límite lo obligaría a castigar a un socio útil. Sin una fecha, el tiempo juega a favor del régimen. El Acuerdo de Barbados ya demostró en 2023 cómo terminan los compromisos sin costos automáticos por incumplimiento.
¿Una falacia de secuenciación?
El diálogo negociador ha dado algunos resultados. La segunda ronda concluyó el 25 de septiembre con la creación de un consejo de juristas de siete miembros que evaluará a los candidatos al Tribunal Supremo y el compromiso de nombrar a la comisión que iniciará el proceso de selección. Se trata del primer paso que involucra a personas concretas, pero no es decisivo: su dictamen no es vinculante, la decisión recae en una Asamblea Nacional afín al gobierno, y cuatro de sus miembros ya han ejercido como jueces.
La tercera vuelta, prevista para mediados de octubre, carece de agenda pública. Hasta ahora, lo que se está logrando tiene un costo mínimo, mientras que lo que transferiría el poder real se está posponiendo: decisiones relacionadas con la autoridad electoral, el calendario electoral, los presos políticos y el retorno de los exiliados. En mi último libro, Conflicto y negociación , sostengo que en los regímenes autoritarios, la negociación se convierte en un instrumento para ganar tiempo. Lo novedoso es que esta táctica también beneficia al actor que supervisa el proceso actual. La negociación absorbe la presión del Congreso, la diáspora y los aliados, mientras Washington avanza en sus objetivos.
La estrategia estadounidense de fortalecer la capacidad estatal como requisito previo para las elecciones implica varios riesgos. Mejorar la gobernanza, la sostenibilidad de la deuda, la capacidad estatal y, en última instancia, reconstruir un país tras dos devastadores terremotos puede llevar décadas. Vincular las elecciones a esto último significa posponerlas indefinidamente. El académico estadounidense Thomas Carothers argumentó en 2007 contra la llamada « falacia de la secuenciación »: los autócratas no construyen el Estado de derecho que los limitaría. Un gobierno electo está mejor posicionado para crear esas condiciones, capaz de pedir a los ciudadanos sacrificios que un gobierno designado no puede exigir.
El eventual regreso de Machado a Venezuela transformaría una secuencia administrada en una disputa por el calendario electoral, aumentando el temor del régimen y el costo de tolerar una oposición liderada por una amplia mayoría del país. Esto amenaza la estabilización y la cooperación que Washington busca proteger. Para la estabilización, Machado podría representar un riesgo; para una transición democrática creíble, su participación es esencial.
Desbloquear el proceso
El régimen actual no se democratizará por conveniencia; solo lo hará cuando el costo de resistir supere el de ceder. Washington ya ha reducido el costo de tolerar al régimen —el reconocimiento, el diálogo y la inmunidad judicial— sin aumentar el costo de resistir. Ha ofrecido la zanahoria de la supervivencia sin el palo de un calendario electoral.
Tres factores podrían cambiar ese cálculo: las exigencias de la agenda de deuda externa, que normalmente hacen de la restauración institucional una condición previa para la financiación; la presión del Congreso estadounidense, que ya está debatiendo un calendario electoral; y el regreso de Machado.
En la Asamblea General de la ONU, Delcy Rodríguez pidió al mundo que observara los cambios en Venezuela. Vale la pena hacerlo, sin olvidar que una promesa y una reunión en Nueva York no generan legitimidad; un calendario con fechas concretas daría credibilidad al plan de tres fases de Trump/Rubio. Mientras eso no exista, el país solo cuenta con una estabilidad frágil y prestada, y todo préstamo tiene fecha de vencimiento.
