Por Omar Lugo en The Objective
Hay un dicho en francés que viene al caso para describir la situación actual de Venezuela: «L’heure entre chien et loup», la hora entre perro y lobo. Se refiere a esos instantes del ocaso o del amanecer cuando, en brumosos parajes del campo o en callejones de las ciudades, la luz se vuelve tenue y las siluetas se confunden.
«Es la ambigüedad lo que intriga», resume en una entrada Jonás, un bloguero perdido en el medio oeste de Estados Unidos y en las entrañas de Internet. «En ese instante entre el perro y el lobo, no podemos saber si estamos a salvo o en peligro. No podemos estar seguros de si nos engañan nuestros ojos, de si realmente sabemos lo que creemos saber», resume con precisión poética sobre esa frase de origen medieval.
Una serie de eventos concatenados en Venezuela (y en Estados Unidos) en los últimos días nos empujan a ese escenario donde el instinto puede ser el arma más efectiva y la defensa más sabia. A juzgar por ciertas evidencias, en efecto las cosas están cambiando un poco, camino a la silueta de perros amigables. Pero en cualquier momento esas mismas figuras pueden otra vez mostrar sus dientes amenazantes y mordernos en el cuello.
El odio y el fascismo como excusa
Delcy Rodríguez, la presidenta encargada del poder de Venezuela por obra y gracia de Donald Trump, ha dicho esta semana que pidió reformar una infame «Ley del Odio».
Este esperpento ha sido usado como arma arrojadiza del chavismo para cazar opositores políticos, disidentes, críticos, bromistas, desprevenidos adolescentes o iracundos vecinos hartos de los apagones, de las montañas de basura en su barrio o de los constantes cortes de agua.
Ha bastado un mensaje en un foro de WhatsApp, en X (antes Twitter), una pancarta o una consigna gritada en una marcha, para llevar a la cárcel a las personas acusadas de fomentar el odio y la intolerancia. Las penas de 20 años aplicadas por el dudoso sistema de justicia venezolano han sido desproporcionadas y bárbaras, superando en muchos casos las impuestas a asesinos y violadores.
Mientras esto sucedía, desde las tribunas del poder y sus medios de propaganda de radio y TV, funcionarios del gobierno y sus acólitos siguen gritando improperios, peligrosas calumnias, insultos personales, bajezas de intolerancia y hasta dictan órdenes de prisión contra los antichavistas. «Lamentablemente, fue mal aplicada, se hizo un uso abusivo de esa ley», dijo Delcy Rodríguez en un reciente discurso.
La Ley Constitucional contra el Odio salió de una ilegal Asamblea Constituyente creada por Nicolás Maduro en noviembre de 2017, en medio de una campaña represiva contra los miles de disidentes que ese año mantuvieron al chavismo en jaque durante cinco meses de protestas continuas en las calles de Venezuela.
El régimen chavista reprimió esas protestas a sangre y fuego, dejando más de 120 opositores asesinados en las calles. La mayoría de ellos eran jóvenes estudiantes universitarios abatidos con disparos certeros a la cabeza o al torso. Los ejecutores fueron bandas de civiles armados por el Gobierno, llamados «colectivos», además de soldados de la Guardia Nacional y policías, según denuncias documentadas de familiares de las víctimas y activistas por los derechos humanos. Estos casos están asentados en expedientes que cursan ante la Corte Penal Internacional, donde Maduro es procesado por crímenes de lesa humanidad.
Esa Asamblea Constituyente, que nunca redactó artículo alguno de una constitución, la creó Maduro en mayo de 2017, en un ejercicio de intolerancia para asumir poderes supremos y liquidar el cascarón que quedaba de la Asamblea Nacional (Congreso). El legislativo había quedado en manos de la oposición en las últimas elecciones medianamente libres de Venezuela, en diciembre de 2015, y sus funciones legislativas ya habían sido anuladas en un fujimorazo en cámara lenta por el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), el brazo judicial del chavismo.
Ahora, Delcy sorprende pidiendo en una carta a la Asamblea Nacional controlada por el chavismo y presidida por su hermano Jorge Rodríguez una reforma urgente de esa ley «para corregir desviaciones en su aplicación». «Esta reforma busca abrir nuevos espacios para el reencuentro entre los venezolanos y promover la tolerancia a la diversidad», remata la que fuera vicepresidenta de Maduro, ministra de Hidrocarburos, vicepresidenta de Economía, presidenta de la Constituyente y canciller del régimen que ahora ella aparece dispuesta a maquillar.
Recelo en el bosque
Esta semana, el cuestionado sistema judicial anuló los casos contra periodistas que eran juzgados en libertad tras meses y años de prisión.
El politólogo Benigno Alarcón observa que por estas horas también les han dado libertad plena a dos importantes coordinadores regionales del partido Vente, de María Corina Machado, y a la activista hispano-venezolana Rocío San Miguel, juzgada por supuestos delitos de terrorismo y conspiración con militares disidentes. Su causa aparentemente ha sido extinta. Pero siete oficiales han sido condenados a prisión por el mismo caso. «La decisión no es una simple excarcelación», señala Alarcón sobre San Miguel, declarada «libre de responsabilidad penal».
Hasta ahora, muchas «liberaciones» eran solo excarcelaciones condicionadas y les mantenían a los ex presos políticos expedientes abiertos, restricciones de movimiento y la amenaza constante de ser encarcelados de nuevo. «No concluiría que existe independencia judicial ni que el sistema represivo esté siendo desmontado», aclara Alarcón.
El chavismo, en medio de un diálogo con una parte de la oposición, ha accedido a reformar el Tribunal Supremo, con lo cual cedería una parte de su poder judicial. La ONG Foro Penal todavía cuenta 324 presos políticos en las mazmorras del país, y la mayoría de los más de mil que han sido excarcelados siguen con una pistola judicial apuntada a la cabeza.
Por estas horas resurgen incipientes protestas de jubilados y maestros, de militantes de partidos políticos y de enardecidos vecinos agobiados por los apagones en casi todo el país. Algunos sueñan con que esa podría ser la semilla de una mayor presión social a favor de soluciones a los problemas cotidianos, o incluso para que se fije la fecha de unas elecciones presidenciales que traigan verdaderos cambios profundos institucionales.
Un reciente informe de una misión de Naciones Unidas que investiga los desmanes del régimen chavista advierte que, pese a limitadas mejoras en la situación, «las instituciones estatales responsables de la represión, las graves violaciones de derechos humanos y los crímenes de lesa humanidad siguen intactas».
Los principales ministros y funcionarios que mantienen aceitada la maquinaria represiva siguen en el poder absoluto en Venezuela y su único contrapeso temporal y circunstancial viene de Washington. El politólogo Alarcón lanza una hipótesis: «el Gobierno puede cerrar selectivamente expedientes emblemáticos para generar credibilidad interna e internacional mientras conserva intacta la capacidad estructural de criminalización».
Activistas por los derechos civiles piden que se derogue la Ley del Odio, no una simple reforma, y exigen eliminar otros instrumentos creados para darle disfraz legalista a la represión. Algunos analistas temen que esta aparente apertura en cualquier momento pueda devolverse a una reversión autoritaria, a una jauría de lobos desatados. Otros apuestan a que haya más bien una transición a la democracia, con lo cual las sombras darían paso más bien a un tímido amanecer. Hoy ninguno de los dos escenarios está en manos del venezolano común, que ni derecho a votar tiene.
