Bárbara Gabriela César Siero, abogada y exmagistrada principal que ocupó la vicepresidencia de la Sala Político-Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) de Venezuela, rompió el silencio a través de una contundente declaración en video publicada en la plataforma YouTube. En el material audiovisual, la exfuncionaria relata de forma cronológica la persecución sistemática, el secuestro institucional y la extorsión judicial de la que fue víctima por parte de las altas esferas del poder en Venezuela, exponiendo la absoluta falta de independencia judicial en la nación caribeña.
De acuerdo con el testimonio de César Siero, la crisis familiar e institucional comenzó de manera abrupta el Friday, December 15, 2023, coincidiendo con la fecha límite para que los líderes políticos de la oposición interpusieran demandas contra sus inhabilitaciones en el marco de las garantías electorales del Acuerdo de Barbados. Ese mismo día, funcionarios de la Dirección General de Contrainteligencia Militar (DGCIM) detuvieron arbitrariamente a sus hermanos, el teniente coronel Guillermo Enrique César Siero y el mayor Guillermo Henry César Siero, junto a su cuñada, la mayor Diana de Siré Víctor Justo. La abogada sostiene que sus familiares fueron incomunicados, torturados y convertidos deliberadamente en rehenes políticos para doblegar su voluntad como magistrada.
Bajo una extrema coacción y temiendo por la vida de sus seres queridos, la exmagistrada confiesa que se vio obligada a actuar al margen de los procedimientos regulares del TSJ. El Friday, December 22, 2023, la hija y asistente del entonces presidente de la Sala Político-Administrativa se presentó de forma inusual en su despacho exigiéndole la rúbrica inmediata de fallos cruciales que impactarían el rumbo democrático del país. Entre estos documentos se encontraban las sentencias definitivas de inhabilitación de figuras clave de la oposición, como María Corina Machado y Henrique Capriles, así como la habilitación de otros aspirantes presidenciales, extractos que finalmente fueron publicados por el tribunal en January 2024.
La exfuncionaria califica la denominada «Operación Brazalete Blanco» —causa penal en la que se implicó a su familia y a otras figuras como la activista Rocío San Miguel— como un libreto completamente fabricado por el Estado venezolano con el único fin de criminalizar a voces disidentes y presionar al estamento judicial. César Siero describe que, tras negarse inicialmente a las exigencias del régimen, la nueva presidenta del TSJ la forzó a presentar su renuncia en contra de su voluntad mediante graves amenazas institucionales. Posteriormente, el hostigamiento escaló al ámbito patrimonial al ser egresada administrativamente del Poder Judicial el Tuesday, October 15, 2024, privándola de su derecho irrenunciable a la jubilación a pesar de acumular una impecable trayectoria en el organismo desde el año 2014.
El proceso judicial contra su familia estuvo marcado por flagrantes violaciones al debido proceso y al derecho a la defensa legal privada, la cual fue bloqueada sistemáticamente durante 965 días mediante la imposición de defensores públicos. El calvario judicial culminó el Thursday, October 1, 2026, cuando un tribunal con competencia en terrorismo en Caracas dictó sentencias condenatorias absolviéndolos de los cargos de traición a la patria y terrorismo, pero imponiendo una pena de 12 años de prisión a su hermano Guillermo Enrique por supuesta conspiración política, y 3 años de cárcel a su hermano Guillermo Henry y a su cuñada Diana por el delito de encubrimiento.
Al cierre de su declaración en el canal de YouTube, Bárbara César Siero responsabilizó directamente al Estado venezolano, a los cuerpos de inteligencia militar y a las máximas autoridades del TSJ y del Ministerio Público de cualquier represalia o atentado contra la integridad física y psicológica de su núcleo familiar. Asimismo, emitió un enérgico llamado de auxilio internacional a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), a la oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos y a la organización Human Rights Watch para que intervengan activamente en la protección de sus derechos y exijan la libertad plena de sus familiares.
