Después de leer la Constitución, conviene leer la convocatoria
Señora Figuera, señor Rodríguez:
¿Renovación del TSJ o discriminación de la diáspora?
Después de leer la Constitución, conviene leer la convocatoria
Dr. Simón P. Deffendini S., Ph.D. · Borrador 1 · 8 oct 2026
Señora Figuera, señor Rodríguez:
En agosto les sugerí leer la Constitución antes de renovar el Tribunal Supremo de Justicia. Hoy les sugiero una lectura más breve. La convocatoria.
La Constitución dice quién puede llegar a ser magistrado. La convocatoria decide, en la práctica, quién puede siquiera participar en escogerlo.
La distinción parece menor. No lo es.
El 2 de octubre, la Comisión Preliminar del Comité de Postulaciones Judiciales abrió la recepción de candidaturas de la sociedad civil. El plazo vence el 9. Según el cronograma, los doce nombres llegarán a la plenaria el 15 y el nuevo Comité se juramentará el 16.¹
Siete días para postularse. Seis para escoger. Uno para juramentar.
La invitación
La convocatoria llama a juristas, académicos y ciudadanos a ser protagonistas.
La invitación es para todos. La ventanilla, no.
Requisito por requisito
El lugar. La entrega es física, en la esquina de Pajarito, en Caracas. ¿Y el jurista de Maracaibo? ¿Y la profesora que enseña derecho internacional en Madrid? ¿Y el abogado que litiga en Bogotá, en Santiago, en Miami? ¿Quién recibe su carpeta?
El plazo. Siete días. ¿Cuántos tarda un pasaje? ¿Cuántos una apostilla? ¿Cuántos una traducción jurada?
El horario. De nueve de la mañana a cuatro de la tarde. Horario de oficina, para quien no puede dejar la suya.
La cédula. Se exige copia ampliada de la cédula de identidad. Pero la propia Cancillería ha explicado que la cédula solo la expide o renueva el SAIME dentro de Venezuela; los consulados tramitan pasaportes, no cédulas.² ¿Cómo presenta una cédula vigente el venezolano a quien se le venció en el exilio? La respuesta es sencilla. Regresando. El requisito deja de ser documental. Se vuelve geográfico.
Los títulos. Un título obtenido en Madrid se apostilla en Francia, se traduce cuando hace falta y luego se envía. Nada de eso cabe en una semana. La convocatoria dura siete días. La apostilla, no.
La carpeta. De fibra marrón, tamaño oficio, con gancho. Foliada. Firmada en cada página.
La pregunta se repite. ¿Qué mide la carpeta?
No mide la honorabilidad. No mide la competencia. No mide el prestigio. No mide la independencia. Mide otra cosa: quién estaba en Caracas esa semana.
Y la firma en cada folio abre una puerta incómoda. Un expediente impecable puede caer porque al folio diecisiete le faltó una rúbrica. La forma, entonces, deja de servir al fondo. Lo sustituye.
La nostalgia de Cadivi
Todo venezolano reconoce la escena. La cola. La carpeta. El folio sin firma. El «vuelva mañana».
Cadivi le enseñó al país que la carpeta no ordena el trámite. Lo raciona.
Es un método del siglo XX aplicado a una transición del siglo XXI. Se pretende renovar el Tribunal Supremo con la misma ventanilla con la que se racionaban los dólares.
Y ahí está la paradoja. El mismo país que llama a su diáspora a reconstruir las instituciones le exige, para empezar, una carpeta que se compra en una papelería de Caracas.
La suma
Ningún requisito, por sí solo, prohíbe a la diáspora. Todos juntos la dejan afuera.
Eso tiene nombre. Se llama discriminación indirecta. No hace falta prohibir cuando basta con dificultar.
No afirmo intención. Describo un efecto.
El presidente de la Comisión Preliminar ha dicho que el proceso debe ser público, transparente y apegado a la ley.³ Comparto la meta. Pero público no significa presencial y transparente no significa en papel.
El rostro
Dos venezolanos nacieron en Caracas el mismo año. Ambos son abogados. Veinte años de oficio. Buena reputación. Ninguna sanción.
Uno se quedó. El otro se fue cuando quedarse dejó de ser posible y construyó su carrera en la universidad o en los tribunales que lo recibieron.
Solo uno puede entregar la carpeta.
La diferencia entre ambos no es el mérito. No es la honorabilidad. No es la competencia. Es la geografía.
Casi ocho millones de venezolanos viven hoy fuera del país. En agosto escribí que Venezuela exportó juristas. Hoy les pide que regresen, en persona y con carpeta, para tener derecho a ayudar.
La puerta
Doce puestos para la sociedad civil. Once diputados para escogerlos. Ocho vinculados al PSUV y tres de la oposición parlamentaria.⁴
Mayoría civil en la salida. Control político, posiblemente unconstitutional, en la entrada.
En agosto recordé, con Brewer-Carías, que el artículo 270 ordena un Comité de «representantes de los diferentes sectores de la sociedad» y que los diputados no son sociedad civil. La Academia de Ciencias Políticas y Sociales ha advertido lo mismo.⁵ Ahora el problema aparece un paso antes. Los diputados no solo se sientan en el Comité. Deciden quién de la sociedad civil se sienta con ellos.
Y si además la ventanilla filtra por geografía, la sociedad civil que llega no es la que existe. Es la que pudo llegar.
Lo que no se publicó
¿Con qué criterios se evaluará a los postulados? ¿Con qué puntuación? ¿Se publicará la lista completa? ¿Recibirán los excluidos una motivación? ¿Cómo se valorará la experiencia obtenida fuera de Venezuela?
Desde la sociedad civil, Acceso a la Justicia ha propuesto una matriz técnica de idoneidad, independencia y representatividad.⁶ Una matriz se puede publicar. Una carpeta marrón, no.
El artículo 264 reconoce a los ciudadanos el derecho a objetar fundadamente a los postulados. No se puede objetar lo que no se conoce.
La salida cuesta menos que una enmienda
En agosto propuse dos caminos: reformar la ley y enmendar la Constitución. Aquello exige tiempo. Esto exige voluntad administrativa.
Primero, ampliar el plazo. Un calendario que admita los tiempos reales de una apostilla, una traducción y un envío. Seis días de evaluación no pueden valer más que la legitimidad del Comité que resulte.
Segundo, abrir los consulados. Que cada sede consular reciba la carpeta en persona, con acuse de recibo y la misma validez que la entrega en Caracas. El Estado que exige la carpeta puede también recibirla donde están sus ciudadanos.
Tercero, una vía sin papel. Carga de documentos en línea, firma electrónica, acuse automático y publicación de la lista de expedientes recibidos. Si el SAIME tramita citas por internet, la Asamblea puede recibir currículos por internet.
Cuarto, abrir la puerta a la doble nacionalidad, donde la Constitución lo permite. Aquí conviene distinguir, como en agosto.
Para integrar el Comité de Postulaciones, la convocatoria de abril pedía ser ciudadano venezolano.⁷ Si la actual exige además no poseer otra nacionalidad, esa exigencia no viene de la Constitución. Se corrige con una línea.
Para ser magistrado, en cambio, la exclusión la impone la propia Constitución, en los artículos 41 y 263. Allí la vía no es ignorar el texto. Es enmendarlo.
Lo que la Constitución prohíbe se enmienda. Lo que la convocatoria añade se corrige.
Señor Rodríguez, señora Figuera: por ahí habría que empezar.
Lo que depende de ustedes
Una transición se mide por las reglas que cambia, no por los nombres que reparte. También por las puertas que abre.
Una convocatoria que exige a sus exiliados volver a Caracas para poder participar ya decidió, sin decirlo, quién participa.
Venezuela pide a su diáspora remesas, inversiones, regreso, confianza. Antes de pedirle todo eso, podría empezar por recibirle una carpeta.
Esa decisión no está en el artículo 263, ni en el 264, ni en la convocatoria. Está, otra vez, en ustedes dos.
Dr. Simón P. Deffendini S., Ph.D.
