Hay tribunas que deberían imponer respeto. La de las Naciones Unidas está entre ellas: fue concebida para que los pueblos defiendan la paz, exijan justicia y recuerden que la dignidad humana no admite fronteras. Sin embargo, también ha servido de escenario para que los verdugos se vistan de inocentes, ajusten su corbata ante las cámaras y se conviertan en predicadores de una moral que jamás practicaron.
Imaginemos, un instante, a Adolf Hitler subiendo a aquella tribuna para pronunciar un discurso sobre los derechos humanos. Podría hablar con voz grave de las víctimas de los campos de concentración; invocar a Heinrich Himmler como experto en seguridad ciudadana, a Hermann Göring como consejero de convivencia democrática y a Adolf Eichmann como modelo de funcionario encargado de migración y transporte.
El salón guardaría silencio. Los traductores convertirían la infamia en seis idiomas. Los diplomáticos tomarían notas. Afuera, quizá, alguien repartiría flores blancas en memoria de los desaparecidos.
Pero la historia desmontaría la farsa. Himmler dirigió la maquinaria criminal de las SS; Göring participó en los preparativos de la llamada “solución final”; Eichmann organizó deportaciones masivas hacia la muerte. Juntos convirtieron la burocracia en instrumento de exterminio y dejaron una de las páginas más oscuras de la humanidad.
Sin embargo, las tribunas internacionales parecen tener una extraña tolerancia con los impostores. Muamar el Gadafi habló ante la Asamblea General en 2009, prolongó su intervención y transformó el recinto en una función personal. Años después, su régimen sería recordado por la represión, las cárceles y la persecución sistemática de quienes osaron disentir. El coronel de la carpa quiso dar lecciones de justicia mientras Libia vivía sometida al miedo.
Robert Mugabe también acudió a Nueva York para hablar de derechos humanos y denunciar las sanciones contra Zimbabue. La escena habría merecido una ovación de utilería: un gobernante señalado por persecuciones, violencia política, torturas y restricciones a las libertades públicas reclamando respeto para su pueblo. Las víctimas de Harare, Bulawayo y tantas aldeas olvidadas habrían podido responderle con la voz de los golpeados, los desplazados y los silenciados.
Nicolás Maduro ocupó esa misma tribuna el 26 de septiembre de 2018, presentado por las Naciones Unidas como presidente de Venezuela, mientras su legitimidad democrática era cuestionada dentro y fuera del país. Habló de paz, cooperación, diálogo y dignidad humana. Pero Venezuela ya padecía la destrucción de sus instituciones, la persecución política, la miseria de millones de familias y un éxodo histórico de compatriotas. En ese momento, el atril dejó de parecer una tribuna de las naciones: parecía un confesionario administrado por quienes cargaban el expediente de sus propias culpas.
Durante esa visita de Nicolás Maduro a Nueva York, en septiembre de 2018, un grupo de venezolanos nos congregamos frente a la sede de las Naciones Unidas para denunciar la tragedia que ya padecía nuestra patria. Entre nosotros estaba el inolvidable concejal Fernando Albán, dirigente de Primero Justicia, y se hizo presente la entonces embajadora de Estados Unidos ante la ONU, Nikki Haley, quien expresó su solidaridad con aquella protesta. Fernando Albán había viajado para llevar ante instancias vinculadas a Naciones Unidas el testimonio de la persecución, la crisis humanitaria y el sufrimiento de los venezolanos. Días después, al regresar a Caracas, fue detenido arbitrariamente por agentes del Sebin en el aeropuerto internacional Simón Bolivar, en Maiquetía. Murió el 8 de octubre de 2018 bajo custodia de ese organismo, en su sede de Plaza Venezuela (La Tumba). La Comisión Interamericana de Derechos Humanos ha concluido que Fernando Albán fue víctima de detención arbitraria, tortura y ejecución extrajudicial. Su ausencia sigue siendo una herida abierta y un recordatorio de lo que ocurre cuando una tiranía convierte sus calabozos en sepulcros de la disidencia.
Hace apenas unos días, la Misión Internacional Independiente de Determinación de los Hechos concluyó que existen motivos razonables para creer que autoridades y fuerzas de seguridad venezolanas continúan perpetrando violaciones que alcanzan la categoría de crímenes de lesa humanidad.
La ironía tiene límites; el cinismo, no. Los dictadores descubren la palabra “libertad” cuando necesitan una cámara. Recuerdan a los presos cuando buscan indulgencia. Hablan de soberanía cuando sus cuentas, sus negocios y sus alianzas los obligan a inclinar la cabeza ante intereses ajenos. El diablo, según la tradición, conoce las Escrituras. Por eso sus emisarios saben pronunciar con soltura palabras como democracia, justicia, paz, dignidad y derechos humanos. Las usan con la destreza de quien conoce perfectamente el valor de aquello que ha destruido.
Hugo Chávez conocía bien esa utilería. Un día insultaba a los prelados de la Iglesia católica venezolana; al siguiente, invocaba a Cristo, se envolvía en símbolos religiosos y se presentaba como intérprete de los pobres. Cambiaba de altar con la facilidad con que otros cambian de uniforme frente a las cámaras.
Su devoción tenía el ritmo de la conveniencia y la solemnidad de una escenografía. Cuando el poder se veía cercado, aparecían el Cristo en las manos, la súplica en los labios y la promesa de redención en la pantalla. Después regresaban los ataques, las amenazas y el culto a la personalidad. Aquella religión de ocasión servía para absolver al caudillo ante sus seguidores y para colocar una aureola sobre la cabeza de quien había convertido al Estado en instrumento de dominación.
Mientras las tribunas internacionales sigan abiertas a los impostores, el mundo deberá seguir contemplando la misma ceremonia de hipocresía: responsables del dolor de los pueblos convertidos en oradores de la humanidad.
Antonioledezma.net
