En Venezuela todavía no existe información pública suficiente para determinar con precisión cuánta de la ayuda anunciada para atender a las víctimas de los terremotos ocurridos hace tres meses ha sido recibida, cuánto se ha ejecutado y adónde llegaron los recursos destinados a los damnificados. Tampoco hay claridad sobre las cifras de fallecidos y desaparecidos.
Por: Luis de Jesús – El Nacional
La opacidad ha sido la regla tanto en los recursos provenientes del exterior como respecto a las decisiones tomadas por las autoridades venezolanas para enfrentar la emergencia y financiar la recuperación.
Transparencia Venezuela, una organización dedicada a promover la transparencia, la rendición de cuentas y la contraloría social, advierte que existen dificultades para seguir el recorrido de los fondos desde los donantes hasta los beneficiarios, y señala que el ocultamiento gubernamental impide contar con datos claros y confiables sobre las consecuencias del desastre.
“Por un lado, el sistema internacional de ayuda humanitaria no está diseñado para responder preguntas específicas sobre la trazabilidad de la asistencia comprometida por gobiernos, agencias de Naciones Unidas y organizaciones no gubernamentales. Y por otro, está intacta la opacidad gubernamental, que impide tener datos claros y confiables de las consecuencias del desastre en La Guaira y otras regiones afectadas”, indica.
Hasta el 25 de agosto, la ONG registró 1.344 millones de dólares en compromisos internacionales de ayuda con monto declarado —provenientes de 65 países y 72 organizaciones internacionales, 21 empresas y 10 individuos—. La cifra es casi el doble de los 694 millones registrados al 10 de julio.
Sin embargo, aclara que esa cantidad no equivale al dinero efectivamente recibido ni ejecutado.
Transparencia Venezuela señala que hay pocos mecanismos públicos para conocer qué parte de esos recursos llegó al país o quién los administra. Tampoco se puede conocer en qué se gastaron o qué cantidad terminó en manos de las comunidades afectadas por los terremotos de 7.2 y 7.5 del 24 de junio.
Estados Unidos, por ejemplo, había dispuesto hasta el 11 de septiembre 386 millones de dólares para la respuesta a los terremotos, mientras que el Financial Tracking Service de Naciones Unidas ofreció 330 millones de dólares en financiamiento humanitario relacionado con la emergencia.
Transparencia Venezuela, no obstante, advierte que ambas cifras pudieran solaparse, debido a que una parte importante de la asistencia estadounidense es canalizada a través de agencias de la ONU, como el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia, la Organización Internacional para las Migraciones y el Programa Mundial de Alimentos, que a su vez reportan esos recursos en sus propios registros.
Asimismo, la organización advierte que esa situación puede generar una contabilización incorrecta de los montos y dificulta determinar cuánto dinero se ha recibido y ejecutado efectivamente.
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Más de 40% de ayuda sin destino conocido
Uno de los principales problemas que plantea Transparencia Venezuela es que 44% de las 201 acciones de asistencia que registra —anunciadas por autoridades, organismos multilaterales, gobiernos extranjeros y empresas— hasta el 24 de agosto no especificaba hacia dónde se destinaría la ayuda.
En las medidas con estatus conocido, indica, también existen diferencias importantes entre lo anunciado y lo ejecutado. En el caso de viviendas, expone, se habían realizado 48 anuncios, pero solo 9 (19%) de las 47 medidas con información sobre su estado reportaban ejecución.
A esto se le suma que el gobierno interino de Delcy Rodríguez logró acceder en julio a 346 millones de dólares en Derechos Especiales de Giro del Fondo Monetario Internacional, que corresponden a recursos propios de Venezuela y no a una donación internacional.
Así lo recordó en X el abogado Mariano de Alba, especialista en Derecho Internacional.
“El gobierno de Delcy Rodríguez retiró la totalidad del tramo de reserva del país en el Fondo Monetario Internacional (346 millones de dólares) para apoyar la respuesta tras los terremotos. Hasta ahora no existe una rendición de cuentas pública sobre el destino del dinero, incluidos los proyectos y contratistas que recibieron fondos, y si se aplicaron mecanismos de control”, afirma.
En ese momento, Rodríguez había asegurado que los fondos permitirían “apoyar a las familias afectadas en vivienda, infraestructura, servicios públicos esenciales, entre otros requerimientos”.
Por otra parte, la CAF creó el 26 de junio un fondo de recuperación y reconstrucción con un aporte inicial de 1 millón de dólares, al que posteriormente se le sumó otro millón del Banco de Desarrollo del Caribe. Pero la página del fondo no publica un listado de donantes, montos individuales, programas financiados, contratos, proveedores ni el detalle de los gastos ejecutados.
El Programa Mundial de Alimentos, además, elevó de 50 a 80 millones de dólares su solicitud para atender a los afectados. Para el 23 de julio había asegurado 26,7 millones de dólares y, para agosto, reportaba haber atendido a 165.000 personas y distribuido un primer lote de váuchers por 940.000 dólares a 12.475 habitantes de Naiguatá, en La Guaira.
La Organización Panamericana de la Salud, por su parte, anunció 24 millones de dólares que, de acuerdo con la información que maneja de Transparencia Venezuela, continuaban registrados como anunciados aunque sin información pública suficiente sobre su ejecución.
