¿Quiénes ejecutaron las torturas y asesinatos bajo el régimen de Maduro?

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Vía El Pitazo

El expediente del Departamento de Justicia de Estados Unidos que incorpora nuevas acusaciones contra Nicolás Maduro y Cilia Flores por presuntamente conspirar para torturar a ciudadanos estadounidenses detenidos en Venezuela describe las funciones de tres supuestos colaboradores, las relaciones de mando entre ellos y su presunta participación en distintos crímenes, pero no revela sus nombres.

En una nueva edición de Punto y Contexto, César Batiz, director de El Pitazo, examina las pistas de la acusación para reconstruir las posibles identidades de estos tres personajes, identificados por los fiscales como CC-1, CC-2 y CC-3. El análisis plantea coincidencias con funcionarios del aparato de seguridad del chavismo, aunque advierte que ninguna de las identificaciones está confirmada por la Fiscalía.

La reconstrucción distingue tres perfiles: uno vinculado con presuntas operaciones de narcotráfico y la transmisión de órdenes de asesinato; otro descrito como un alto funcionario que habría desarrollado métodos de interrogatorio y tortura; y un tercero señalado como operador directo, con agentes de la Dirección General de Contrainteligencia Militar (Dgcim) bajo su mando.

La relación jerárquica constituye una de las principales pistas del expediente: CC-2 respondía directamente a Maduro, mientras que CC-3 recibía órdenes de CC-2.

Alexander Granko, el principal candidato para CC-3

Las coincidencias más específicas apuntan hacia Alexander Granko Arteaga como posible identidad de CC-3. Granko ha dirigido la unidad de Asuntos Especiales de la Dgcim bajo el mando de Iván Hernández Dala.

La Unión Europea lo ha señalado por ordenar, supervisar y participar en detenciones arbitrarias y torturas. Además, reportes públicos lo sitúan entre los funcionarios presentes en el operativo de El Junquito, en el que murió Óscar Pérez.

El análisis también identifica coincidencias entre los episodios descritos en la acusación estadounidense y señalamientos públicos relacionados con negocios de material ferroso. El expediente menciona a un empresario que habría sido obligado a entregar ese material y operaciones en las que presuntamente ocultaban drogas en chatarra. Reportes públicos han vinculado a Granko con negocios relacionados con ese tipo de material.

Otra pista se relaciona con las agresiones que habría sufrido un ciudadano estadounidense al que el informe identifica como probablemente Edgar Marval Moreno.

«¿Significa eso que CC-3 es Alexander Granko? No podemos afirmarlo. Existe incluso una diferencia importante. La acusación sostiene que CC-3 dirigió la operación que terminó con la muerte de Óscar Pérez. Las fuentes abiertas sitúan a Granko en El Junquito, pero no permiten demostrar que él haya sido quien comandó toda la operación. Por eso, la coincidencia es moderada-alta, pero no definitiva», expone Batiz.

Iván Hernández Dala, posible CC- 2

La hipótesis que vincula a Iván Hernández Dala con CC-2 se apoya en su trayectoria dentro del aparato de seguridad y en la relación jerárquica que mantuvo con Granko.

Los fiscales describen a CC-2 como un alto oficial militar que dirigía un organismo de seguridad, respondía directamente a Maduro y habría desarrollado métodos de interrogatorio y tortura.

Una de las pistas que examina Batiz es el Comando Antigolpe, anunciado por Maduro el 8 de enero de 2017, en medio de una nueva escalada del conflicto político. La estructura estuvo encabezada políticamente por el entonces vicepresidente Tareck El Aissami y reunió a figuras del aparato político, militar y de seguridad, entre ellas Diosdado Cabello, Vladimir Padrino López, Néstor Reverol, Gustavo González López e Iván Hernández Dala.

Hernández Dala dirigía la Dgcim desde enero de 2014 y posteriormente asumió también el comando de la Guardia de Honor Presidencial. Esas funciones le daban control sobre la contrainteligencia militar y acceso directo a Maduro, dos características que coinciden con el perfil descrito para CC-2.

«Hernández Dala reunía dos características fundamentales del perfil descrito por los fiscales: control sobre la contrainteligencia militar y acceso directo a Maduro. Pero hay otra coincidencia importante. Si la hipótesis de que CC-3 es Alexander Granko resulta correcta, ¿Quién era su superior? Iván Hernández Dala. Así, la cadena de mando descrita en la acusación —CC-2 bajo las órdenes de Maduro y CC-3 bajo las órdenes de CC-2— coincidiría con la relación jerárquica entre Hernández Dala y Granko», explica César Batiz.

No obstante, existe otro posible candidato: Gustavo González López, quien dirigía el Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin) y también formó parte del Comando Antigolpe. González López estaba al frente de ese organismo cuando murió Fernando Albán.

La principal diferencia entre ambos candidatos es la relación jerárquica con Granko. González López no era su superior orgánico dentro de la Dgcim, una contradicción que debilita esa hipótesis frente a la de Hernández Dala.

Dudas alrededor de Diosdado Cabello

La identificación de CC-1 presenta mayores dificultades. Una de las hipótesis apunta hacia Diosdado Cabello, debido a las coincidencias entre su trayectoria y varios episodios descritos en el expediente.

La acusación vincula a CC-1 con operaciones de narcotráfico relacionadas con las FARC, actuaciones de las fuerzas de seguridad, instrucciones a jueces y la transmisión de una orden de Maduro para matar al denominado Funcionario-4. Este último personaje coincide, con un grado de certeza mucho mayor dentro de la reconstrucción, con Óscar Pérez.

Otro elemento se remonta a 2022. Según la acusación, Maduro, Cilia Flores y CC-1 participaron ese año en una reunión relacionada con instrucciones a jueces. Para entonces, Cabello presidía la comisión creada para la denominada revolución judicial, mientras que Flores ocupaba la vicepresidencia de esa instancia.

Sin embargo, el hecho de que la Fiscalía no mencione a Cabello por su nombre constituye una de las principales contradicciones de esta hipótesis. Estados Unidos ya lo había acusado con nombre y apellido en otro expediente, y la nueva acusación sí identifica abiertamente a otras personas que aparecían en documentos judiciales anteriores.

«El propio informe considera que esta omisión es uno de los principales elementos que debilitan la hipótesis de que Cabello sea CC-1.La ausencia de su nombre también abre una interrogante política (…) ¿La Fiscalía omitió su nombre porque la administración Trump considera que lo tiene bajo control? No lo sabemos. No hay evidencias que permitan afirmar que la administración Trump haya dado instrucciones a los fiscales para ocultar la identidad de Cabello», expone Batiz.

¿Acuerdos de inmunidad?

La reconstrucción también examina un elemento reciente en las relaciones entre Caracas y Washington: la solicitud de inmunidad que hizo Delcy Rodríguez para ella.

«¿Delcy pidió protección solamente para ella? ¿Habrá solicitado algún tipo de garantía para otros integrantes del chavismo? ¿Diosdado Cabello? ¿Altos funcionarios militares o de inteligencia? Y, si existe alguna negociación de ese tipo, ¿tendrá alguna relación con la decisión de no identificar por nombre a CC-1, CC-2 y CC-3? Repito: no tenemos evidencia que permita afirmar que eso ocurrió. La acusación tampoco lo dice», dijo Batiz.

La pregunta que queda abierta es por qué los fiscales describieron con tanto detalle las funciones y las relaciones de mando de estos tres personajes sin identificarlos por sus nombres.

«¿Quiénes son los cómplices de tortura y quién, si alguien, está negociando para protegerlos?», se pregunta el director de El Pitazo.

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