Venezuela necesita recuperar el acceso al financiamiento internacional y atender las deudas legítimas que estén debidamente sustentadas. El desafío consiste en hacerlo sin comprometer los recursos indispensables para reconstruir la economía, restablecer los servicios públicos y garantizar la inversión en los sectores productivos y el gasto social.
Una reestructuración puede aliviar obligaciones vencidas, pero también puede trasladar al futuro compromisos que el país no esté en condiciones de cumplir.
El riesgo de un acuerdo prematuro
El escenario más preocupante sería alcanzar un acuerdo antes de que la recuperación económica se consolide o pueda proyectarse con fundamento en escenarios realistas.
Un canje podría sustentarse en estimaciones poco objetivas sobre las necesidades de financiamiento, tanto cubiertas como previstas, para mantener el crecimiento de los sectores productivos. Si esas proyecciones sobrestiman el margen fiscal disponible, podrían reducir los recursos destinados al gasto social.
Además, podría provocar un nuevo impago a mediano plazo si se sustenta en:
• Proyecciones muy optimistas sobre los ingresos petroleros;
• Reclamaciones sobreestimadas, no conciliadas o carentes de respaldo documental y auditoría;
• contratos cuyas condiciones se desconocen; o
• consecuencias fiscales que no hayan sido evaluadas con criterios razonables y sobre una base institucional creíble.
La sostenibilidad depende de los recursos efectivamente disponibles y de las instituciones capaces de supervisar su uso.
El costo de comprometer divisas en medio del deterioro económico
En 1999, según publicaciones del Banco Mundial, el servicio total de la deuda externa equivalía al 21,3 % de las exportaciones y alcanzó el 69 % en 2016. Estas cifras obligan a preguntarse qué importaciones, inversiones y servicios se sacrificaron para mantener esos pagos.1 Ese costo se vio en hospitales sin insumos y despensas vacías.
En junio de 2018, la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos documentó el colapso sanitario y la escasez crítica de alimentos, y señaló la corrupción asociada al acceso preferencial a divisas entre las causas de la crisis.2
Las divisas petroleras no se convierten automáticamente en bienestar. Importa quién decide su destino y qué controles impiden su desvío cuando ya pesan compromisos sobre ellas.
Recursos esenciales que se deben preservar
Si se priorizan los pagos a los acreedores y el cumplimiento del calendario de deuda, las necesidades sociales podrían quedar nuevamente relegadas, como ya ha ocurrido en el pasado.
ENCOVI 2025 estimó que el 68,5 % de los hogares vivía en pobreza de ingresos y el 31,7 % en pobreza extrema.3 El 98 % accedía a la red eléctrica pública, pero apenas el 10 % reportaba que el servicio nunca se interrumpía; el 39 % sufría cortes diarios durante varias horas y otro 35 %, interrupciones de varias horas alguna vez por semana.3
La misma encuesta estimó que 1,2 millones de niños, niñas y adolescentes estaban fuera del sistema educativo y que el 44 % de la población escolarizada asistía irregularmente a clases.3
UNICEF registró desnutrición aguda en el 11 % de los niños de 6 a 59 meses evaluados mediante sus programas entre enero y octubre de 2025. Para su planificación humanitaria de 2026, el organismo estimó que 1,3 millones de personas necesitaban asistencia nutricional.4
El salario mínimo legal permanecía en 130 bolívares mensuales, sin ajuste desde marzo de 2022. A la tasa de 871,36 bolívares por dólar publicada por Bloomberg Línea a comienzos de octubre de 2026, equivalía a unos quince centavos de dólar al mes. Esa cifra corresponde al salario mínimo legal, no al ingreso promedio ni a los pagos que incluyen bonos.5
La capacidad para atender la deuda reestructurada debe calcularse con un horizonte de planificación que favorezca el crecimiento económico y preserve un margen fiscal suficiente para financiar la salud, la educación y la protección social de los sectores más vulnerables.
Fragilidad macroeconómica y déficits estructurales
El Fondo Monetario Internacional proyecta para Venezuela un crecimiento del PIB real del 4,0 % en 2026 y una inflación promedio anual del 387,4 %.
El BCV informó de un crecimiento del 8,66 % en 2025, pero publica sus indicadores de forma irregular, lo que dificulta contrastar sus cifras.
Continua la divergencia estadística. Entre enero y septiembre de 2026, los precios acumularon un aumento del 225,3 %, según datos del BCV recogidos por Bloomberg Línea y la agencia internacional de energía (AIE) reporto una producción de crudo de 1.16 millones de barriles diarios en agosto de 2026.
El tipo de cambio aumentó un 193% en lo que va de 2026 hasta el 09 de octubre, la tasa pasó de 298,14 a 875,65 bolívares por dólar, y si se calcula la variación interanual de octubre de 2025 al 2026 estamos hablando de 357,58%.
El petróleo y los recursos realmente disponibles
El resumen ejecutivo de «Bring On the Restructuring», de Morgan Stanley, fechado el 6 de octubre de 2026, sitúa una posible reestructuración de la República y de PDVSA pronto, hacía junio de 2027 o antes, con Estados Unidos en el centro del proceso y un FMI limitado a la asistencia técnica.6
Su escenario central contempla una producción de 2,3 millones de barriles diarios a finales de 2030. Tomando como referencia una producción de aproximadamente 1,2 millones de barriles diarios, alcanzar ese nivel exigiría incorporar cerca de 1,1 millones de barriles diarios en unos cuatro años. El escenario adverso se sitúa en 1,5 millones. La diferencia de 800.000 barriles diarios entre ambos cambia sustancialmente los ingresos que podrían sostener los pagos.
El mismo resumen advierte que una reestructuración basada en proyecciones excesivamente optimistas de producción e ingresos puede imponer un servicio de deuda que reduzca los recursos destinados al gasto social, la infraestructura y los servicios públicos.6
La producción de esos barriles adicionales exige una inversión previa antes de comenzar a generar ingresos.
Rystad Energy estima que alcanzar 3 millones de barriles diarios hacia 2040 requeriría unos 183.000 millones de dólares entre 2026 y 2040, de los cuales 102.000 millones irían a exploración y producción y
81.000 millones a infraestructura. Durante los primeros dos o tres años sería necesario comprometer entre 30.000 y 35.000 millones de capital internacional. Es una necesidad de inversión, todavía sin financiamiento asegurado.8
Primero hay que pagar equipos, diluyentes, electricidad e importaciones; sin eso no podrán llegar los barriles adicionales.
Francisco Monaldi aborda esta misma cuestión en «Unpacking Venezuela’s Opaque Oil Deal», al analizar el acuerdo petrolero anunciado a finales de agosto. Ante la previsión de invertir 100.000 millones de dólares durante 25 años, plantea una pregunta esencial: ¿de dónde provendrá el financiamiento?9
Saber quién aportará esos recursos y en qué condiciones es decisivo para evaluar la viabilidad del acuerdo, especialmente cuando aún se desconocen los detalles de la contratación.
En las condiciones actuales se cuestiona la posibilidad real de que ese nivel de inversiones llegue al sector petrolero. Esa carencia afecta directamente a la sostenibilidad de la deuda.
Las advertencias de ConocoPhillips apuntan tanto al horizonte temporal de la recuperación como a las condiciones necesarias para atraer inversión. En octubre, su economista jefe, Helen Currie, señaló que recuperar la industria podría requerir al menos una década y decenas de miles de millones de dólares, siempre que existan condiciones fiscales estables y transparentes.10
Un aumento de la producción no garantiza un incremento proporcional de los ingresos presupuestarios. Para estimar los recursos netos deben descontarse los costos operativos, las inversiones, los compromisos de entrega, los anticipos, las garantías y los derechos de terceros, y examinar las condiciones contractuales pactadas en cada convenio.
Otras advertencias relevantes:
El Peterson Institute for International Economics ha advertido que algunos acreedores con acceso directo a ingresos de exportación podrían permanecer fuera de la reestructuración. Esos pagos reducirían los recursos disponibles para quienes participen en ella y para las necesidades del país.11
Los acuerdos petroleros vinculados a NABEP, las operaciones de oro con Trafigura y los acuerdos sobre el aluminio deben examinarse también por sus efectos sobre las finanzas públicas. No basta con anunciar inversión o exportaciones. Deben conocerse las contraprestaciones, los plazos, los derechos sobre la producción y el ingreso neto que conservaría la República.
Las solicitudes de información del senador Ron Wyden sobre el acuerdo de oro con Trafigura ilustran esa necesidad de transparencia y legalidad.12
En el aluminio, Bloomberg informó en septiembre sobre un acuerdo de suministro de
Venalum con Mercuria y Heeney Capital, así como sobre conversaciones para gestionar la fundición.13 Para evaluar sus efectos económicos, hace falta establecer qué ingresos futuros quedarían comprometidos y qué recursos conservaría el país para la recuperación.
El cuidado con los canjes de deuda por activos
La cautela debe ser mayor cuando se plantea canjear deuda por activos públicos o por derechos de explotación de recursos naturales. Steven Kargman, en «Venezuela 2.0», propone someter esos derechos a una valoración rigurosa por expertos independientes para evitar que se transfieran a precios demasiado bajos.14
Esta advertencia resulta especialmente pertinente en una economía en crisis, donde las condiciones adversas pueden deprimir la valoración de activos con capacidad para generar ingresos durante décadas.
Para la República, incluso una quita del 50 % o más sobre el valor nominal, presentada como un éxito, podría generar un alivio inferior al valor del patrimonio y de los ingresos futuros cedidos. Por ello, el beneficio para Venezuela debe evaluarse comparando el alivio efectivo de la deuda con el valor económico de los activos, derechos e ingresos que entrega a cambio.
La operación anunciada entre GeoPark y el Grupo Gilinski sobre el bloque Bare muestra cómo los derechos contractuales vinculados a recursos venezolanos pueden transformarse en valor accionario privado.
Según el comunicado corporativo de GeoPark de septiembre, la compañía adquiriría el 95 % de la sociedad titular de esos derechos a cambio de 42,1 millones de acciones, valoradas en 12,22 dólares cada una. La contraprestación inicial ascendería así a aproximadamente 515 millones de dólares.15
Aunque se trata de una transacción societaria y no de un canje de deuda soberana, resulta relevante para analizar cómo se valoran y transfieren derechos vinculados al patrimonio nacional, así como sus posibles efectos desfavorables para el país.
Para examinar el interés público hace falta poder contrastar todos y cada uno de los contratos, los criterios de adjudicación y las contraprestaciones que recibiría el país. Según lo anunciado, son 61 acuerdos firmados y 44 en negociación, 105 si se concretan estos últimos.16
Estos antecedentes importan también para la reestructuración. Antes de comprometer activos o ingresos futuros a cambio de alivio de deuda, deben conocerse las valoraciones, los beneficiarios y las obligaciones de cada parte, incluyendo el origen de los fondos.
El examen debe establecer cuánto se reduce la deuda y qué ingresos, derechos u oportunidades de crecimiento se ceden a cambio. Sin esa comparación, una quita aparentemente favorable podría resultar costosa para la reconstrucción.
Verificar antes de comprometer
La incertidumbre alcanza también al saldo de la deuda. Antes de calcular una quita o fijar un calendario de pagos, deben conciliarse capital, intereses, garantías, laudos y sentencias, y auditarse el origen y el respaldo de las acreencias.
Esa revisión debe identificar posibles duplicidades, sobreprecios, cobros indebidos, irregularidades contractuales y obligaciones derivadas de contratos cuya contraprestación no haya sido verificada, incluidos bienes no entregados, servicios no prestados u obras no ejecutadas.
Sin esa comprobación, tales vicios pueden permanecer ocultos e incorporarse al monto reconocido. Una reducción porcentual sobre una deuda insuficientemente verificada puede ofrecer una apariencia de alivio y consolidar obligaciones que no debieron admitirse en esos términos.
Las proyecciones basadas en los cálculos anunciados anticipan ese escenario. Una deuda equivalente a unas 2,4 veces el PIB del país resulta impagable y, por tanto, debe someterse a un proceso riguroso de depuración y auditoría forense.17
La trazabilidad puede convertirse en un requisito de liquidez
Desde el 5 de agosto de 2025, Venezuela figura en la lista europea de terceros países de alto riesgo en materia de blanqueo de capitales y financiación del terrorismo.18
Las entidades sujetas al régimen europeo deben aplicar diligencia reforzada cuando la relación u operación esté comprendida en el supuesto legal. Existen al menos tres emisiones de la República, los bonos con vencimiento en 2019, 2024 y 2026, que contemplaban expresamente la entrega de títulos en cuentas de DTC, Euroclear o Clearstream Luxemburgo.19
Además, la sentencia británica Illiquidx Limited contra Altana Wealth Limited y otros, de 13 de febrero de 2025, señala que, en el contexto examinado de 2019, 38 bonos soberanos venezolanos y de PDVSA podían adquirirse y liquidarse a través de Euroclear. Estos antecedentes documentan el acceso a canales europeos de liquidación, aunque no acreditan que todas las operaciones se realizaran por esa vía.20
Esos controles requieren información adicional sobre clientes, beneficiarios finales y procedencia de los fondos.18 Esto no equivale a una prohibición general de canjear deuda venezolana, pero sí introduce exigencias documentales que deben considerarse al preparar la operación.
Un acuerdo puede obtener adhesiones y encontrar después dificultades para ejecutarse si los intermediarios no pueden completar los controles exigibles. La buena fe alegada por un tenedor no sustituye las obligaciones propias de su banco o custodio. La información insuficiente puede convertirse en un riesgo de ejecución y afectar la confianza en el canje.
Los antecedentes judiciales justifican revisar esa información con rigor. Alejandro Andrade admitió un mecanismo de sobornos relacionado con la selección de casas de bolsa para operaciones cambiarias sobre ingresos obtenidos mediante ventas de bonos. Las convocatorias del BCV muestran, además, que ocho emisiones de la República contemplaban pagos en bolívares a la tasa oficial y que algunas instrucciones permitían entregar títulos en cuentas de DTC, Euroclear o Clearstream Luxemburgo.21, 19
A ello se suma la condena de Claudia Díaz Guillén por lavado de dinero en un esquema de sobornos vinculado a la compra de bonos del Tesoro. Durante su gestión se emitieron cuatro nuevas series: dos de la República y dos de PDVSA.
Esos documentos no prueban que las 12 emisiones sean ilícitas ni permiten atribuir responsabilidad a todos sus tenedores. Muestran por qué hace falta reconstruir operaciones, adjudicaciones y cadenas de titularidad.
El doctor Emilio Urbina Mendoza advierte del riesgo de lavado por sustitución, en el que fondos de origen ilícito adquieren bonos depreciados que el canje convalida y transforma en nuevas obligaciones con apariencia de legitimidad. El canje no sanea su origen ni extingue responsabilidades. Sin una auditoría forense previa y la evaluación jurídica de sus hallazgos, la reestructuración podría consolidar beneficios del saqueo y trasladar su coste a los venezolanos.22
Una auditoría forense independiente debe distinguir las reclamaciones legítimas de aquellas que requieran aclaración, con pruebas y respeto al debido proceso, como lo he venido reiterando en mi serie de Pilar Cero.
El costo de volver a los mercados frente a una operación fallida
Argentina ofrece una advertencia sobre el tiempo y el costo de recuperar el acceso a los mercados. Tras el impago de 2001 y los canjes de 2005 y 2010, los litigios pendientes prolongaron el conflicto. En abril de 2016 emitió 16.500 millones de dólares en bonos para regresar al mercado internacional y anunció que destinaría 9.300 millones de dólares a pagar a acreedores que no habían aceptado los canjes. Recuperar el acceso a los mercados no implicó disponer de la totalidad de recursos para financiar inversiones.23
Un programa que permita cumplir
Venezuela necesita, por tanto, un programa que coordine estabilización, inversión, protección social y deuda. La asistencia técnica limitada que actualmente anunció el FMI puede contribuir a reconstruir las estadísticas y fortalecer las capacidades públicas, pero no equivale a un programa de financiamiento ni demuestra, por sí sola, la sostenibilidad de un acuerdo.6
Las proyecciones deben sustentarse en un programa integral que incluya financiamiento y ofrezca mayores garantías para una recuperación efectiva. Por ello, considero conveniente explorar un acuerdo en el marco del Servicio Ampliado del FMI (SAF), adaptado a las circunstancias venezolanas.
Este instrumento atiende problemas de balanza de pagos asociados a debilidades estructurales y ofrece financiamiento por tramos, sujeto al cumplimiento de condiciones y a revisiones periódicas. Su eventual aprobación requeriría una evaluación del Fondo y un programa acordado con las autoridades; no puede darse por asegurada ni confundirse con los contactos de asistencia técnica.24
Un programa de esa naturaleza permitiría vincular la reestructuración con objetivos verificables de recuperación económica, fortalecimiento institucional y protección social.
El financiamiento y el seguimiento podrían contribuir a sostener la transición mientras se recuperan los ingresos. La auditoría de las reclamaciones propuesta por Pilar Cero complementaría ese trabajo, aportando respaldo documental al saldo de las obligaciones. El propósito es que los pagos descansen en una capacidad real de cumplimiento y preserven recursos para los servicios esenciales.
Quién defiende los intereses de la nación
La pregunta pendiente es quién defiende los intereses de la nación en la mesa de negociación. La representación del país debe sustentarse en un mandato legítimo, rendición de cuentas y controles independientes. Después de veintisiete años de deterioro económico e institucional, la continuidad de actores vinculados a las decisiones de ese período exige esclarecer sus responsabilidades y ofrecer garantías que permitan recuperar la confianza pública.
Quienes negocian compromisos de largo plazo deben explicar a quién representan, qué límites tiene su mandato y ante quién responden. También importa quién puede examinar y controlar los compromisos.
Reuters informó en mayo que la selección de Centerview Partners se realizó sin un proceso competitivo formal, según personas conocedoras de la contratación. Esa información refuerza la necesidad de divulgar los criterios de selección, el mandato y las salvaguardas frente a conflictos de interés.25
Hogan Lovells, que asesoró a PDVSA y que, según su registro ante el Departamento de Justicia de Estados Unidos de junio de 2026, asesora ahora a la República en la reestructuración de la deuda, sostuvo que los bonos 2020 y la garantía sobre el 50,1 % de las acciones de CITGO Holding no requerían aprobación de la Asamblea Nacional. El posterior reconocimiento judicial de la validez de los bonos reforzó el riesgo de ejecución de esa garantía y de pérdida del control venezolano sobre Citgo.26, 27
Una hoja de ruta institucional adquiere credibilidad cuando permite exigir documentos, supervisar la negociación y corregir decisiones, con respeto a los controles constitucionales aplicables. Sin esas garantías, la sucesión de acuerdos sobre activos estratégicos puede alimentar la percepción de una rebatiña del patrimonio público y debilitar la confianza que la reconstrucción necesita.
Preparar la reestructuración y reconstruir la economía pueden avanzar juntas. El riesgo aparece cuando se fijan pagos vinculantes antes de esclarecer las obligaciones, los ingresos disponibles y las condiciones necesarias para generarlos.
La medida de un acuerdo sostenible será que permita atender las deudas legítimas y deje al país recursos suficientes para reconstruirse. Si los nuevos compromisos absorben esos recursos sin una evaluación independiente de sostenibilidad y controles institucionales efectivos, el costo recaerá sobre los venezolanos durante los años en que más los necesitan.
Mi opinión profesional es que, sin apoyo financiero del FMI, con una gobernanza tan débil y sin la inversión necesaria, será difícil que Venezuela pueda sostener la recuperación petrolera requerida para pagar la deuda reestructurada.
Por eso considero más probable el escenario adverso de Morgan Stanley, y mi conclusión coincide con la advertencia de ese resumen sobre el riesgo de reestructurar con supuestos demasiado optimistas de producción e ingresos.6 Además, según el calendario planteado, se asumirían esos compromisos antes de la convocatoria a elecciones.
Una negociación apresurada dejaría todas esas incertidumbres dentro del acuerdo. De ahí que considere muy probable que una reestructuración precipitada fracase, aunque se presente ante la opinión pública como un éxito propagandístico.
El riesgo aumenta cuando el calendario responde a intereses que no se explican públicamente. También crece cuando participan en la negociación, de uno u otro lado, quienes intervinieron en las decisiones que condujeron al país hasta esta situación o quienes pretenden aprovechar una intervención para apropiarse de la mayor cantidad posible de activos, sin considerar el bienestar de los venezolanos.
Un acuerdo así puede firmarse pronto, pero difícilmente resistirá la primera revisión independiente de su origen.
La transparencia y la restitución democrática son también una deuda con quienes dieron la vida, sufrieron prisión o tortura y tuvieron que marcharse.
Las generaciones futuras no deberían heredar obligaciones cuyo pago dependa de proyecciones optimistas formuladas en beneficio de unos pocos. No podemos pedirles otra vez que soporten compromisos cuyo origen y sostenibilidad no han sido esclarecidos.
Defender los intereses de Venezuela incomoda a varios grupos. Unos priorizan el rendimiento de títulos adquiridos por una fracción de su valor y esperan multiplicar sus ganancias mediante el canje, mientras otros podrían utilizarlo para legitimar acreencias de origen opaco.
A ello se suma un gobierno carente de legitimidad democrática, dispuesto a atender las exigencias de actores que, pese a presentarse como parte de la lucha contra el narcotráfico, promovieron reformas legales acordes con sus propios intereses que no se han reflejado en el bienestar de los venezolanos.
Venezuela merece que la legitimidad democrática y la voluntad ciudadana vuelvan a ocupar el lugar central en las decisiones que definirán su futuro, que no puede subordinarse a la rentabilidad de determinados títulos, a la opacidad de ciertos capitales ni a la conveniencia de quienes ejercen el poder.
Sería importante conocer la posición del equipo de María Corina Machado sobre una reestructuración que compromete el patrimonio y el futuro del país. Los académicos solo podemos aportar nuestro limitado análisis y nuestra opinión, basados en nuestros conocimientos, convicciones y conciencia.
En definitiva, serán ellos quienes tendrán que tomar estas decisiones y afrontar sus consecuencias, en un país que clama por un cambio y deposita en ellos sus esperanzas.
Rosana Sosa García
